El escenario más plausible es que se archive la acusación -por falta de pruebas- contra algunas de las encausadas y continúe contra el resto de manifestantes imputadas
El proceso judicial contra una veintena de indignadas procesadas por los hechos del 15 de junio al Parlament de Catalunya pierde cada vez más fuerza. La declaración de ocho diputados esta mañana ante el juez Eloy Velasco no ha reforzado las tesis de Manos Limpias ni de las Mossos d’Escuadra, todo lo contrario, ha puesto más dudas sobre la versión oficial que sostiene que los y las acusadas cometieron un delito contra las instituciones del Estado. A preguntas de la defensa de los acusados, la mayoría de parlamentarios han manifestado que no pasaron miedo y que no sufrieron por su integridad física. Alfons López-Tena ha afirmado que el dispositivo policial organizado en torno al parque de la Ciutadella generó mayores dificultades para acceder al hemiciclo que no la actuación de las manifestantes. Ernest Maragall, por su parte, explicó que estaría dispuesto a abrir un proceso de mediación con las personas encausadas, e incluso dijo que le gustaría sentarse a hablar con ellas. A estas declaraciones hay que sumar el hecho de que dos diputados de ICV, Joan Boada y Salvador Milà, han rechazado la citación de la Audiencia Nacional y no se han presentado en la sede del Palau de Justicia. Los ecosocialistas han dicho, en rueda de prensa en la sede del Parlament, que no se han personado ante el magistrado por dos razones: no se sienten perjudicados por aquellos hechos y no quieren dar cobertura ni reconocimiento a la acusación popular del sindicato ultraderechista Manos Limpias. Previsiblemente Velasco como los citará a declarar en Madrid.
Las declaraciones más contundentes
Montserrat Tura, a pesar de haber manifestado en un primer momento que no creía que fuera la Audiencia Nacional quien debía juzgar a los imputados, hoy se ha ratificado en su testimonio y afirmó que los que cometieron hechos delictivos tendrán que pagar por sus acciones, sin especificar si sólo desea ser resarcida por los daños a una chaqueta, un pañuelo y una bolsa, o quiere ir más allá y conseguir una condena de hasta 5 años de cárcel para el indignado que le dibujó un garabato sobre la vestimenta. El diputado Jordi Turull ha hablado en nombre de los parlamentarios del grupo de CiU, y aunque dijo que no querían criminalizar ningún movimiento de protesta, ha confirmado que ellos llegarán hasta el final para esclarecer los hechos y «conseguir una condena para los agresores». Del conjunto de manifestaciones escuchadas esta mañana en el Palau de Justicia se deriva la conclusión de que el caso se desinfla. Ahora será el juez Velasco y la fiscal asignada al caso que tendrán que decidir la continuación o no del proceso de instrucción hacia todas las personas imputadas. El escenario más plausible es que se archive la acusación -por falta de pruebas- contra algunas de las encausadas y continúe contra el resto de manifestantes imputadas.
Trescientas personas en el exterior
Mientras todo esto pasaba en el interior de la sala, en el exterior hasta trescientas personas han llegado a manifestarse contra la presencia del juez Velasco en Barcelona y la declaración de los diputados. Se han escuchado gritos constantes de rechazo al sistema político actual, los representantes parlamentarios, los Mossos d’Esquadra y los medios de comunicación. Cabe recordar que el expediente judicial del caso del Parlament se fundamenta en elementos probatorios extraídos de las imágenes de vídeo y las fotografías que numerosas televisiones y agencias de noticias entregaron a la policía catalana tras recibir una orden de la fiscalía. La discrepancia con la presencia de las cámaras esta mañana ha llegado hasta el punto que un grupo de manifestantes ha cortado un cable que Telecinco utilizaba para emitir en directo desde delante del Palacio de Justicia. Hacia mediodía se ha desconvocado la protesta, poco después de que se añadiera una concentración de estudiantes universitarios que hasta esa hora habían estado concentrados ante la sede del Comisionado de Universidades de la Via Laietana en contra del plan de gobernanza que quiere recortar drásticamente los derechos de participación del estudiantado y el profesorado en los órganos de decisión de las universidades.