El secretario general de los socialistas canarios (PSC-PSOE), Juan Fernando López Aguilar, aseguró el pasado lunes que su partido mantiene «la perspectiva abierta» para que, en el futuro, la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) pueda materializarse en el exterior. La Reserva de Inversiones de Canarias es un instrumento fiscal […]
El secretario general de los socialistas canarios (PSC-PSOE), Juan Fernando López Aguilar, aseguró el pasado lunes que su partido mantiene «la perspectiva abierta» para que, en el futuro, la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) pueda materializarse en el exterior.
La Reserva de Inversiones de Canarias es un instrumento fiscal mediante el cual se otorga a los empresarios instalados en el Archipiélago el privilegio de no tener que pagar impuestos por sus multimillonarios ingresos. Permite reducir la base imponible de los Beneficios No Distribuidos hasta en un 90% en el Impuesto de Sociedades y puede aplicarse, igualmente, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Gracias a la RIC, sólo en el año 2005 11.442 sociedades dejaron de pagar a la Hacienda pública 2158 millones de euros. Una cifra similar, según el delegado especial en Canarias de la Agencia Tributaria, a la que se «ahorraron» cada uno de los tres años anteriores.
Este regresivo mecanismo fiscal, que hace recaer el peso tributario sobre la población trabajadora a través de los impuestos indirectos con los que se gravan los artículos de consumo, se justificó desde su imposición como una herramienta útil «para estimular la inversión de las empresas en las Islas y la creación de empleo». Pero lo cierto es que, lejos de mejorar el bienestar general de la población, la RIC ha contribuido decisivamente a aumentar las desigualdades sociales, al detraer de las arcas públicas unos ingresos fundamentales para proporcionar servicios básicos como la Sanidad o la Educación.
Los empresarios patrocinados por esta insólita exención de impuestos han utilizado sus millones para operaciones que van desde la adquisición de terrenos para continuar depredando el territorio, o de apartamentos destinados a la especulación, hasta la compra de bienes de lujo, pasando por todo tipo de actividades fraudulentas de las que a menudo tenemos noticia por algún nuevo escándalo de corrupción. Pero existen otros destinos en los que estos sustanciosos fondos podrían proporcionarles mayores ganancias. Por esta razón, los agraciados de la RIC han realizado diferentes tentativas para intentar dar una nueva vuelta de tuerca al invento, logrando que se les permita invertirlos fuera de las Islas. Y, dada la escasa capacidad competitiva de las empresas canarias en relación a sus equivalentes europeas, desde hace tiempo han puesto sus miras en el continente africano. Estos planes de los empresarios canarios para conquistar los mercados africanos son estimulados por la certeza de que el insostenible modelo económico que ellos mismos han impuesto en las Islas, con la connivencia de los partidos institucionales, no podrá garantizar el sostenimiento de sus beneficios demasiado tiempo. Las numerosas subvenciones de la UE tienen fecha de caducidad, y se esfumarán sin que hayan servido, siquiera, para diversificar una economía totalmente dependiente del «monocultivo» del turismo y la construcción. Ante la evidente crisis de estos sectores, los capitales ya han comenzado a volar fuera del Archipiélago.
La pretensión de utilizar los fondos de la RIC fuera de Canarias, no obstante, desmiente el argumento de la presunta finalidad social, que se utilizaba como pretexto para justificar su «necesidad». Tal y como ha destacado uno de los diseñadores intelectuales de la Reserva de Inversiones – el ex dirigente del PCE Antonio González Viéitez – «el formidable beneficio que supuso la RIC para los empresarios se consiguió argumentando que la economía canaria era incapaz de generar suficiente inversión para sus imprescindibles procesos de crecimiento económico». Para Viéitez – que se ha convertido hoy en crítico tardío de la RIC, aunque sin asumir la responsabilidad política de haber sido uno de sus principales mentores – está meridianamente claro que «si lo que piden ahora es que les dejen invertir en África es que los empresarios tienen tantísimos recursos que les sobran por todos los sitios», «lo que hace desaparecer la razón por la que se creó la RIC».
La contradicción resulta tan evidente que el mismo presidente del Gobierno autónomo, Paulino Rivero, se vio obligado a reconocerla públicamente a finales del pasado año. En noviembre de 2007, Rivero aseguraba que el Ejecutivo consideraba «peligroso» efectuar dicho planteamiento ante la Unión Europea si se quería preservar el sistema de fiscalidad reducida presente en el REF. Paulino Rivero alertó a los empresarios patrocinados por su gobierno sobre el peligro de que tanto las autoridades comunitarias como el propio Gobierno español «empiecen a preguntarse si realmente necesitamos la RIC, si está cumpliendo el objetivo social con el que está planteada o si sólo sirve a los beneficios empresariales». Sin demasiados rodeos, el Presidente autonómico advirtió a quienes suelen financiar sus campañas electorales que era mejor dejar las cosas como estaban, a correr el riesgo de que Europa termine tirando de la cadena y mandando al sumidero el inaudito chollo fiscal del que disfrutan.
Pero, hete aquí, que cuando nuestros empresarios ya habían empezado a resignarse a la idea de que la sociedad canaria no les iba a financiar sus lucrativos negocios en el exterior, el PSOE ha venido a abrir una puerta de esperanza a su insaciable codicia. Aunque ya durante la pasada campaña electoral Jesús Caldera había adelantado algo a la patronal del Archipiélago, ha sido Juan Fernando López Aguilar -ex ministro de Justicia y aspirante a ocupar el puesto de interlocutor en Madrid de los intereses de la burguesía criolla – quien se ha encargado de comunicar la «buena nueva». López manifestó, con un gran despliegue de medios, el propósito del PSOE de lograr que la RIC pueda materializarse fuera de las islas. Adelantó, asimismo, la posibilidad de que este asunto ocupe el primer lugar de la agenda de los temas relacionados con Canarias que se tratarán durante la presidencia de España de la UE, en el primer semestre de 2008. El anuncio del pintoresco ex ministro López Aguilar cumple un doble objetivo. Por una parte, quiere dejar claro ante la burguesía isleña cual va a ser la posición del PSOE en los futuros planes europeos de recolonización del continente africano. Y, por otra, anuncia a la patronal canaria el relevo en la interlocución política con Madrid. Es decir, quien va a ser durante los próximos años el portavoz de los intereses empresariales en la capital del Estado.
Sin embargo, los socialdemócratas españoles, que en estos últimos treinta años de su historia han sobrepasado en múltiples ocasiones por la derecha a los gobiernos más conservadores de la UCD y PP, necesitan encubrir sus políticas neoliberales con alegres barnices «progresistas», para evitar quedar en evidencia ante sus ingenuos electores. En esta ocasión, el pretexto para disfrazar una propuesta que supondría la evasión definitiva de capitales hurtados a todos los canarios, a través de un mecanismo fiscal posiblemente sin parangón en el mundo, no ha sido excesivamente original. López Aguilar ha recurrido al manoseado argumento, ya utilizado por los viejos Imperios coloniales, del supuesto carácter «civilizatorio» de las inversiones de las metrópolis. Según el ex ministro, con sus inversiones en África la burguesía canaria contribuiría al «desarrollo» de ese continente. López Aguilar nos invita a creer, con la fe del carbonero, que los grandes magnates de las islas – los Cobiella, Tadeo, Lopesan, Santana Cazorla, etc.- harían en África justo lo contrario a lo que vienen haciendo en las islas. Sin perder demasiado tiempo en explicar cómo podría obrarse semejante milagro, Juan Fernando López Aguilar completó su guiño al empresariado, reprochando al Gobierno de Canarias su «falta de rigor, diálogo y consenso social» con ellos en la cuestión de la RIC. López Aguilar acusó también al Ejecutivo regional de «falta de seriedad en la interlocución de las propuestas que formula ante el Gobierno de España y las instituciones europeas» sobre este tema. Para terminar recordando que el vigente reglamento del REF, aprobado mientras él era ministro de Justicia, «establece más seguridad jurídica para materializar la RIC que la que había antes».
En definitiva, Juan Fernando López Aguilar ha retornado mediáticamente a las islas -tan fugazmente como de costumbre – para refrescar la memoria a los incautos sobre los planes que tiene su partido en relación con Canarias. A quienes creyeron en sus vacuas promesas electorales de regeneración social, López Aguilar les ha recordado su plena adhesión al modelo económico que rige actualmente en las Islas. Un modelo que nos sitúa a la cabeza del Estado en empleo precario, mantiene a un 28,5% de la población bajo el umbral de la pobreza y estimula la corrupción a todos los niveles. En suma, el ex ministro ha venido a dejar clara la firme determinación de la socialdemocracia canaria de sobrepasar, una vez más, a la derecha por la derecha.