Unidas Podemos, también había anunciado su apoyo a la prisión permanente revisable, aunque cambió de opinión unas horas más tarde y declaró que votaría en contra. Lo que está confirmado y ratificado es que el PSOE votará a favor.
Recordamos que se trata de la iniciativa impulsada por el Partido Popular y Ciudadanos (junto a algunos partidos del grupo mixto) para castigar con prisión permanente revisable a los asesinos que oculten el cadáver de su víctima y para las personas condenadas que vuelvan a matar tras salir de prisión.
Lo más incomprensible es que el PSOE era uno de los partidos (junto a Unidas Podemos) que había presentado un recurso contra esta iniciativa ante el Tribunal Constitucional y hoy ha anunciado su apoyo a este proyecto. Total, que el PSOE -como es habitual- da un viraje rápido – siempre hacia la derecha- y sorprende no solo por haber sido el que presentara aquel recurso ante el TC, sino por su enésima traición a una de sus promesas electorales en el 2019.
Esta iniciativa saldrá adelante gracias al apoyo del PSOE
Su portavoz justifica además el voto a favor de este proyecto a todas luces violatorio de los derechos humanos, diciendo que la sociedad española estaría mayoritariamente a favor de un máximo castigo para delitos de especial gravedad.
Consultado de inmediato por Kaosenlared, Diego Boza Martínez, Coordinador General de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), ha expresado su rechazo de esta manera: «Es un grave retroceso. Otro más en esta deriva. El cambio de opinión del PSOE es increíble. Más aún cuando presentaron un recurso de inconstitucionalidad. Que el Tribunal Constitucional no considerara inconstitucional la Prisión Permanente Revisable (en una sentencia muy discutible) no significa que tenga que ser utilizada y, mucho menos, ampliada en su aplicabilidad. El discurso del populismo punitivo ha calado profundamente en algunos sectores mediáticos y sociales y la lógica de la mano dura justifica estas decisiones que son contrarias a los derechos fundamentales. Y, por supuesto, impropias de un gobierno que se dice progresista».
Para Violeta Assiego, activista de Derechos humanos y abogada: «Llamarlo ‘populismo punitivo’ también es un eufemismo. La ‘prisión permanente revisable’ es una violación de los derechos humanos que atenta contra la dignidad de los seres humanos e infringe un trato cruel, inhumano y degradante a un sujeto al que se le niega el derecho a la esperanza que recoge el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
Lo concreto es que tanto si se lo denomina “populismo punitivo” como “violación de los derechos humanos” (no necesariamente excluyentes) varias organizaciones, entidades y movimientos de derechos humanos se han expresado en contra de inmediato. Además, manifestaron su profundo desacuerdo con la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, el pasado 26 de octubre, cuando éste rechazó el recurso de inconstitucionalidad contra la denominada «prisión permanente revisable», e instaron a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que iniciaran su inmediata derogación.
Esas organizaciones, entre las que se encuentra la APDHA, sostuvieron que «el fallo del Alto Tribunal confirma un claro y terrible retroceso en el respeto de los derechos fundamentales», ya que, tal y como recordamos, «la prisión perpetua se encontraba derogada desde el año 1928». Desde entonces, tanto durante los regímenes constitucionales como dictatoriales, «la privación de libertad a perpetuidad no estaba contemplada en el ordenamiento jurídico».
Desde la APDHA recuerdan que: «Ni existían -ni existen- razones que pudieran justificar de forma extraordinaria la incorporación de la prisión perpetua a nuestro ordenamiento jurídico», ya que, de acuerdo con los últimos datos de Eurostat, «nos situamos entre los países con una de las menores tasas de homicidios de toda la Unión Europea, junto a Estados como Suiza, Noruega, Italia o Luxemburgo».
Juan Antonio Lascuraín, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y ex letrado del Tribunal Constitucional, se expresaba de esta manera: «Si logramos rascar la densa capa de emociones que irremediablemente generan los horrendos delitos a los que responde, nos plantearemos, quizás, que estamos ante una pena insoportablemente imprecisa y posiblemente de por vida, cuya duración además no depende ya de lo que el delincuente hizo, sino de lo que el delincuente es, o de lo que un tribunal penal, apoyado por especialistas, dicen que es, a pesar de que lo que precisamente subrayan los especialistas es la dificultad de pronosticar el comportamiento humano: la elevada probabilidad de los “falsos positivos”, de perpetuar el encierro de una persona a pesar de su falta de peligrosidad. Y nos encontraremos también con una pena difícilmente conciliable con el mandato constitucional de resocialización: ¿quién es el que sale de la cárcel, si sale, después de al menos veinticinco años de incierto encierro?» Almacén de Derecho
Las voces de activistas a pie de calle también se han expresado. Consultado Raúl Hernández Sánchez, activista anticarcelario respondió:
“A mi me parece que en primer lugar utilizar eufemismos para no decir prisión perpetua es tratarnos de idiotas, y en segundo lugar la prisión perpetua no respeta el principio de reinserción social bajo el que justifican como objetivo último la existencia de los centros carcelarios. Finalmente las cárceles cumplen el propósito de exterminar por lo que la prisión permanente revisable evidencia y ratifica la denuncia que estoy haciendo, pues las cárceles son un montaje de negocio lucrativo para empresas privadas que manejan presupuestos públicos saqueando al estado al que dicen servir en nombre de la seguridad. Su número es cada vez mayor y se podría decir que forman una franquicia. En esos centros de exterminio no se respetan los derechos humanos en ningún caso y están pensadas para personas de determinadas capas sociales, los ricos si entran salen por otra puerta mientras que los pobres se quedan dentro porque no alcanzan el estatus de ciudadanos de bien que poseen los que pueden pagar abogados. A renglón seguido la justicia se está privatizando también para lograr lo mismo, que es separar a los ricos de la clase trabajadora a la que explotan y conducen a la pobreza y a la delincuencia creando la inseguridad con la que justifican las cárceles y el sistema judicial en vez de invertir los recursos en justicia social que puedan prevenir la pobreza.”
También le preguntamos a Martín Bucio, activista y comunicador de radios populares y autogestionadas, y opina que:
“Eso técnicamente es una cadena perpetua encubierta, por lo que yo entiendo. Y bastante contradictoria con lo que presupone la legislación española, que es una justicia basada en la reinserción, y no en la restauración, como la yanki por ejemplo que busca que pagues (literalmente) a la sociedad por tu delito”.
Para finalizar, rescatamos el Manifiesto de Catedráticos de Derecho Penal Contra la Prisión Permanente Revisable, que recomendamos leer, ya que además de detallar lo improcedente de la PPR, mencionan no solo la transgresión a la Constitución, sino simplemente que la prisión permanente no es una buena ley ya que no aporta nada mejor a la sociedad, no evita los delitos más graves e implica un fuerte deterioro de los valores básicos y las garantías al respeto a los derechos humanos.