Alcides Lesmes sobrevivió en la década de los 80 al genocidio político de la Unión Patriótica, de la que era militante de base, además de secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores de la región del Meta. Ante la amenazas de muerte, se exilió en el estado español, donde cuenta con el estatuto de refugiado político. Hoy es el representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en el País Valenciano. En cuanto al proceso de negociación anunciado entre el gobierno de Santos y las FARC-EP, considera que no tendría sentido «si no se vincula a cambios estructurales -socioeconómicos y políticos- y si no se aclara quién ha financiado el terror durante las últimas décadas y dónde están los desaparecidos».
¿Cómo ha cambiado, a grandes rasgos, Colombia en los últimos 50 años, desde que surgió la guerrilla?
Hay una base que permanece. La insurgencia nació en el año 1964 a raíz de la lucha del campesinado por la tierra, de la que fueron despojados por parte de los terratenientes. Hoy este problema continúa vigente. Pero existen elementos nuevos. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el presidente Santos deja en manos de la industria extractiva 40 millones de hectáreas. Grandes extensiones de tierra se destinan a minería, petróleo, caña de azúcar y palma africana para agrocombustibles, mientras muy poco resta para los 12 millones de campesinos que laboran en Colombia.
Precisamente la «cuestión agraria» es uno de los puntos de la agenda en las negociaciones entre Santos y las FARC-EP. El 0,45% de la población controla el 62,5% de las tierras. ¿Confías en que cambie el estado de cosas?
En los movimientos sociales tenemos esas expectativas. Personalmente, soy optimista. El movimiento campesino, indígena y afrodescendiente ha pedido una reforma agraria integral, basada en la restitución de los territorios a los campesinos despojados y la puesta en cultivo de las tierras actualmente baldías, entre otras reivindicaciones. Ten en cuenta que en Colombia la mayor parte de la población trabajadora es campesina, y que más de 7 millones de hectáreas les han sido robadas desde la década de los 80 hasta hoy. Se ha producido un auténtico expolio ligado a la acción del paramilitarismo.
¿Por qué el presidente Santos -hombre de la oligarquía financiera y los grandes capitales- manifiesta justo ahora interés en abrir un proceso de diálogo?
Primero quiero puntualizar que entre Santos y el expresidente Uribe no existe ninguna ruptura. Santos ocupó el cargo de ministro de Defensa durante la presidencia de Uribe. Y lo hizo, por ejemplo, en la época de los «falsos positivos», que supuso la desaparición de más de 2.000 jóvenes, a los que se presentó como supuestos guerrilleros cazados en combate. ¿Por qué se impulsan las negociaciones ahora? Hay un cansancio del estado, en primer lugar. Los presupuestos para la guerra en los últimos años han sido multimillonarios, incluida la ayuda militar norteamericana del «Plan Colombia» y el «Plan Patriota». Pero, 50 años después, no han conseguido acabar con la insurgencia. Además, el pueblo colombiano pide un acuerdo y que acabe esta guerra que no nos lleva a ningún lado.
¿Y por qué las FARC-EP aceptan en estos momentos el diálogo?
Ya en la campaña electoral, y después en la presidencia, Santos realizó contactos con la insurgencia para ver si era posible la negociación; las FARC asintieron, con la condición de que se tratara de una propuesta seria. La insurgencia ha considerado estas expectativas e intenta aprovechar la oportunidad. Es como la luz a final del túnel.
¿Qué papel desempeñan en el proceso Álvaro Uribe y la extrema derecha colombiana?
Sin duda, Uribe Vélez y la extrema derecha, así como militares retirados y altos mandos del ejército aún en activo van a intentar torpedear el proceso. Han pedido ya que no haya ningún tipo de concesión a la insurgencia. Insisto en que esta gente representa un serio peligro para el proceso que arrancará en octubre. Afilarán todas sus baterías para que fracase la negociación.
¿Y en cuanto al paramilitarismo?
El fenómeno del paramilitarismo permea toda la sociedad colombiana. Hoy continúa muy vigente, aunque con otros medios. Se les denomina de otro modo -«Águilas Negras» o «Bacrim» pero es lo mismo. Se trata de estructuras muy vivas, que continúan asesinando a día de hoy en Colombia. Detrás de estas bandas asoman los grandes grupos financieros, militares y políticos de diferente pelaje. Numerosos políticos, manchados con la sangre del paramilitarismo, están en prisión.
¿Consideras que era posible una victoria militar por cualquiera de los dos bandos?
Hay un desgaste por parte del estado tras miles de millones invertidos en alta tecnología militar, sin el resultado que esperaban. También me parece imposible que las FARC-EP pudieran derrotar al estado. Quiero añadir que, a mi juicio, este proceso abre una gran esperanza para la insurgencia. Tras los cambios estructurales que requiere Colombia, podría presentarse a elecciones libres y alcanzar triunfos políticos.
Afirmas que hay posibilidades de que la negociación acabe con buen resultado. Pero hay antecedentes de fracaso; las de Betancur con las FARC a principios de los 80 o las del Caguán, durante la presidencia de Pastrana.
Creo que hoy se dan las posibilidades para un proceso serio de negociación. En 1984, cuando se sentaron a dialogar Betancur y las FARC-EP, hubo un clima de confianza que hizo posible, finalmente, la constitución de un frente de izquierdas para presentarse a las elecciones, fueran municipales o estatales. Pero luego se vio que no había una voluntad real. Hubo cerca de 5.000 asesinatos de sindicalistas, estudiantes, intelectuales y campesinos vinculados a la Unión Patriótica. La prueba de que nunca ha habido voluntad real de negociación son los 200.000 desaparecidos a lo largo del conflicto, sobre todo campesinos, estudiantes, sindicalistas o indígenas; actualmente pasa de 9.000 el número de presos políticos; el conflicto ha forzado el desplazamiento de 5,2 millones de personas (dentro del país, sin contar con los exiliados). Además, desde los 80 han sido asesinados 3.200 líderes sindicales en Colombia.
¿Sería la Unión Patriótica un buen referente de los que podría ocurrir tras el proceso de negociación?
Tras los pactos de «La Uribe», entre Betancur y las FARC-EP, se acordó organizar un partido -la Unión Patriótica- formado por exmiembros de la insurgencia y gente de las organizaciones sociales. Se presentaron con éxito a las elecciones: La Unión Patriótica obtuvo diputados, senadores, alcaldes y concejales. Pero la respuesta del estado consistió en los asesinatos selectivos. Tras las negociaciones de 2012, confiamos en que emerja un gran movimiento que aglutine a toda la izquierda colombiana.
El gobierno anuncia el diálogo con las FARC-EP pero continúan las detenciones de militantes de las organizaciones sociales, a las que además se relaciona con la insurgencia
Las detenciones de los militantes de organizaciones sociales continúa como en los últimos 40 años. Hace unos meses se organizó una gran marcha a Bogotá, a las que asistieron más de 100.000 personas. Fue la «Marcha Patriótica», que nació de las reivindicaciones comunes de 1.800 organizaciones sociales. El gobierno se asustó al ver el resultado de la de la marcha. Empezó, entonces, a estigmatizar a las organizaciones, afirmando que estaban infiltradas o financiadas por las FARC. Pero esto es una gran falacia, que tiene como objetivo romper el movimiento. Por eso, hacemos un llamado a la comunidad internacional, para que estos señalamientos no culminen en algo parecido a los que ocurrió en los años 80 y 90 con la Unión Patriótica.
Por último, ¿opinas que con la paz se colman las aspiraciones de la izquierda colombiana?
En absoluto. Si se firma la paz, ésta ha de vincularse a cambios estructurales (políticos, sociales y económicos). De lo contrario, no tendría ningún sentido la negociación ni los acuerdos. Seguiría todo igual que hoy. Y, por supuesto, la negociación debe aclarar quién ha financiado todo este «terror» que ha sufrido el pueblo colombiano durante décadas. Y responder a otra pregunta, ¿dónde están los desaparecidos? Además, en las negociaciones deben estar representados todos los movimientos sociales.
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