La propuesta gubernamental del PSOE-C’s ni siquiera se puede definir como un programa de cambio limitado o de una regeneración institucional y democrática, realmente relevantes. Introduce algunos cambios positivos, merecedores de apoyo popular, pero son secundarios. El principal significado de este acuerdo es la continuidad, la ausencia de cambios sustanciales, de los ejes políticos y […]
La propuesta gubernamental del PSOE-C’s ni siquiera se puede definir como un programa de cambio limitado o de una regeneración institucional y democrática, realmente relevantes. Introduce algunos cambios positivos, merecedores de apoyo popular, pero son secundarios. El principal significado de este acuerdo es la continuidad, la ausencia de cambios sustanciales, de los ejes políticos y económicos fundamentales, de carácter regresivo, de las dos legislaturas anteriores. La novedad más importante es la alternancia institucional al desgastado equipo gobernante del PP para que acepte o negocie una posición subordinada, al menos para su líder. Es decir, supone una sustitución de élites gobernantes por otras menos corruptas, antisociales y autoritarias. Pero ese recambio no es suficiente para apoyar una investidura que avalaría una gestión fundamentalmente continuista, sin mejoras significativas para la mayoría popular.
La candidatura de Pedro Sánchez es ambivalente, aunque cada vez menos. Podía (y puede) representar un primer paso para iniciar el cambio y ser susceptible de apoyo por el conjunto de fuerzas progresistas; o bien, bloquear el camino de progreso que el país necesita y no ser apoyada, aunque sí se compartan medidas parciales. La propuesta inicial de pactar a su derecha (C’s) y su izquierda (Podemos…), dentro de su ambigüedad retórica, apenas escondía su preferencia por Ciudadanos. Después, su materialización aclara y expresa su sentido: la clara opción socialista por el continuismo, su oposición a un Gobierno de progreso, la ausencia de voluntad de giro hacia la izquierda y la trampa y el sectarismo hacia Podemos para obligarle a su acatamiento a ese bloqueo continuista con solo sustitución de unas élites.
No tiene sentido el argumento sofisticado hacia Podemos y sus aliados del apoyo a esa investidura, como mal menor ante la continuidad (provisional) de Rajoy, con la admisión y recomendación consiguiente de completar ese compromiso global con la labor de oposición a sus medidas regresivas, calificadas como menores. Esa posición posibilista desconsidera lo principal: la determinación libre de la dirección socialista por el continuismo programático y su renuncia voluntaria a otra opción posible y realista de cambio. No hay elección entre dos males (PP o PSOE), para tener que elegir el mal menor. Hay una tercera posibilidad de elección entre continuismo (renovado y con cambios limitados) y cambio (real, compartido y negociado). Y es el Partido Socialista quien ha cerrado la segunda opción, imposibilitando el desalojo de la derecha.
Por tanto, hacen bien los líderes alternativos, progresistas y de izquierda en no colaborar con esa investidura en su forma actual y en reafirmarse en otra investidura, negociada, con otro proyecto programático de cambio y de gestión democrática y compartida. La responsabilidad sobre la renuncia a desalojar al PP e impedir un avance hacia un Gobierno de progreso es achacable a la determinación de la dirección socialista por un camino que, en la práctica, no lo busca sino que conlleva otros objetivos: reforzar su liderazgo interno, debilitar a Podemos y las fuerzas y dinámicas democráticas y de cambio real, prepararse mejor, con más expectativas electorales, para las próximas elecciones y estar mejor colocado para negociar el contenido de su proyecto gubernamental, con solo un recambio gestor, ahora imposible. Pero para ello, debe retorcer la realidad, distorsionar sus adversarios, que ahora estarían a su izquierda, y retroceder en el juego limpio, democrático y transparente, particularmente entre posibles aliados progresistas. Es también una involución ética y democrática, en aras de su prepotencia institucional y su voluntad política continuista.
La otra cara de este acuerdo político PSOE-C’s es la garantía para el poder establecido de cerrar la oportunidad de un cambio sustantivo o relevante en España. Este es el aspecto principal de la estrategia socialista (y la derecha): cerrar la posibilidad de un Gobierno realmente de progreso y de cambio. Esta opción es la única real que garantiza la presidencia del Ejecutivo para Pedro Sánchez. Pero, claro, con dos condiciones básicas: que sea realmente de cambio, con un programa negociado o intermedio, y compartido o de coalición, como reflejo de la representatividad plural, la responsabilidad de los firmantes y la garantía de su cumplimiento. Son los dos componentes básicos planteados por Podemos, las confluencias, Compromís e Izquierda Unida-Unidad Popular, a los que la dirección socialista y todo el poder establecido y mediático se han opuesto, de forma sobreactuada. Es la opción más justa y más realista, dada la representatividad conseguida (y no reconocida) por Podemos y sus aliados y la predisposición de los grupos nacionalistas a impedir un gobierno de derechas (del PP o con presencia de C’s).
Pero esa es la opción de progreso a la que el PSOE no se quiere sumar (aunque sí sume su aritmética frente a la suma de las derechas del PP y C’s). Es la alternativa de cambio sustantivo a la que renuncia la dirección socialista. Su salida: recomponer y mejorar su liderazgo a costa del desprestigio de Podemos y sus aliados. Su expectativa es que utilizando todo su poder contra ellos, a la vuelta del 26 de junio, tenga las manos más libres para negociar un nuevo acuerdo de gobernabilidad al estilo europeo o alemán, es decir, se distancie del cambio y sortee mejor el cuestionamiento de su legitimidad popular por su compromiso continuista.
En consecuencia, como vemos, cobra mayor importancia su estrategia comunicativa, apoyada en su impresionante aparato mediático, para embellecer ante la ciudadanía este proyecto continuista y solo de recambio y neutralizar la dinámica y el discurso de cambio sustantivo. Se manipula el lenguaje. Su denominación de ‘reformista’ esconde incluso algunas reformas negativas, es decir, recortes sociales (por ejemplo, precarizando más el empleo). La palabra reforma, con un significado tradicional progresivo y de avance social, ha sido instrumentalizada por el PP y el poder liberal-conservador para denominar a su regresiva estrategia de austeridad y recortes sociales. Su utilización en el documento obscurece el sentido antisocial de algunas de sus medidas y las consecuencias negativas de prolongación de los recortes y la desigualdad derivados de su aplicación. Y la palabra ‘progreso’ en su título, aparte de embellecer sus objetivos, esconde el sentido regresivo de su apuesta por la consolidación de la austeridad (flexible) y los recortes sociales de estos años.
El bloqueo a la modernización y la democratización del pacto PSOE-C’s
Están claros los límites de su política económica y fiscal, en la lógica de la austeridad impuesta por la UE. Ello imposibilita el necesario crecimiento económico y del empleo y, sobre todo, el necesario impulso de modernización y especialización productiva, sostenible y basado en la cualificación de la fuerza de trabajo; es decir, en el impulso de una educación igualitaria y de calidad y un desarrollo tecnológico y de I+D+i.
Tenemos un doble reto de país: por un lado, la modernización de nuestro aparato productivo, la democratización de la economía, un equilibrio equitativo en el modelo de empleo y relaciones laborales; por otro lado, el fortalecimiento y la mejora de nuestro débil Estado de bienestar y las garantías de los derechos sociolaborales.
Ello conlleva una tercera pata imprescindible: una contundente reforma fiscal progresiva y antifraude, fundamental para la estimular la inversión pública y la reorientación del aparato productivo (educación, especializaciones productivas…) y financiar la política social y distributiva. Tenemos una presión fiscal de seis puntos del PIB inferior a la media europea. Eso solo, supone margen para ampliar, con los pasos intermedios necesarios, la capacidad recaudatoria anual en más de 60.000 millones de euros.
El cuarto desafío es el cambio en las políticas dominantes en Europa y su reforma institucional: la estrategia de austeridad de sus instituciones, es el problema, pero la Unión Europea es también la base y el marco de la solución -mutualización de la deuda pública, financiamiento de inversión, estrategias solidarias…. La construcción de las fuerzas de progreso europeas, el refuerzo del modelo social, integrador y solidario, es una tarea estratégica, también para avanzar como país.
Por último, aunque no menos importante, está la imprescindible reforma y profundización democrática del sistema político e institucional, incluido un nuevo marco de convivencia plurinacional. Por lo que se refiere a la cuestión territorial y la reforma institucional, el acuerdo hace gala del continuismo constitucional -se abandona incluso la tímida referencia socialista a una reforma federal-, dependiente del acuerdo con el PP. Además, se bloquea todavía más una solución democrática al conflicto en Cataluña, oponiéndose a una consulta popular y un nuevo pacto solidario e integrador de la realidad plurinacional, apoyados hasta hace poco por el propio PSC -incluso por el nuevo Secretario General de la UGT. Incluso apenas se avanza en la necesaria reforma de la Ley electoral en un sentido más proporcional y participativo o en la defensa de las libertades.
La ausencia de un giro social y el cambio necesario
La dinámica continuista del pacto PSOE-C’s no solo es en materia económica e institucional, sino también en elementos fundamentales de la política social y laboral. Así, este programa se reafirma en la continuidad de la aplicación de la LOMCE (solo se paralizan algunos flecos pendientes), con su carga segmentadora y su orientación contraria al desarrollo de la igualdad de oportunidades en la educación. Igualmente, se consolidan los recortes del sistema de protección social. Los derechos anteriores de las pensiones públicas continuarán recortados en un 40% de media, fruto de las dos últimas reformas (del PSOE y el PP) -en torno al 20% cada una cuando entren plenamente en vigor-. Y también se consolida la reducción anterior de las prestaciones de desempleo. Así mismo, mantiene, incluso empeora, la precarización del empleo y el estancamiento y deterioro del empleo decente, sin derogar las dos reformas laborales (años 2010 y 2012), tan regresivas. Además, introduce elementos contraproducentes como las subvenciones estatales a los empresarios por sus bajos salarios o el abaratamiento, todavía más, de algunos despidos. Algunas medidas (el aumento del SMI, en el 1%, el llamado mínimo vital o la mejora superficial de la negociación colectiva) son positivas, pero muy limitadas para afrontar los graves y amplios problemas de empobrecimiento y desigualdad social y laboral.
Por tanto, en el bloque social y laboral, la balanza se inclina por la consolidación de los planes regresivos de los dos anteriores gobiernos, de Zapatero y Rajoy. El mayor peso lo tiene el continuismo no el cambio. El retroceso aplicado de los derechos sociolaborales, las prestaciones y servicios públicos (educación, sanidad…) se reafirma. Las condiciones sociales de las mayorías populares, tras los fuertes ajustes impuestos, no mejoran significativamente. Hay medidas muy parciales de limitada mejora, pero también de empeoramiento. No obstante, su significado global, incluido lo ausente del texto, es el mantenimiento de los recortes (con el eufemismo de las reformas), es decir, confirma el proceso regresivo de las dos últimas legislaturas y solo adopta alguna medida paliativa. Su título ‘reformista y de progreso’, significa consolidación de la austeridad regresiva o antisocial, según el plan europeo dominante, y bloqueo de la imprescindible democratización.
Están claras las prioridades de política social o urgencias de un programa de cambio: plan de emergencia social, empleo decente, protección social pública -pensiones, rentas sociales, desempleo-, derechos sociales y laborales -con reequilibrio del poder negociador de los trabajadores y trabajadoras en la negociación colectiva-; disminuir la desigualdad (social y de género) y las brechas socioeconómicas y ganar en cohesión social, particularmente con la mejora de los salarios (sobre todo los bajos y de sectores precarios) y la distribución pública. En casi todo ello, tras la fuerte reducción por la crisis económica y la política regresiva de ajustes, permanece el bloqueo de las necesarias mejoras sustantivas para la mayoría de la población.
En resumen, tras el fracaso de la investidura del candidato común de PSOE-C’s, ni siquiera está claro, en el caso de Ciudadanos, su apoyo al liderazgo de Pedro Sánchez y la garantía para ocupar el sillón más determinante de la Presidencia de Gobierno, tal como anhela la dirección socialista. Además, como era previsible, ha fracasado en su intento de garantizar su investidura como Jefe del Ejecutivo. Pero en vez de rectificar, la dirección socialista profundiza en el sectarismo y el chantaje hacia Podemos y sus líderes. Se aleja todavía más de un pacto equilibrado por el cambio y un trato equitativo como posibles socios. Su dependencia de las derechas se hace más fuerte. Su prepotencia contra Pablo Iglesias y los líderes del cambio se acentúa.
La crítica de la dirección socialista sobre la supuesta pinza o el apoyo de Podemos al PP no tiene credibilidad social, ni base argumental, ni hechos relevantes en que sustentarse, aunque se repita machaconamente. El pacto PSOE-C’s no sirve para gobernar ni tampoco para desalojar al PP. Su oposición a pactar con Podemos es la que permite la continuidad de Rajoy… hasta que el PSOE rectifique o la mayoría ciudadana lo eche en las siguientes elecciones. Constituye un tapón y un bloqueo a un necesario giro social y democrático o un pacto de progreso con Podemos.
Incluso los dirigentes socialistas sobreactúan con su apropiación de la representación del ‘cambio’ y su deseo de un Gobierno de las ‘izquierdas’, cuando ellos mismos se autodefinen de centro-izquierda y seguidamente lo descalifican por su supuesta irrealidad. Lo cierto es que sumando las fuerzas susceptibles de apoyo al Gobierno alternativo y de progreso planteado por Podemos y las fuerzas afines, se puede conformar un bloque progresista, el más amplio y homogéneo de los posibles y superior al de las derechas (PP y C’s). Pero para el PSOE es igual, se camufla la realidad, se tergiversan las definiciones y se exige a Podemos su rendición y subordinación. Todo en aras del continuismo programático, la prepotencia de su liderazgo y el desprestigio del cambio (real) y su genuina representación.
Pero, la tarea del cambio sociopolítico, económico e institucional y la alternativa de un Gobierno plural y de progreso, junto con una amplia participación cívica, persiste y constituye el objetivo central para garantizar el avance social y democrático.
Antonio Antón. Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de Movimiento popular y cambio político. Nuevos discursos (Ed. UOC)
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