Es bien sabido que el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, está sabiendo aprovechar bien los privilegios que le concede el poder para beneficio propio y de sus amigos; el negocio inmobiliario en Madrid está concentrado en unas pocas «familias» afines al PP regional. Basta recordar cómo llegó […]
Es bien sabido que el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, está sabiendo aprovechar bien los privilegios que le concede el poder para beneficio propio y de sus amigos; el negocio inmobiliario en Madrid está concentrado en unas pocas «familias» afines al PP regional. Basta recordar cómo llegó el PP al gobierno de la Comunidad de Madrid -recordemos que el PSOE había ganado las elecciones del 25 de mayo de 2003 y que, gracias al sospechoso transfuguismo de dos miembros del PSOE de la Asamblea Regional, se volvieron a convocar unas segundas elecciones en las que el PP se alzó con la victoria- para darnos cuenta de los intereses inmobiliarios que había en juego.
Desde hace ya unos años asistimos a una proliferación sin freno alguno de la construcción y de los precios de los inmuebles que está poniendo en serio peligro la sostenibilidad de un desarrollo que obedece únicamente a los intereses de las empresas constructoras con el beneplácito del gobierno regional y municipal; prueba de ello es la vertiginosa expansión de nuevas construcciones y barrios mientras un altísimo porcentaje de las viviendas en Madrid siguen estando deshabitadas.
Un plan general de ordenación urbanística consiste, en teoría, en la ordenación del crecimiento urbanístico que se va a soportar en un futuro próximo para que los habitantes de los correspondientes municipios vivan mejor, haya más servicios y, en definitiva, para que la calidad de vida de sus habitantes aumente. El modelo que se ha planteado para las poblaciones de la Comunidad de Madrid es similar en todas ellas, se trata, sobre todo, de obtener suelo para construir; todo ello prácticamente sin ninguna actividad inspectora -en la Comunidad de Madrid hay sólo cuatro inspectores de urbanismo y este trabajo se delega en empresas privadas que hacen estos planes a la carta-. Este modelo especulativo, sin embargo, no está basado en las necesidades reales de la población de todos los municipios con planes de ordenación urbanística, ya que no se contempla un crecimiento sostenible que tenga en cuenta los problemas que hoy en día existen en cuanto a las infraestructuras sociales -como la falta de centros hospitalarios o educativos-, la economía y la protección del medio ambiente; como si la única manera de obtener ingresos económicos estuviera limitada a la construcción; a parte de esto, no existe una demanda real de tal crecimiento, ya que éste se sitúa muy por debajo de la proyección urbanística. La mafia urbanística y política, por ejemplo, que hay en la Sierra de Madrid está poniendo en peligro el pulmón de la Comunidad. Una clara evidencia de esto lo tenemos en municipios como el de Guadarrama, donde el 30% del plan general del año 1985 todavía no se ha completado y donde se está intentando urbanizar nuevo suelo sin que se haya agotado aún el suelo apto para construir. Todo ello con las lógicas prisas para que la población no sea muy consciente de la dimensión del plan que el Gobierno municipal quiere llevar a cabo en tres fases, con una primera fase que daría cabida a entre 4.000 y 5.000 personas; Guadarrama hoy en día tiene 13.700 habitantes. Según la Plataforma Ciudadana de Guadarrama, esto supondría una población en el municipio en unos pocos años de unos 40.000 habitantes, es decir, triplicar la población, saturando el municipio de vehículos, lo que supondría la necesidad de una circunvalación para dar cabida a esos vehículos y la construcción de una terminal de autobuses que se adaptara a la nueva situación. Estos planes de expansión lógicamente afectan a los municipios colindantes, aunque estos últimos llevaran a cabo un plan más justo, consensuado y sostenible. Otro grave problema que hay que añadir a los anteriores es el tema del agua. Los niveles freáticos, según la propia Administración, están bajando alarmantemente; a esto habría que añadir la tremenda sequía que padecemos desde hace unos años. Si ya en verano notamos una menor presión del agua en nuestras casas debido al aumento de población vacacional, ¿qué pasará el día que se triplique la población de municipios como Guadarrama?
Un caso similar se nos presenta en Galapagar, municipio de unos 26.500 habitantes, donde el equipo de Gobierno somete durante este mes de agosto a exposición pública el PGOU. Este plan que contempla la construcción de 9.000 viviendas que albergarían a 26.000 nuevos vecinos se ha presentado públicamente de manera apresurada en periodo vacacional -convendría recordar que, si se ha esperado 30 años (las Normas Subsidiarias son de 1976), no se comprende por qué no se puede esperar unos meses y ampliar de esta forma el plazo de alegaciones dando facilidades a aquellos que en agosto no están en el municipio-, negando con ello el derecho de información y réplica de muchos de sus ciudadanos. En el PGOU de Galapagar se contempla además, entre otras obras, la construcción de una zona industrial en el norte del municipio, una variante y un anillo de circunvalación y un campo de golf en una zona considerada de protección.
Desgraciadamente, y al mismo tiempo, el proyecto de la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama no está exento de esta presión urbanística. La participación del Estado en la gestión de los Parques Nacionales ha quedado reducida a la mínima expresión dejándole sin prácticamente ninguna competencia en favor de las correspondientes comunidades autónomas. Evidentemente, esta transferencia de gestión puede resultar muy dañina para espacios que merecen la máxima protección y que, en el caso de Madrid, se desarrolla en función de estos planes dejando fuera de los márgenes que ponen límite al Parque zonas de vital importancia ecológica y medioambiental como son las zonas adehesadas. En una de estas zonas adehesadas, la finca Monesterio, de gran valor medioambiental, histórico y cultural -esta superficie está dentro de la Gran Cerca de Felipe II, pendiente de declaración de Bien de Interés Cultural, donde además se encuentran yacimientos arqueológicos como el del Cerro del Oro-, se proyecta una de las más salvajes especulaciones urbanísticas. San Lorenzo de Monesterio será el nuevo nombre de esta futura población. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, con su alcalde José Luis Fernández Quejo -uno de los más despiadados especuladores de la Sierra de Guadarrama con sentencias contrarias y otras tantas pendientes- a la cabeza, pretende construir 7.000 nuevas viviendas, un polígono industrial, centros comerciales, etc., para dar cabida a más de 18.000 habitantes; convendría recordar que San Lorenzo de El Escorial tiene actualmente unos 15.000 habitantes censados y 1.423 viviendas vacías. Esta finca está situada a 15 kilómetros del casco urbano de San Lorenzo de El Escorial es de muy alto valor ecológico, ya que se trata de un paraje con una extensión de unas 300 hectáreas -superficie mayor que el propio casco urbano y las urbanizaciones de San Lorenzo de El Escorial juntos- donde se combinan fresnedas y otros árboles (sauces, melojos, encinas, chopos, quejigos, olmos, álamos, robles, etc.) y humedales con zonas de pastizal de pie de monte, y es hábitat de numerosas especies de mamíferos (gato montés, jinetas, etc.), aves (cigüeña negra, águila imperial -es territorio de dispersión y de caza de esta rapaz-, etc.), anfibios y reptiles protegidos por la Comunidad de Madrid. Este plan urbanístico al mismo tiempo afectará a los propios municipios colindantes (Guadarrama, Collado Villalba, Galapagar, Los Negrales, Alpedrete y El Escorial), al río Guadarrama (lugar de interés comunitario [LIC]), a la vía pecuaria que une San Lorenzo de El Escorial con Collado Villalba y saturará las carreteras, la salida a la AP-6 y el polígono industrial de Villalba con la consiguiente contaminación atmosférica, acústica y lumínica.
Esto son sólo tres ejemplos que sirven para ilustrar la situación a la que se está llegando. Para evitar que toda esta depredación se lleve a cabo irreversiblemente existen fórmulas que incluyen la participación de los ciudadanos y la armonización de las necesidades sociales, ambientales y económicas. Un ejemplo claro es el desarrollo de la Agenda 21 local. Si no se ponen en práctica estas alternativas, la Sierra de Guadarrama esta avocada a la destrucción; ahora más que nunca se necesita la concienciación ciudadana y su acción ante tal injusta barbarie.