Se ha consumado lo previsto, lo ya iniciado hace tiempo; simplemente se puso por escrito y se aprobó por el Comité federal el pasado día 17. No podía ser de otra manera, ya que este órgano de dirección, al igual que el Congreso, se ha conformado como simple prolongación del secretario general. Quizás esté mal […]
Se ha consumado lo previsto, lo ya iniciado hace tiempo; simplemente se puso por escrito y se aprobó por el Comité federal el pasado día 17. No podía ser de otra manera, ya que este órgano de dirección, al igual que el Congreso, se ha conformado como simple prolongación del secretario general. Quizás esté mal el decirlo, pero se está cumpliendo punto por punto lo que escribí en este mismo diario digital el 1 de junio pasado en un artículo titulado «El 18 de Brumario». Era evidente que Pedro Sánchez, tras ser ratificado por los militantes, iba a tratar de acaparar todo el poder en el PSOE. Se anuncia que únicamente se trata de dar voz a las bases; pero, en realidad, lo que se pretende es quitársela a los órganos pluripersonales para concentrar toda la autoridad en el jefe.
En el fondo, nada inesperado. No se precisa mucha perspicacia para darse cuenta de que las primarias, lejos de ser un instrumento de democratización de los partidos, se han convertido en un mecanismo para todo lo contrario, de hecho, destruyen la pluralidad y promueven el caudillismo. No nos puede extrañar, por tanto, que el Comité federal haya aprobado sin ningún voto en contra los estatutos propuestos por la Ejecutiva, que es lo mismo que decir que por Pedro Sánchez. A los barones, que a su vez son representantes de gran parte de la militancia, solo les ha quedado el pobre recurso de la no asistencia o de ausentarse en el momento de la votación.
Lo malo es que la uniformidad que se ha creado artificialmente en el PSOE produce efectos negativos en la sociedad y en el Estado. Por lo pronto, la imposibilidad de crítica interna y la inviabilidad del contraste de opiniones han originado que el sesgo a favor del PSC que mantiene Pedro Sánchez incline al partido socialista a adoptar posturas sorprendentes en materia territorial en lo referente a Cataluña, que difícilmente aceptarían sus votantes del resto de España.
El Gobierno quizás se haya equivocado en plantear un problema, el de la inmersión lingüística en Cataluña, antes de tener diseñada la solución; sin embargo, el hacerlo ha tenido un efecto positivo, obligar a que todos hayan tenido que definirse. No dudo de que, tal como afirman todos los que no quieren que cambie el statu quo, sea un tema sensible. Tal vez por eso conviene contemplarlo con toda frialdad y de forma aséptica, desde fuera. Y mirado así, es difícil encontrar justificación para que se discrimine a favor de uno y en contra de otro de los dos idiomas que son oficiales en Cataluña.
El primer secretario del PSC y detrás de él el PSOE de Pedro Sánchez (aunque lejos de interpretar el pensamiento de todos los socialistas) se apresuraron a salir en defensa de lo que eufemísticamente llaman el «modelo escolar de Cataluña» que, en el fondo, se reduce a mantener el catalán como lengua principal y casi exclusiva en la enseñanza, relegando el castellano a un papel casi residual. Quizás lo más sorprendente radique en los argumentos que se utilizan. Se afirma que la inmersión lingüística pretende evitar la segregación de los alumnos, atendiendo a la lengua, en dos grupos diferentes. Y jactándose de progresistas mantienen que no quieren que los castellanoparlantes se encuentren más tarde en inferioridad de condiciones al dominar de forma más imperfecta el catalán.
Hay que preguntarse por qué motivo el trato paritario de las dos lenguas, y la igualdad en el tiempo que se dedica a ambas, va a dividir a los alumnos, y hay que señalar que resulta preocupante que muestren, aunque de forma inconsciente, su visión supremacista cuando aseveran que no dominar completamente el catalán resta más posibilidades profesionales que no controlar a la perfección el castellano. En diversas ocasiones, los tribunales han dictaminado la necesidad de corregir esta situación discriminatoria sin que las fuerzas independentistas ni el PSC hiciesen el menor intento para que las sentencias se cumpliesen.
Tampoco los gobiernos centrales han hecho mucho para garantizar los derechos de todos los catalanes en materia lingüística. El único paso dado parece haber sido la chapuza introducida en la LOMCE y que ahora el Tribunal Constitucional ha invalidado como no podía ser de otra manera, puesto que la competencia es de la Generalitat. La única manera de que el Gobierno central pueda interferir en el tema es mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que está precisamente diseñado para corregir todas aquellas situaciones en las que las autoridades autonómicas no ejercen adecuadamente sus competencias.
Se entiende por tanto mal que algunos, desde distintos ángulos, comenzando por el PSOE, hayan defendido que no es este el momento de solucionar el problema. Lo cierto es que -dado que la Generalitat no parece que vaya a cumplir las sentencias- de no interferir ahora habría que aplicar de nuevo el art. 155, aunque lógicamente limitando su actuación a esta materia. Aún más, lo correcto hubiese sido que dicho artículo se hubiera aplicado mucho antes, en general en todas aquellas ocasiones en las que las Comunidades Autónomas se han negado a cumplir la ley o las sentencias de los jueces. Estaría entonces ausente ese carácter dramático y de excepcionalidad con el que se le ha revestido en esta ocasión. (Ver a este respecto mi artículo del 2 de noviembre del año pasado).
Pedro Sánchez está conduciendo al PSOE por una senda muy estrecha. Fuerza a la organización a adoptar comportamientos sectarios y bastante dogmáticos, que no pueden por menos que causar sorpresa. No puede extrañarnos que Ramón Tremosa, habiendo adoptado todos estos meses el papel de palafrenero de Puigdemont, y después de robar fotos a los políticos belgas, se haya dedicado durante el proceso de la elección de vicepresidente del BCE a denostar al candidato español y a hacer propaganda a favor del irlandés. Los independentistas catalanes nos tienen acostumbrados a denigrar todo lo que se refiere al Estado español, que quieran o no, hasta ahora, es el suyo, y que por lo tanto su deterioro irá también en su propio detrimento. Lo que resultaba, sin embargo, difícil de imaginar era que Podemos y mucho menos el PSOE actuasen de la misma forma.
La cuestión no giraba en torno a juzgar sobre las virtudes o defectos del señor de Guindos, sino de ver si era un español o un irlandés el que se sentaba en el segundo sillón de la institución más importante de la Unión Monetaria, y en la que reside el poder real por encima del de los gobiernos. Durante todos estos años, Italia ha notado claramente la importancia de que Draghi sea italiano. Hoy por hoy, las nacionalidades cuentan y mucho en Europa. Tampoco se trataba de escoger entre una mujer y un hombre; que yo sepa el señor Lane no pertenece al género femenino. Por otra parte, si la pulsión que siente Pedro Sánchez por promocionar a las mujeres es tan grande, podía haber renunciado a su candidatura en las primarias, con lo que hubiese sido una mujer la que hubiera llegado a secretaria general del partido.
El criterio de elección no era tampoco ideológico. Los dos candidatos pertenecen al Partido Popular Europeo, y sería difícil determinar cuál de ellos tiene un pensamiento más neoliberal. Resulta una ingenuidad pensar que al Banco Central Europeo pueden incorporarse representantes de otras tendencias. El reproche de haber trabajado en Lehman Brothers es desconocer los orígenes de la mayoría de los que ocupan puestos relevantes en la Unión Europea. Draghi fue vicepresidente, para Europa, con cargo operativo, de Goldman Sachs; Duisenberg fue vicepresidente del banco privado Rabobank; Jean-Claude Trichet, aunque al final fue absuelto, se vio acusado de haber falsificado las cuentas del Crédit Lyonnais; Mario Monti fue director europeo de la Comisión Trilateral y asesor de The Coca-Cola Company y de Goldman Sachs, y así se podrían continuar citando otros muchos casos. Por otra parte, me parece que Luis de Guindos y Pedro Solbes serían perfectamente intercambiables.
Al final, Luis de Guindos ha sido designado para el puesto, y Pedro Sánchez una vez más ha hecho el ridículo, y con él los eurodiputados socialistas que pasarán a los anales de la historia de la Unión Europa como el único caso en el que frente a dos candidatos de similares características se vitupera al de la propia nacionalidad y se hace propaganda por el contrario. Supongo que a más de uno dentro del PSOE la cara se le habrá puesto sonrosada. Pero qué se le va a hacer, le han elegido los militantes.
Fuente: https://www.republica.com/contrapunto/2018/03/01/psoe-pedro-sanchez/