Los partidos mayoritarios están de acuerdo en que la ampliación del tiempo cotizado deberá ser gradual. PSOE, PP y CiU, e incluso UGT y CC.OO., creen que es la única forma para que el sistema público de pensiones sea sostenible en el tiempo. Cada nueva pensión perderá entre un 4 ó 5% si se amplía […]
Los partidos mayoritarios están de acuerdo en que la ampliación del tiempo cotizado deberá ser gradual. PSOE, PP y CiU, e incluso UGT y CC.OO., creen que es la única forma para que el sistema público de pensiones sea sostenible en el tiempo. Cada nueva pensión perderá entre un 4 ó 5% si se amplía de 15 a 20 años y alrededor del 20% si se hace a toda la vida laboral. También coinciden en que lo mejor es hacerlo de forma gradual. Y piensan que sería una buena opción que cada dos años se amplíe un año más el cómputo hasta que en 20 ó 30 años se haya adaptado a toda la vida laboral. Aprovechando la crisis, los trabajadores verán recortados de este modo sus derechos y conquistas, pero es más, con el tipo de contratos que se hacen hoy en día (en le caso de que se hagan), quién podrá sumar una cantidad importante cotizada a lo largo de su vida.
Los partidos políticos con representación parlamentaria deben renovar esta legislatura el Pacto de Toledo, firmado en 1995 y que establece las bases del sistema de pensiones español. Aunque se renovó en 2002, el Gobierno y el PP quieren modificarlo, ya que según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, las pensiones de los que tienene menos de 50 años no están garantizadas.
El objetivo de los dos principales partidos es cambiar el sistema de cálculo de la pensión, ampliándolo a toda la vida laboral del trabajador. En la actualidad el plazo es de 15 años -los últimos antes de la jubilación- y la intención del PP y el PSOE es aumentarlo cada dos años en 12 meses, de forma que dentro de 20 o 30 años el cómputo del cálculo abarque ya toda la vida laboral.
Un informe elaborado por la consultora Labour Asociados para la Seguridad Social admite que «el alargamiento del periodo de cálculo de las pensiones de jubilación tendría, sin lugar a dudas un impacto negativo sobre aquellos que se jubilan a los 65 años». Así, un aumento de 10 años en el modelo implicaría una rebaja cercana al 10%, si se suman los efectos de la reforma de 1997.
Pero si se extiende el plazo a toda la vida laboral -unos 45 años- los efectos sobre el dinero que reciben todos los meses los jubilados sería devastador. Un estudio publicado a este respecto por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) revela que la rebaja respecto a las cantidades actuales alcanzaría, al menos, el 30%.Por lo tanto, habrá que estar atentos a las reuniones de la comisión parlamentaria que debate estas cuestiones. De momento ya existe borrador de la reforma y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto con el líder del PP, Mariano Rajoy, quieren hacer de esta cuestión una de sus principales prioridades en el futuro.
Este enfoque quedó patente en el encuentro que mantuvieron ambos en La Moncloa el pasado 14 de octubre, según señaló el presidente del Ejecutivo en rueda de prensa tras el encuentro.»Hablar de todo lo que reúna consenso»
En el PSOE lo tienen claro, todo es negociable cuando del futuro de las pensiones se habla. La portavoz socialista en la comisión del Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, explica que la intención de su grupo de «hablar de todo lo que reúna consenso».
Por este motivo, elude mencionar propuestas concretas, aunque sí reitera que se debe hablar del cómputo de la pensión, recordando que el Pacto de Toledo habla de una mayor contributividad «no de toda la vida laboral». Ahora es el momento de acordar cómo se logrará este objetivo.
Por su parte, el portavoz del PP, Tomás Burgos, recalca que cualquier medida que se adopte exige «un desarrollo conjunto y equilibrado para no desnaturalizar el Pacto de Toledo».
En cuanto a la ampliación de vida laboral, Burgos recuerda que en esta legislatura se debe fijar la fórmula gradual. En todo caso, dijo, el objetivo es «no perjudicar a los que están a punto de jubilarse ni a los que comienzan a cotizar». Burgos recalcaque «no se puede perjudicar a los que están a punto de jubilarse ni a los que comienzan a cotizar».
Asimismo, Burgos considera imprescindible concienciar a la sociedad de la necesidad de los planes complementarios a las pensiones públicas, porque «el último salario y la pensión se van a ir separando». En este capítulo el PP pide al Gobierno que fomente el ahorro con un mejor tratamiento fiscal. En cuanto a prolongar la vida laboral más allá de los 65 años, el PP cree que las bonificaciones deben orientarse a apoyar a colectivos con dificultades para encontrar trabajo. En ningún caso, fomentar el anticipo de la jubilación con recursos públicos. Sobre las cotizaciones, desde el PP se considera «difícil tocarlas», porque, a su juicio, con cotizaciones más bajas se destruye empleo.
Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, insiste en que todas las reformas se han hecho buscando la equidad y hacer sostenible el sistema. También defiende fórmulas graduales para ampliar a la vida laboral, y que se busquen «estrategias» para que cada vez más trabajadores tengan un plan de pensiones. Por ello, no ve mal la reforma que se hizo en Suecia, donde se decidió que dos puntos de los cotizaciones de cada trabajador fueran a un plan de pensiones. También defenderá una reforma «integral» de la pensión de viudedad y que no se discrimine a los trabajadores por su edad.
Finalmente, los sindicatos recuerdan a los partidos que todavía quedan puntos del Pacto de Toledo por desarrollar, como es la equiparación de los regímenes del sistema o el tratamiento a la jubilación anticipada, recuerda el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.
Y el responsable de CCOO, Salvador Bangueses, dice que «no tenemos ningún problema para ampliar el periodo de cálculo. Se trata de ver los datos», aunque considera que ahora mismo «no es una necesidad». Eso sí, recalca, lo que se haga que sea de forma gradual, porque ahora la estabilidad laboral es peor.