Los municipios de la Costa del Sol, gobernados por el PSOE o el PP, no son ajenos a las prácticas urbanísticas al dictado de las grandes empresas, que han sacudido la costa malagueña. La millonaria entrada de dinero en los municipios, por la vía de permisos y recalificaciones, ha sido muy tentadora para personas cercanas […]
Los municipios de la Costa del Sol, gobernados por el PSOE o el PP, no son ajenos a las prácticas urbanísticas al dictado de las grandes empresas, que han sacudido la costa malagueña. La millonaria entrada de dinero en los municipios, por la vía de permisos y recalificaciones, ha sido muy tentadora para personas cercanas a la concesión de licencias. El deseo del sistema de que el GIL, y sólo el GIL, se lleve todos los palos es un intento desesperado para que dejemos de mirar la Costa del Sol. Ellos saben que hay mucha tela que cortar, y para olvidarlo las terminales mediáticas del PSOE trabajan a toda máquina.
El urbanismo como foco de corrupción municipal tiene su paradigma en Andalucía en Marbella, aunque éste no el único ayuntamiento cuyos ediles o alcaldes se han sentado alguna vez en el banquillo. El planeamiento urbanístico es la principal fuente de ingresos, absolutamente legítima, de los consistorios -aún sigue sin abordarse la llamada segunda descentralización-, pero también de los partidos políticos, así como de los propios alcaldes y concejales.
Es en este contexto, donde todo constructor que proyecte una gran obra en un municipio termina entregando un sobre en el ayuntamiento, es donde hay que situar la aparición y triunfo de Jesús Gil y su partido, el GIL, en Marbella a principios de la década pasada, tras años de gobierno del PSOE, formación sobre la que pesaba entonces la sombra de la corrupción, denunciada, incluso, desde sus propias filas por el que fuera alcalde, Alfonso Cañas. En su denuncia, Cañas llegó a involucrar al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, de mirar hacia otro lado para tapar la corrupción.
De esta forma, no fue nada extraño que un constructor como Jesús Gil prefiriera no tener que entregar sobres a políticos y presentarse a alcalde, lo que le permitió hacer negocios e impulsar una política populista que llevaría al GIL a gobernar en otros puntos de la provincia de Málaga -Estepona, Casares y Manilva- y Cádiz -La Línea y San Roque-, así como llegar a ser la lista más votada en Melilla.
La caída y desmembración del GIL motivó la absorción de sus miembros en partidos tradicionales, fundamentalmente PP y PA, pero también pequeños partidos de nuevo cuño, como el Partido de Estepona (PES), formado por ex gilistas y que apoya al alcalde socialista, Antonio Barrientos.
Sin embargo, la corrupción en la Costa del Sol no ha sido patrimonio exclusivo del GIL y sus herederos. Los juzgados de las principales ciudades de la zona están saturados de denuncias contra políticos por malversación de caudales públicos, contra la ordenación del territorio y prevaricación.
Operación «Ballena Blanca»
Uno de los últimos escándalos se produjo en Manilva, cuyo alcalde, Pedro Tirado, del Partido Democrático de Manilva (PDM), fue encarcelado por malversación de caudales públicos y cohecho por el caso «Ballena Blanca» -la mayor operación de blanqueo desarrollada en la Costa del Sol- y posteriormente puesto en libertad bajo fianza, lo que le llevó a dimitir.
La corrupción también alcanzó al alcalde de Mijas, Agustín Moreno (PSOE), denunciado ante la fiscalía por presuntas irregularidades en la explotación del hipódromo. Según el ex dirigente socialista Antonio Maldonado, la gestión se entregó a un amigo del alcalde.
En Antequera el alcalde socialista Ricardo Millán fue denunciado por negarse a dar información a la oposición sobre facturas sin consignación presupuestarias y por calumnias e injurias.
Otros ayuntamientos salpicados por la corrupción son Ojén, cuyo alcalde, Manuel Vázquez (PSOE), fue condenado a dos años por aprobar una licencia en una zona de protección medioambiental; pero también, Nerja, Rincón de la Victoria, Benahavís, Torremolinos, Benalmádena y Vélez-Málaga.
También han estado bajo la sospecha de la corrupción otros dirigentes del PSOE, como el ex diputado Rafael Ballesteros, el ex alcalde de Villanueva del Trabuco y José Antonio Arjona Bautista -condenado tres veces por el Tribunal Supremo- procesados y condenado este último por delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
También pasaron por los tribunales acusados del delito de cohecho, el ex alcalde de Torremolinos, Miguel Escalona (PSOE), finalmente absuelto, y su ex teniente de alcalde, Antonio Romero, que fue condenado.