Mi artículo en defensa de la llamada del Presidente Montilla a la movilización popular en contra del dictamen del Tribunal Constitucional originó (como era predecible) una amplia respuesta de muchas voces, bastantes de ellas procedentes de los establishments mediáticos y políticos de Madrid, incluyendo algunas voces socialistas del PSM-PSOE. Gran número de tales voces reflejaron […]
Mi artículo en defensa de la llamada del Presidente Montilla a la movilización popular en contra del dictamen del Tribunal Constitucional originó (como era predecible) una amplia respuesta de muchas voces, bastantes de ellas procedentes de los establishments mediáticos y políticos de Madrid, incluyendo algunas voces socialistas del PSM-PSOE. Gran número de tales voces reflejaron un escaso conocimiento de Cataluña, y por lo tanto de España, que por desgracia es bastante común entre amplios sectores de tales establishments (sean del color político que sean) aún cuando, en general, son las derechas las que reproducen este desconocimiento de una manera más acentuada.
Uno de los mayores errores es considerar el catalanismo (la defensa de Cataluña como nación) como una invención de la burguesía catalana, y de un sector de las izquierdas, que desean recuperar una identidad cultural negada durante la dictadura. Tal observación parece desconocer que durante aquel periodo, enormemente represivo, fueron las izquierdas las que lideraron la lucha por la identidad catalana, no las derechas, siendo la burguesía la que colaboró más con el fascismo. Era esta burguesía la que hablaba castellano, dejando que fueran los sirvientes y lo que llamaban «clases bajas» los que hablaran en catalán. El castellano fue impuesto por la dictadura en Cataluña, con el apoyo de la burguesía.
En la manifestación del pasado 10 de Julio, la que lideraba la mayor concentración de personas que haya ocurrido en la historia de Catalunya fue una bandera catalana, llevada por treinta sindicalistas, siendo los dos sindicatos de clase mayoritarios en Cataluña (CCOO y UGT) los encargados de llevar el servicio del orden de la manifestación. Y todos los sindicatos y partidos de izquierda fueron parte del liderazgo de tal movilización, siendo un socialista, el Presidente Montilla, el que lideró el componente institucional de la manifestación.
El segundo error que hacen aquellos amplios sectores de los establishments políticos y mediáticos madrileños es ver al catalanismo como idéntico al separatismo, o como un paso previo a la separación de Cataluña del resto de España. Las derechas españolas hacen este supuesto constantemente. Y una de las voces del PSM-PSOE hacía lo mismo cuando alertaba de esta posibilidad, haciendo referencia a hechos de los años treinta del siglo pasado. Pero se ignora que el siglo XXI es muy distinto a la primera mitad del siglo XX. El independentismo (una opción totalmente legítima, y cuya dimensión política de izquierda, ERC, es parte del gobierno tripartito catalán, y cuyos votos en el Parlament y en las Cortes Españolas han sido claves para facilitar políticas de izquierda) es hoy minoritario en Cataluña, y fue también minoritario en la manifestación del 10 de julio, por mucho que varios medios en Madrid lo presentaran como una manifestación independentista. En tal manifestación hubo muchas más banderas catalanas que banderas esteladas independentistas. La demanda del reconocimiento de Cataluña reflejado en el Estatut es mayoritaria en las instituciones políticas, sociales y civiles progresistas en Cataluña. El independentismo, sin embargo, está creciendo, resultado, en gran parte, de la hostilidad por parte de las derechas y la incomprensión por parte de amplios sectores de las izquierdas jacobinas que se olvidan del pasado federalista de sus antecesores.
Un tercer hecho que es también importante de constatar, es que la cultura política catalana es muy distinta a la cultura madrileña y castellana. El mayor adversario político de las izquierdas en Cataluña es la derecha catalana, CiU. En Madrid es el PP, una derecha enraizada en la dictadura que todavía tiene un enorme poder y gobierna en Madrid, tanto en la ciudad como en la Comunidad Autónoma y que marca constantemente el territorio político en Madrid, y también, por desgracia, en España. La derecha española es una derecha reaccionaria, homologable a la ultraderecha europea, como lo muestra su apoyo al enjuiciamiento de Garzón por el Tribunal Supremo a propuesta del partido fascista, la Falange, situación definida como bochornosa por la mayoría de medios cercanos a las derechas europeas. En realidad, en mi entorno universitario hay muchas personas de izquierdas catalanas que se han convertido en independentistas porque no desean pertenecer a un país -España- donde la derecha hegemónica es tan reaccionaria y portadora de tantos valores pre constitucionales. Y por desgracia, el debate ideológico y político en España se realiza en muchas ocasiones en el terreno marcado por las derechas.
Es agotador y llega a un hartazgo, tener que rebatir siempre a las derechas castellanas que, en defensa de un centralismo madrileño recurren siempre a «la unidad indisoluble de España», slogan utilizado por los fascistas en el golpe militar del 1936 para defender privilegios de clase. Esta expresión produce un enorme rechazo entre las izquierdas catalanas, y también entre las derechas democráticas. Tal slogan fue el que se utilizó por los golpistas para reprimir brutalmente en Cataluña la expresión de su identidad. De ahí que la inclusión de la famosa llamada a la indisoluble unidad de España en el dictamen del TC (nada menos que doce veces en su dictamen) para justificar su decisión de subrayar (lo cual ya se había acordado y pactado en el Estatut y aprobado por las Cortes) que Cataluña no era una nación desde el punto de vista jurídico molestó a muchos sectores de la población catalana. Esta y muchas otras medidas eran una ofensa a Cataluña y a cualquier español con conciencia democrática. Era, como bien dijo el presidente Montilla, poner el dedo en la herida para reavivarla. Y no tengo ninguna duda de que éste fue el objetivo de un gran número de miembros del TC, en respuesta a las críticas que les había hecho el President Montilla, durante estos cuatro años, por su insensibilidad, arrogancia y descrédito. Tal como dijo el President, «La sentencia está llena de ofensas gratuitas que no tienen efectos jurídicos, pero sí el efecto de tocar las narices». La mayoría de catalanes (61%) están de acuerdo con esta lectura del dictamen del TC, respondiendo afirmativamente a la pregunta «¿Está de acuerdo con que la sentencia del Tribunal Constitucional representa un agravio para Cataluña como afirman todos los partidos políticos catalanes excepto el PP?».
Lo cual me lleva a la última reflexión referente a la supuesta falta de apoyo popular al Estatut en Cataluña, percibiéndose su defensa como un tema exclusivo de las élites políticas, pero de escaso interés para las clases populares. Aquellos que lo perciben de esta manera citan encuestas que señalan que el Estatut no parezca ser un tema prioritario, comparado con otros temas tales como el desempleo y la crisis económica. Me parece totalmente lógico que así sea. Pero las mismas encuestas muestran gran interés entre las mismas clases populares sobre los recursos y la extensión de sus servicios públicos o el idioma de sus escuelas, todos ellos definidos en el Estatut. Escribir (como han llegado a hacerlo algunas voces socialistas madrileñas), o mostrar en la televisión (como hizo TVE -en su programa Informe Semanal- sobre la manifestación del 10 de julio en el que mostraba a una persona en un mercado -presentada como una voz representativa de las clases populares- desmereciendo la importancia del Estatut, es asumir una escasísima representatividad de las instituciones públicas, cívicas y sociales de Cataluña, que es profundamente ofensiva a las instituciones catalanas. TVE, por cierto, fue abucheada extensamente en la manifestación, lo cual fue interpretado erróneamente por más de un tertuliano en los medios madrileños como un silbido antiespaña. Tal interpretación de la percepción popular del Estatut, infravalorando la manifestación, como han hecho la mayoría de los medios en Madrid, es un enorme error. Es más, el Estatut aborda intereses económicos y políticos y también los símbolos. Y creerse que éstos no son importantes es desconocer la naturaleza humana. Me expando en ello.
Muchos amigos madrileños cuando vienen a Cataluña y no ven muchas banderas españolas, asumen que la población no se siente española. Y aunque esto es cierto para un número creciente de catalanes, no lo es para la mayoría. Pero un número muy grande (que aumenta según la edad) no considera la bandera española definida por la Constitución como su bandera, ni el himno nacional como su himno. Para muchísima gente en Cataluña la llamada bandera española es, en realidad, la bandera borbónica que llevaban las tropas franquistas que invadieron Cataluña, tropas que se autodefinían como las nacionales y que consideraban la marcha militar borbónica como su himno. En realidad, si se permitiera izar la bandera republicana en los ayuntamientos en lugar de la borbónica, creo que gran número de ayuntamientos en Cataluña izarían la republicana en lugar de la borbónica. Y ello como consecuencia de una memoria histórica que los gobiernos catalanes democráticos han mantenido viva. Se puede acatar una ley sin necesariamente aprobarla.
De ahí que no haya la actitud reverencial hacia la Constitución en la mayoría de la población catalana. Es un documento pactado en un momento de gran desigualdad en las relaciones de poder. Es inevitable que, a medida que haya un cambio en estas relaciones, tal Constitución cambiara. Y una de las cláusulas que necesita eliminarse, por cierto, es aquella que asigna al Ejército la defensa de la integridad (indivisible unidad) de España, frase y dictamen puesto ahí, que, indirectamente, puede utilizarse para justificar el golpe de Estado de 1936. No existe ninguna otra Constitución europea que tenga tal tipo de cláusula.
La variable más importante para decidir el futuro de Cataluña es la propia voluntad del pueblo catalán. La clase trabajadora y clases populares catalanas tienen muchísimo en común con las clases trabajadoras y clases populares de otras naciones y regiones de España, incluyendo Madrid. De ahí la importancia de que los representantes de tales clases debieran ser muy sensibles no sólo a eliminar cualquier forma de explotación de clase y de género, sino también de nación. La Guerra Civil fue una lucha de clases pero también una lucha de unas oligarquías que impusieron una visión nacionalista española oprimente para las otras naciones y regiones de España. Y es en este sentido que, en estos momentos, son de agradecer las voces de izquierda como las de Santiago Carrillo o las de Gaspar Llamazares, que desde Madrid protestaron el dictamen del TC. Sería de agradecer que tales voces se dieran también en el socialismo, incluyendo el madrileño. Pero, tal protesta no debiera darse sólo como acto de solidaridad con el pueblo catalán y con las izquierdas catalanas, sino también (como hace Llamazares) como muestra de desacuerdo en contra del TC, que debiera mostrar todos aquellos parlamentarios que votaron a favor del Estatut. ¿O es que cuando los socialistas madrileños votaron a favor del Estatut creían que era inconstitucional? Si entonces creyeron que era constitucional, ahora deberían protestar que el TC lo recorte. Acatar es una cosa. Aprobar es otra. Aplaudo que el Presidente Montilla protestara. Y me entristece (aunque no me sorprende) que no lo hicieran más voces de la izquierda basada en Madrid.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University