“El presupuesto de la Casa Real es una mentira recurrente”

¿Le asusta la jerga jurídica? ¿Cree que la Administración es una criatura informe llegada de otra dimensión y con un lenguaje arcano capaz de provocarle temblores y sudores fríos? No se preocupe, Eva Belmonte está aquí para solucionar eso. Y, de paso, para que se eche unas risas. La periodista ilicitana, colaboradora habitual de La Marea y directora de la fundación Civio, firma junto a Mauro Entrialgo el libro Diccionario ilustrado BOE-Español (editado por Ariel). Ella pone los textos, con un humor zumbón que no les resta un ápice de exactitud, y él las ilustraciones, desplegando su ya célebre ironía destroyer. Juntos despellejan sin miramientos el lenguaje administrativo y componen una didáctica lección de anatomía del Estado. Eva aprendió este enmarañado idioma redactando, durante más de una década, El BOE nuestro de cada día. Y, como los héroes de los westerns que tanto le gustan, tiene una misión: que no nos engañen.

Después de tanto tiempo sumergida en las tripas de la burocracia, ¿cuál es hoy su relación con ella? ¿La ve como una pesadilla kafkiana o, por su experiencia con el BOE, ya no le tiene miedo a nada?

Yo cada vez la veo más como una fuente de poder. Conocer los trámites te facilita mucho las cosas a la hora de reclamar, por ejemplo. Saber qué organismos puedes citar para que la otra parte se ponga en guardia, para que vean que sabes, que o te hacen caso o se pueden llevar una sanción. Para eso sirve. Y funciona. Y, como periodista, conocer la burocracia también es muy útil porque sabes a la primera qué es legal y qué no sin necesidad de recurrir a un abogado. Lo que me sigue pareciendo horroroso es que para algunas ayudas, en especial las que van dirigidas a los más desfavorecidos, la burocracia sea un obstáculo prácticamente insalvable. Cuando oigo que las empresas se quejan y piden la «ventanilla única» para simplificar los trámites yo siempre pienso que igual la prioridad no es esa. Igual la prioridad debería ser que pedir el ingreso mínimo vital fuera algo sencillo y no aligerarle la burocracia a empresas con un volumen de operaciones de millones de euros.

En su libro usted recoge el número de veces que se repite un término en el BOE y esa cifra a veces es bastante elocuente. Por ejemplo, «decreto ley» aparece 45.135 veces en los últimos 10 años. Redondeando, eso son 87 veces a la semana. ¿Qué dice eso de nuestro sistema parlamentario?

Pues dice que se lo saltan cuando les da la gana. Si algo he aprendido a lo largo de los años que llevo inspeccionando el BOE es que el concepto de «excepcionalidad» es algo increíblemente laxo. Para eso están pensados los decretos leyes y la Constitución lo dice claramente: para casos «de extraordinaria y urgente necesidad». Sólo bajo ese concepto el Gobierno se puede saltar el trámite de llevar la ley al Congreso para debatirla y votarla. Se lo pasan por el forro, por supuesto. ¿Y por qué el término «decreto ley» aparece tantas veces referenciado en el BOE? Pues precisamente porque afecta a temas superimportantes. No a temas puntuales sino fundamentales: reformas laborales, leyes de vivienda, sistema eléctrico… Recuerdo que cuando el PP tenía mayoría absoluta había gente que me decía: «¿Qué más da que saquen un decreto ley? Si al final pueden aprobar la ley que les dé la gana».

Es que el procedimiento es importante.

¡Claro! Al final somos unos descreídos del procedimiento parlamentario. Decimos: «¿Pa qué? Si al final da igual…». ¡Nos han hecho descreídos! Esto también tiene que ver con una oposición que vota siempre en contra por sistema, sea lo que sea. No les importa lo que se vote, aunque luego se beneficien de esas leyes. Ellos votan en contra y punto. Y por eso mismo se usa el decreto ley para cualquier cosa. En época de pandemia se puede justificar, pero por ahí se ha colado de todo. Y todos los gobiernos han abusado del decreto ley. El abuso, siempre. Eso lo primero.

Si no me equivoco, los términos que más aparecen en el BOE son «convenio», que aparece 604.892 veces, y «licitación», más de 440.000 veces. ¿Gobernar y legislar es, básicamente, repartir pasta?

Es una parte importante, claro, pero no la más importante. A mi juicio, lo más importante a la hora de gobernar es asegurar derechos. Aunque las dos cosas están conectadas, claro. Cuando se abre una licitación para privatizar un sector eso puede afectar, por ejemplo, a nuestro derecho de acceso a la salud o a la educación. Los presupuestos y el reparto del dinero me parecen importantes a la hora de buscar casos de corrupción, pero la parte que más me interesa a mí del BOE es cómo se garantizan, o se dejan de garantizar, derechos. Me interesa todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, si se externalizan o si se recorta el acceso a esos servicios. En resumen, hasta dónde llega el Estado del bienestar y cómo se articula.

En su anterior libro, Españopoly, usted analizaba las grandes fortunas de este país, sus empresas, las familias que las componen, sus círculos sociales, sus colegios… Lo que se veía era un mundo muy cerrado, muy endogámico, una burbuja. Esos apellidos y esas empresas, ¿aparecen a menudo en el BOE?

Aparecen bastante. Sobre todo aparecen en las adjudicaciones de contratos. Las empresas más grandes aparecen continuamente. Es flipante que se hable del fomento de la contratación pública a la pequeña y mediana empresa. En Civio, cuando investigamos las obras públicas, vimos que el 70% de los contratos va a parar a las 10 constructoras gordas. A todos los niveles, no sólo el estatal. Son siempre las mismas mires donde mires. En comunidades autónomas y en ayuntamientos, da igual. Así que sus empresas salen mucho en el BOE, sí. Y sus apellidos también. Salen cuando se habla de títulos nobiliarios, esa cosa tan arcaica que van heredando de generación en generación, pero también en los nombramientos. A mí me fascina el caso de los embajadores. Es muy difícil encontrar uno que no tenga un apellido compuesto y kilométrico. No digo que no haya algún embajador que no sea «hijo de», pero madre mía… Se repiten los mismos apellidos desde hace siglos.

Usted que lleva tanto tiempo siguiendo los presupuestos, ¿podría decirnos por qué Defensa siempre sube, pase lo que pase, mientras otras partidas disminuyen dependiendo de la coyuntura económica? ¿Tiene alguna teoría?

Mi teoría es que vende muy poco ver en los titulares de prensa que sube el presupuesto de Defensa. A nadie le gusta que suba el presupuesto de Defensa. Nadie entiende que suba esa partida mientras se recorta en sanidad o en educación. No lo entienden ni los más… belicistas, por decirlo así. Tiene mala prensa. Así que lo que hacen es cuadrar cuentas fuera del presupuesto. Y a todo el mundo le parece bien, incluida a la oposición. En los momentos más duros de la última crisis económica se dijo que el presupuesto de Defensa se recortaba al mismo nivel que las demás partidas, pero no era cierto. Había unos contratos que cumplir, un armamento que ya estaba comprometido y que había que pagar. Y que siempre es lo más caro, por cierto. Bueno, pues no lo incluían en el presupuesto y ese dinero extra se pagaba después. Es un amaño que hacen todos los gobiernos todos los años. Saben perfectamente que es algo que tienen que pagar y lo pueden programar, no es una sorpresa, pero no lo hacen por preservar su imagen.

¿El gran enigma de nuestra legislación es qué se considera realmente «interés público»?

Hay un montón de palabras que son subjetivas y cuyo margen admite mucha arbitrariedad. El concepto de «interés público» participa de esa subjetividad, lo mismo que «interés general» o que «excepcionalidad». Tomemos, por ejemplo, el caso de los indultos. Para indultar a alguien deben darse «razones de justicia, equidad o utilidad pública». Pero, ¿qué es «justicia»? ¿Qué es «utilidad pública»? Pues lo que decida el gobierno de turno. En el ordenamiento jurídico hay palabras que están muy bien definidas y que todo el mundo sabe lo que significan, y otras que dan pie a la arbitrariedad. ¿Emitir en abierto un partido de fútbol es realmente un asunto de «interés general»? Ojo, que está muy bien, no digo que no sea interesante, pero yo tiendo a creer que el interés general es otra cosa. No sé, quizá financiar de alguna manera el acceso a la cultura…

O proporcionar cuidados dentales.

¡Por ejemplo! Hay montones de cosas que me parecen más de «interés general» que el fútbol. Pero como es un concepto subjetivo, son los legisladores los que deciden exactamente qué es en cada momento.

Nacionalizar alguna empresa eléctrica, ¿sería de «interés público»?

Dependiendo de quién gobierne, puede serlo o no. Si hay un estudio serio e independiente que me dice que nacionalizando alguna eléctrica el precio de la luz va a bajar, yo entiendo que eso, efectivamente, es de interés público. Pero, claro, yo no legislo… por desgracia. [Risas]. Amparándose en otro concepto subjetivo, «circunstancias excepcionales», se están dando un montón de subvenciones a dedo, y hay que vigilar eso con mucha seriedad. Igual el trabajo de acogida a los inmigrantes que se hace en el Estrecho debería hacerlo el Estado y no dar una subvención a la Cruz Roja para que lo haga. Y ya no digamos cuando se subvenciona la Fundación del Toro de Lidia. ¿Quién dice que eso es de «interés público»? ¿Quién lo decide? Cuando una norma no es precisa, no es rigurosa y no dice cómo se debe hacer cada cosa, cada gobierno hace lo que le da la gana.

Usted dirige Civio, una fundación que fomenta la transparencia. ¿La resistencia a dar los nombres del personal eventual, lo que comúnmente se conoce como «asesores», es ya un reconocimiento implícito de que se está haciendo algo turbio?

Como mínimo es un reconocimiento implícito de que hay algo que les avergüenza. No digo que siempre sea algo chusco. A veces lo hay, como cuando se contrata a primos, cuñados, hermanos, hijos… ese tipo de cosas. Cada año pedimos esos nombres, cada año nos peleamos y cada año se niegan a darnos esa información. Se amparan en la protección de los datos de carácter personal, que es un recurso que se utiliza mucho en el ámbito público. ¡Pero no estamos pidiendo la relación de agentes del CNI! Simplemente queremos saber quién es el señor que trabaja para el ministro. Sólo pedimos su nombre, nada más. Bueno, pues eso es secreto.

No debería serlo. Ya que yo le pago el sueldo, me gustaría saber quién es.

Con los funcionarios, desde que aprueban y acceden a su plaza hasta que cambian de cargo o ascienden en el escalafón de la Administración, se sabe perfectamente cuál es su recorrido. ¿Por qué con ellos sí hay transparencia y con los asesores no? Este tipo de cargos a dedo es otro síntoma de arbitrariedad. Puedes nombrar a quien te plazca. No importa que sea alguien sin ninguna preparación. ¡Es que ni siquiera hace falta que sean mayores de edad! Si quieres, puedes contratar a tu hijo de 12 años como asesor. No hay ninguna ley que diga lo contrario. Y eso no puede ser, la ciudadanía tiene que ejercer una vigilancia, aunque sea mínima, sobre estas cosas.

En el epígrafe dedicado al «estado de alarma» usted deja muy claro para qué sirven cada uno de los «estados excepcionales». Lo escribió, obviamente, antes de la resolución del Tribunal Constitucional que declaró ilegal el primero de ellos al inicio de la pandemia. En la letra parece sencillo, pero parece que para los magistrados no lo es tanto.

Ya. A mí también me parecía sencillo cuando lo escribí, pero también entiendo que que está abierto a interpretación y que esos señores saben más que yo. Supongo que la clave está en interpretar si aquel estado de alarma recortaba unos derechos o directamente los anulaba. Es un tema complejo. Además, el estado de alarma nunca se había declarado antes, salvo cuando se produjo la huelga de controladores aéreos, que afectaba a un colectivo muy concreto. Hasta que una norma no se pone en marcha no se ve de verdad si tiene sentido. Y muchas veces no la tiene. Hay leyes que en la práctica no tienen ni puñetero sentido pero nadie quiere cambiarlas.

Y eso ocurre por ejemplo…

Por ejemplo, con la misma Ley de Transparencia. Ya está funcionando y ahora vemos que el proceso de reclamación no tiene ningún sentido. Al final tenemos al Gobierno litigando contra el Consejo de Transparencia, que nos da la razón, que dice que tenemos derecho al acceso a determinada información, y su decisión la ratifican incluso los tribunales, pero esa información no nos llega nunca. El Gobierno se niega a darla y no pasa nada.

Entiendo que eso les ha pasado varias veces en Civio.

Todo el rato. Yo estoy hasta el gorro. La mayoría de la información que pedimos no es que no quieran darla y expongan sus razones, es que directamente nos ignoran. Con la ley en la mano tenemos razón, pero eso luego no tiene ningún tipo de consecuencia para ellos. Por eso digo que es importante poner en la práctica las normas para saber si tienen sentido o no. Yo conozco gente muy lista y que sabe mucho más que yo que cree que la resolución del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma es correcta. Y gente también muy lista que opina justo lo contrario. Es normal. El estado de alarma nunca se había usado, no estaban claros los derechos que se recortaban. Y yo creo que, ante la duda, está bien que seamos muy respetuosos con los derechos. En esa tesitura, quizás tampoco hubiera sido un error subir un escalón más y declarar el estado de alerta, como dice la sentencia. Cuanto más respeto hacia los derechos, menos arbitrariedades y más control parlamentario haya, pues mejor. Es mejor que se establezca claramente la anulación de un derecho a lo bestia, y que el Congreso lo controle, a que no se sepan bien cuáles son los límites. Durante la pandemia se han recortado derechos de forma masiva, en muchos casos sin base científica que lo avalara, y aquí no ha protestado ni Dios. Eso es preocupante.

La ley dice que las fundaciones deben promover «los valores constitucionales y la defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia». ¿Por qué ha durado tanto la Fundación Francisco Franco?

Ese podría ser un ejemplo perfecto de la mala burocracia de la que hablábamos antes. El control se pone muchas veces en los formalismos, en los papeleos, en si se han rellenado correctamente los formularios A o B, y en que se presenten en el plazo previsto, ese tipo de cosas. Y no se presta tanta atención al espíritu de la ley. Quizás habría que revisar todas las fundaciones, una a una, y ver si realmente responden a un interés público. O directamente si cumplen los principios constitucionales. Seguro que se encuentran unas cuantas que no lo hacen. Fácilmente, además. Vamos, yo encuentro muchas. Algunas que son casi sectas, organizaciones que están prohibidas en otros países y que aquí, con los papeles presentados en regla, tienen cabida.

¿Nadie vigila eso?

No lo creo, sinceramente. Nosotros en Civio presentamos un informe anual con las cosas que hacemos y no sé si se lo mira alguien, la verdad. Ni si comprueban que las cosas que ponemos ahí son ciertas. Cuando se investigan las cuentas públicas pasa lo mismo. Muchas veces estamos más pendientes de que se cumpla todo el proceso burocrático que de ver si de verdad tiene sentido que la Fundación Franco sea una fundación.

¿La Fundación Disenso, vinculada a Vox, la subvencionamos todos y todas con nuestros impuestos?

Pues ahora mismo no sé cuál es su naturaleza exacta, pero si está vinculada oficialmente al partido, sí. Así ocurre con todas las fundaciones de los partidos. Y el dinero que reciben es proporcional a su representación parlamentaria.

¿Por qué el presupuesto de la Casa Real es uno de los grandes paripés de la contabilidad pública?

Pues porque es una mentira recurrente. Es mentira desde el principio. Según el presupuesto oficial, la Casa Real recibe unos 8 millones de euros al año, pero eso es sólo la paguita que se les da a los reyes. Como la paga que le das a un niño el fin de semana… ¡pero el niño te cuesta muchísimo más dinero! Los funcionarios que trabajan en Zarzuela, los representantes del Ejército que los acompañan, los viajes, la seguridad, el cuidado de los jardines y de los palacios, la organización de eventos, el protocolo, el mantenimiento de las obras de arte, quién paga la luz, quién le pone gasolina a los coches, quién paga a los chóferes… todo eso es dinero que viene de otros ministerios. Hay funcionarios que trabajan para la Casa Real pero a los que paga el Ministerio de Presidencia, por ejemplo. Para defender a la monarquía siempre se dice que es la más barata de nuestro entorno, pero es que las cifras que se manejan no son ciertas, no se corresponden con el gasto real.

Fuente: https://www.lamarea.com/2021/09/09/eva-belmonte-boe-presupuesto-casa-real-mentira/