Inhumanidad de espanto para los vencidos y sus familias, vergüenza para la Junta de Andalucía. Podemos haber perdido para siempre en Alfacar la tumba de Federico García Lorca y a todos los seres humanos allí asesinados, bajo el cemento y las excavadoras. En el Imperio Romano cuando el Senado decretaba la «Damnatio Memoriae» del enemigo […]
Inhumanidad de espanto para los vencidos y sus familias, vergüenza para la Junta de Andalucía. Podemos haber perdido para siempre en Alfacar la tumba de Federico García Lorca y a todos los seres humanos allí asesinados, bajo el cemento y las excavadoras.
En el Imperio Romano cuando el Senado decretaba la «Damnatio Memoriae» del enemigo de Estado vencido, se procedía a eliminar aquellos restos de su existencia que lo pudieran recordar, y hasta se prohibía pronunciar su mismo nombre.
No sé si también se dedicarían a derribar Plazas de Toros sin dejar piedra sobre piedra, como hizo el socialista Rodríguez Ibarra en Badajoz – robándonos a todos para siempre semejante lugar patrimonio de la humanidad -, o como se hizo con la cárcel de Carabanchel; si se dedicarían a retirar lápidas de fusilados del cementerio – como hizo recientemente la alcaldesa también socialista de Cáceres, María Carmen Heras Pablo -; o si se dedicarían a dar pucherazos chusqueros para que la palabra «República» no fuese a resultar la más pronunciada del lugar, estilo Real Academia de la Lengua Española.
Tampoco sé si serían capaces de llevarlo a tal extremo como para construir sus villas romanas, o sus calzadas, sobre los propios cuerpos insepultos de sus enemigos como se acaba de hacer en Alfacar, y como se ha venido haciendo en demasiados otros lugares de nuestra geografía.
Aunque me extrañaría que los paganos romanos se hubiesen atrevido a llevar dicha eliminación física del enemigo de Estado vencido hasta dicho punto, ya que profesaban un respeto ritual por los difuntos del que ha carecido el nacional-catolicismo perenne de estos últimos 70 años.
Pero lo que sí sé es que desde el Imperio Romano hasta nuestros días la comunidad internacional ha tenido ocasión de establecer un par de cosas al respecto, empezando por las Convenciones de la Haya y de Ginebra y sus leyes de humanidad, tras las que terminaría de cuajar ya el deber jurídico internacional de dar un trato decoroso a los restos mortales de todo ser humano.
No digamos ya de los escenarios de los crímenes contra la humanidad que, de ninguna manera, pueden quedar sepultados sin la preceptiva «investigación oficial efectiva e independiente» que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Y sé que los lugares para la memoria colectiva y el homenaje no pueden ser tratados ya de cualquier manera. Ni en España ni en ningún otro sitio. Según el conjunto de principios de Naciones Unidas para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, «el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado (…)» (principio tercero).
Sé que según la Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural, se reafirmará la obligación de las autoridades de proteger el patrimonio también de conformidad «a los principios del derecho internacional, los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública».
Más aún, se afirmará que «al aplicar la presente declaración, los Estados reconocen la necesidad de respetar las normas internacionales en las que se tipifican como delito las violaciones manifiestas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en particular si dichas violaciones guardan relación con la destrucción intencional del patrimonio cultural» (Pto. 9).
Y sé que desde otros instrumentos de referencia internacional, como los Principios de Chicago sobre justicia post conflicto, se contempla igualmente la debida memorialización de los lugares de represión como parte de las obligaciones educativas y en materia de memoria histórica (principio quinto)
Y por todo eso sé que la Junta de Andalucía mintió groseramente ayer al afirmar descaradamente que esta institución «no puede proteger la zona de fosas en Alfacar sin petición de los familiares de las víctimas». Porque en ninguno de tales instrumentos, ni en otros, se menciona siquiera que las familias deban hacer o solicitar nada, y que la Junta haya protegido o no el lugar, de forma acorde a todo ello, resulta ya una cuestión de voluntad política. Y sé que, en un escenario de tales delitos, la única intervención legal posible era la del ministerio fiscal y la policía judicial, no la de las excavadoras.
Y el señor Juan Gallo, Comisario de Memoria Histórica del Gobierno andaluz, que hizo en su nombre dichas declaraciones, también lo sabe a pesar de lo que dice para excusar las responsabilidades de la Junta socialista de Andalucía por lo que acaban de hacer.
Se trata en definitiva, una vez más, de una obligación del Estado democrático, de Derecho.
Y, una vez más, se falta a la verdad, se manipula, se toma el pelo a la ciudadanía de buena fe que no tiene porque ser especialista en Derecho internacional al leer un comunicado de la Administración que dice que no se ha podido hacer nada porque son los familiares los que no han actuado….como si fuese cosa de los familiares la responsabilidad estatal de velar por la normal vigencia de derechos humanos y los instrumentos internacionales.
Porque al revés de lo sostenido por el Sr. Gallo, es justamente la Junta de Andalucía, junto al Gobierno central, la que podía y debía haber velado por todo ello legislando al respecto, como sí que ha hecho Cataluña por ejemplo con su ley de fosas, o adoptando aquellas otras medidas necesarias dentro del actual marco para que algo así no ocurriese, y asegurar que dicho lugar de la memoria en Alfacar no se perdiese, ni se vulnerasen los derechos de víctimas y familiares reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Todo lo cual resulta más curioso todavía cuando, de hecho, había sido la propia Junta la que había llegado a manifestar públicamente hace unos meses que, habiéndose localizado finalmente o no el concreto emplazamiento de Lorca y los restantes desaparecidos en aquel lugar, aquello sería un lugar de la memoria protegido…lo contrario de lo que ha hecho finalmente de tapadillo…y además mintiendo para esconder la mano ¿es que puede dar más vergüenza de la que da?
La responsabilidad política, pero también jurídica y moral por todo ello, es inexcusable, aunque se arrojen fuera los balones que la Junta de Andalucía quiera tratar de arrojar ahora con toda celeridad, conscientes de la verdadera dimensión – con Federico García Lorca de por medio – de lo que acaban de perpetrar.
Y el caso es que, ya puestos a copiar de mala manera en la elaboración de la ley de la memoria – como se hizo con la Orden de Franco de mayo de 1940 respecto las exhumaciones «IKEA», de exhúmelo usted mismo – , el Gobierno Zapatero le hubiese podido copiar a Franco también la orden de 4 de Abril de 1940 disponiendo que «por los ayuntamientos se adopten medidas que garanticen el respeto de los lugares donde yacen enterradas las víctimas de la revolución marxista» (Boletín del Estado de 5 de abril de 1940, página 2320) y así , nadie habría construido nada sobre las tumbas de Alfacar ni sobre las de ningún otro lugar en estos últimos años en ningún otro lugar del país.
Porque Franco sí que decretó, en esa orden de 4 de abril, el carácter de «terreno sagrado» de hasta el último de los lugares de enterramiento de los caídos «por Dios y por España», así como estableció el estricto deber de protegerlo de todos los ayuntamientos del país.
Pero sobre las tumbas de los «rojos» que se eche cemento, y que salga algún portavoz autonómico diciendo la primera falacia que se le ocurra para salir del paso, que algo hay que decir, y poco importa la consistencia real de lo que diga. Y a mucha gente que haya leído esas declaraciones del representante de la Junta de Andalucía, sin más conocimientos jurídicos, hasta le habrá sonado razonable que, si las familias no se interesan, el Estado tampoco tenga porque hacerlo.
Porque de eso es justamente de lo que se aprovechan: a los responsables de este PSOE no les hace ninguna falta cumplir con normalidad sus obligaciones mientras puedan incumplirlas de tal manera que puedan dar algún argumento que suene medio a algo en los medios. Que después tampoco les faltarán ayudantes de la impunidad, siempre dispuestos a justificar el porqué, asunto tras asunto, este PSOE – que no el PSOE – nunca tiene que cumplir bien, con normalidad, lo que los gobernantes del resto de lugares civilizados con experiencias parecidas a la nuestra sí que cumplen.
Lo que sí confieso que ya no sé es qué otros actos indecorosos contra las víctimas de Franco y su sufrimiento – contra sus derechos y contra los deberes de Estado reconocidos por el derecho internacional – nos encontraremos en los periódicos antes de que termine la semana. La semana, no digo ni el mes, ni la legislatura, ay. Pero sé que sin duda nos los encontraremos, porque para este PSOE los derechos humanos y el respeto de la legalidad internacional sólo es una posibilidad si queda bien como invocación vacía en el discurso de turno.
Mientras tanto: inhumanidad sin límites para los vencidos y sus familias, vergüenza para la Junta socialista de Andalucía. Podemos haber perdido para siempre en Alfacar la tumba de Federico García Lorca y de todos los seres humanos allí asesinados, bajo el cemento y las excavadoras, en el lugar que los principales expertos apuntaban como lugar de su enterramiento clandestino Otra terrible muestra más de la «memoria histórica» que practica el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los responsables de este PSOE continúan destruyendo impunemente los lugares de la memoria del genocidio franquista. Lugares que no sólo arrebatan a la sociedad española, porque la tumba de García Lorca, de cada víctima del genocidio franquista, es un lugar de la memoria de toda la humanidad, y es a toda la humanidad a quienes nos lo han vuelto a robar por segunda vez.
Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro «El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad» y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.
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