Respecto de la demanda de grupos ciudadanos por una Asamblea Constituyente que establezca una auténtica democracia en nuestro país, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, declaró que «los socialistas hemos expresado formalmente nuestra opinión y no la hemos cambiado: la asamblea constituyente es el instrumento para introducir los cambios» (La Tercera; 21-8-2012). Sin embargo, rápidamente […]
Respecto de la demanda de grupos ciudadanos por una Asamblea Constituyente que establezca una auténtica democracia en nuestro país, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, declaró que «los socialistas hemos expresado formalmente nuestra opinión y no la hemos cambiado: la asamblea constituyente es el instrumento para introducir los cambios» (La Tercera; 21-8-2012).
Sin embargo, rápidamente quiénes tienen el control fáctico de este partido salieron a neutralizar dicho aserto. Así, el presidente del Senado y principal líder del PS, Camilo Escalona, ha sido categórico en negar su factibilidad actual y, más aún, su necesidad; demostrando de paso su crasa ignorancia respecto de su índole y del hecho de que la generalidad de las democracias se constituyen en base a ellas: «No veo que sea practicable. ¿Quién la va a convocar? Si se junta un grupo de dirigentes sociales y se constituyen como asamblea constituyente, eso no es más que un grupo de personas que se juntaron. No tiene ningún efecto práctico. Hay una mirada equivocada» (El Mercurio; 1-9-2012).
Además, Escalona desarrolla la peregrina idea de que aquellas se desarrollan para impedir o resolver un virtual conflicto bélico: «Cuando los estados se desploman hay fuerzas beligerantes que están relativamente equilibradas. Es una solución para resolver cuando los estados están en el suelo (sic), los beligerantes llegan a un acuerdo y nombran una constituyente para buscar una solución» (El Mercurio citado).
Pero quizá lo más sintomático es la implícita convicción de Escalona de que Chile ya tiene un auténtico sistema democrático, el cual ni siquiera está en crisis: «No hay una crisis institucional. Hay personas que confunden desencanto político con crisis institucional. Y ése es un gravísimo error. No veo una crisis institucional ni veo una situación política que propicie o valide una asamblea constituyente» (El Mercurio citado). Al igual que Ricardo Lagos, Escalona considera que lo único importante que se requiere modificar de la institucionalidad actual es el sistema electoral binominal: «El Presidente Lagos envió un proyecto de reforma que ha estado pendiente. La sala del Senado mandató a la comisión de Constitución a que emita un informe. Lo colocaré en la tabla y discutiremos. Nosotros tenemos veinte votos, y necesitamos veintitrés. Si nos acompaña el senador Bianchi, tendríamos 21. Si nos acompaña el senador Cantero, tendríamos 22. Si nos acompaña cualquiera de los senadores de RN que han manifestado su intención de cambiar el sistema binominal, tendríamos 23» (El Mercurio citado).
Es más, el senador Escalona ha llegado a las mismas formas de expresión que los líderes de la derecha han usado durante años para desechar la idea de sustituir nuestro sistema político autoritario: Que ello responde a aspiraciones de líderes políticos y no a las urgentes necesidades de los sectores sociales populares. Así, consultado por El Mercurio por sus dichos tan contrarios a la implementación de una Asamblea Constituyente, expresó: «Yo, puede que a veces diga frases que no les gusten a las personas, pero lo hago con la mejor disposición a llegar a acuerdos. Me angustia que nos podamos desviar a una situación que para la gente pobre pueda ser francamente una discusión esotérica» (El Mercurio; 9-9-2012).
Por otro lado, el ex precandidato presidencial del PS, José Miguel Insulza, señaló también «su preocupación respecto de la posibilidad de avanzar hacia una asamblea constituyente. Indicó que el país no está en una situación de crisis que justifique una medida así: ‘En esta sociedad democrática existía (sic), más allá de todas las peleas, discusiones y problemas, una cierta red de confianza que permitía (sic) que los actores políticos se junten y decidan las cosas de común acuerdo’, comentó. Añadió que ‘si eso se pierde, una asamblea constituyente es una confrontación y eso no lo queremos, yo no lo quiero por lo menos. A la asamblea constituyente uno sabe por donde entra, pero no por donde se sale'» (La Segunda; 29-8-2012).
Sintomáticamente, luego de aquellos pronunciamientos ni Osvaldo Andrade ni ningún otro de los dirigentes del PS han vuelto a recordar que han sido los propios órganos regulares de dicho partido los que aprobaron la idea de la Asamblea Constituyente. Desgraciadamente esto no debiera llamar la atención, dada la existencia de virtuales dictaduras fácticas al interior de nuestros partidos políticos. Recordemos como a mediados de la década pasada el Congreso Ideológico del PDC aprobó rechazar el lucro en la educación y cómo, acto seguido, el gobierno de Bachelet -con el apoyo de todas las dirigencias políticas concertacionistas- llegó a un festejado acuerdo (todos tomados de la mano…) con la derecha que consagró el lucro que había establecido la LOCE de Pinochet, aprobando la LGE.
Estas dictaduras partidarias se instalaron con la finalidad del liderazgo concertacionista de imponer a sus bases la convergencia del pensamiento económico a que aquel llegó con la derecha, «convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer» (Edgardo Boeninger.- Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; p.369). Esto en un primer momento se vio facilitado «por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes» (Boeninger; pp. 369-70).
Posteriormente ello requirió de la desaparición de los únicos medios de comunicación que podrían tener interés en denunciar aquella convergencia: los diarios y revistas de orientación concertacionista, pero cuyos directores no compartieran aquel viraje doctrinal. Para esto los sucesivos gobiernos de la Concertación bloquearon ayudas extranjeras (de Holanda) a dichos medios; les discriminaron el avisaje estatal; y llegaron hasta adquirir algunos de ellos para luego cerrarlos. Con ello liquidaron, entre otros, a La Epoca, Fortín Mapocho, Análisis, Apsi y Hoy. Y han luchado ¡desde 1997! en un juicio internacional para impedir -en la práctica- la reapertura del diario de centroizquierda Clarín, única posibilidad concreta de terminar con el duopolio El Mercurio–Copesa luego de la desaparición en 1998 de La Epoca. A tal punto, que una vez que el tribunal falló en 2008 a favor de su dueño confiscado e impago, Víctor Pey, ¡el gobierno de Bachelet solicitó su nulidad!, lo que estaría a punto de dilucidarse en los próximos días y que esperemos -por razones de justicia y de libertad de expresión- a favor de Pey.