El anuncio hecho por la secretaria de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, de que el Gobierno español normalizará la situación de los inmigrantes irregulares que demuestren una «relación laboral fehaciente» y lleven en el Estado español «un tiempo importante» ha generado una nueva agria polémica entre el PSOE y el PP, y gran número de […]
El anuncio hecho por la secretaria de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, de que el Gobierno español normalizará la situación de los inmigrantes irregulares que demuestren una «relación laboral fehaciente» y lleven en el Estado español «un tiempo importante» ha generado una nueva agria polémica entre el PSOE y el PP, y gran número de reacciones de organizaciones de inmigrantes y empresarios afectados. Mientras el partido actualmente en el gobierno subraya que este nuevo proceso de regularización tiene límites, el PP denuncia el supuesto «efecto llamada» que puede tener. Por su parte, los empresarios reclaman concreción de la medida, y organizaciones de inmigrantes critican que la responsabilidad de la regularización quede en manos de los empresarios. Y en medio, las mafias que empiezan a vender ofertas de trabajo falsas y supuestos asesoramientos a inmigrantes.
Con este proceso que el PSOE vende como una restitución de derechos a los afectados por la política de inmigración del PP, será posible que miles de personas que se encuentran trabajando en territorio del Estado español sin tener sus papeles en regla, puedan acceder a los permisos de trabajo y residencia que les permitan abordar un proyecto de vida. Pero no supone, en absoluto, una nueva política de inmigración, basada sobre supuestos diferentes a la establecida por la actual Ley de Extranjería. De hecho, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, que anuncia una nueva reforma de una de las leyes estatales que ha sufrido más remiendos desde su aprobación inicial, no hace un cuestionamiento de fondo de lo establecido por el PP, y se limita a regular conforme a la Ley la inmigración acumulada por su antecesor.
Ambos han demostrado en las sucesivas legislaturas en el Estado español, que la inmigración es un fenómeno ante el que no son capaces de dar una respuesta que vaya más allá del establecimiento de más o menos límites a la llegada de inmigrantes. Es más, el que ahora abordará el PSOE no será el primer proceso masivo de regularización, porque el Estado, a pesar de las trabas establecidas en la Ley, necesita periódicamente dar una vía de escape parcial y coyuntural a los miles de personas que llegan y se establecen en territorio del Estado español. Pero no hay voluntad de buscar soluciones a largo plazo que acaben con la marginalidad, la represión y el goteo de muertos entre quienes se juegan la vida para llegar a una Europa que les promete mucho pero no tiene ningún deseo de acogerles.