Un año después del estallido social del 18 de octubre de 2019, decenas de miles de habitantes de Santiago tomaron la Plaza Dignidad y extensos alrededores de la misma en desafío al gobierno derechista de Sebastián Piñera, quien intentó durante toda la semana infundir temores anticipando actos de violencia y presumiendo acerca de los 40 mil carabineros listos para reprimir que, finalmente, no se animaron a salir a las calles.
Nuevamente el centro de Santiago fue una expresión multicultural y multicolor de diversidades: la bandera del pueblo mapuche flameaba por doquier, también las de la diversidad sexual y las de los movimientos de pobladores y de decenas de cabildos y asambleas territoriales de los barrios populares. Las únicas que no se animaron a salir fueron las de los partios políticos, castigados por la consigna “el pueblo unido avanza sin partidos”.
Un año de luchas
Hace un año que Chile puja por cambiar: la tarde del 18 de octubre de 2019, cuando comenzaba la hora punta de regreso a casa, los estudiantes de secundaria intensificaron una protesta que consistía en ingresar al metro de Santiago sin pagar el pasaje, a lo cual el gobierno respondió con represión dentro de las estaciones, que fueron gaseadas por los carabineros.
El único resultado plausible de las protestas es la promesa de un plebiscito que se realizará el 25 de octubre, para decidir acerca de un camino constitucional. Ninguna reforma estructural se hizo. Las causas profundas del estallido, las injusticias y desigualdades, siguen intactas. Los niveles de tensión social no han disminuido; y a medida que se han ido rebajando las restricciones por la pandemia, la gente ha recomenzado a protestar.
Las causas profundas del estallido, las injusticias y desigualdades, siguen intactas. Los niveles de tensión social no han disminuido; si bien la pandemia generó un estado de desmovilización. Hubo una pausa larga por la pandemia y a medida que se han ido rebajando las restricciones, la gente ha recomenzado a protestar.
Más de 3.000 chilenos sufrieron violaciones a los derechos humanos durante el estallido social del año pasado, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además se presentaron2.520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país. A un año del estallido social las causas judiciales contra miembros de las fuerzas policiales chilenas siguen estancadas. Las víctimas exigen justicia y que avancen las investigaciones.
Mientras eso pasaba, el presidente Sebastián Piñera se fue a comer con familiares a una pizzería en un barrio elegante de la ciudad, donde fue fotografiado y la imagen difundida por redes sociales, causando indignación. Luego, descolocado, decretó el estado de emergencia constitucional, sacó 30 mil militares a la calle y declaró la guerra contra un supouesto enemigo poderoso, incluso una agresión encubierta extranjera.
El 25 de octubre, la sociedad le respondió en la calle, con inmensas manifestaciones en ciudades y pueblos que convocaron a millones y que continuaron por meses.
El estallido dejó a la intemperie el colapso institucional generalizado, a manos de la indignación de las personas abusadas por un modelo económico, social y político que les arrebató su dignidad imponiendo un sistema de vida fundado en el endeudamiento para satisfacer necesidades básicas y de consumo, con todos los derechos sociales concebidos como negocio y privatizados y el Estado cumpliendo un papel apenas subsidiario.
Esta violencia es solo el correlato propio de las profundas desigualdades, la escandalosa discriminación, como la grosera concentración de la riqueza. Es la contundente respuesta de los explotados y abusados por el sistema imperante, de los mapuches que se merecen autonomía y respeto a sus valores; de los jóvenes marginados y sin ninguna esperanza de encontrar un trabajo digno.
De la inmensa mayoría de trabajadores pésimamente mal pagados; de los jubilados y sus pensiones de hambre, como del muy tardío e insuficiente reconocimiento de los derechos de las mujeres y niños. De un Chile que demostró con la pandemia tener muchos más pobres e indigentes que los que reconocía, familias hacinadas y sin asistencia estatal mínima en todo el territorio y servicios públicos en manos del capital foráneo y de los más inescrupulosos empresarios de la Tierra.
Chile vive en una tensa calma que en cualquier momento puede traer altos niveles de violencia. Las reformas policiales prometidas no se han realizado, los avances políticos son escasos, la pandemia ha afectado desigualmente más a los pobres y la situación económica es muchísimo más crítica que hace un año.
La nueva constitución, más que válvula de escape, puede convertirse en el imán que permita generar los puentes para unificar a la sociedad sobre un sueño de país común. La derecha saca sus armas, en especial las comunicacionales, para desanimar a la gente a salir a votar, con la excusa de la pandemia
El proceso constituyente es una forma de canalizar las muy altas expectativas ciudadanas, porque hay un sentimiento de esperanza, pero también hay escepticismo de hasta qué punto este proceso está capturado por los actores políticos tradicionales, más que por una participación efectiva que involucre a la ciudadanía.
* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)