Una larga huelga de hambre de cinco presos políticos mapuche, rodeada de importante solidaridad, parece estar mostrando la profundización de la larga lucha de un pueblo por la recuperación de sus tierras y el control de sus territorios. «Denunciamos que Chile es el único país de América Latina donde se persigue y encarcela a miembros […]
Una larga huelga de hambre de cinco presos políticos mapuche, rodeada de importante solidaridad, parece estar mostrando la profundización de la larga lucha de un pueblo por la recuperación de sus tierras y el control de sus territorios.
«Denunciamos que Chile es el único país de América Latina donde se persigue y encarcela a miembros de un pueblo originario ancestral que lucha por sus derechos», señala la Carta Abierta enviada el 11 de noviembre por los cinco presos en huelga de hambre desde el 10 de octubre en el penal de Angol. Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Juan Millalen, José Huenchunao y Héctor Llaitul asumieron la representación de los 18 presos mapuche en diversas cárceles de Chile y lanzaron una huelga de hambre «líquida e indifenida» con dos objetivos básicos: la libertad de todos los presos que se definen como «presos políticos», y no como terroristas como apunta el gobierno de Michelle Bachelet, y «la desmilitarización y el fin de la represión hacia las comunidades movilizadas por sus derechos políticos y territoriales».
Los presos se consideran «rehenes del Estado chileno» y denuncian la gran cantidad de carabineros estacionados en las zonas de Lleu Lleu, Ercilla, Vilcún, Chol Chol, Traigen y Alto Bio Bio. En esta ocasión la represión no está consiguiendo aislar la lucha mapuche. En las ciudades sureñas de Temuco y Valdivia se han realizado manifestaciones y acciones en solidaridad con los presos, así como en Santiago, y se han desarrollado varias jornadas de solidaridad en países europeos. El 12 de noviembre una delegación de parlamentarios venezolanos visitó la cárcel de Angol y manifestó su preocupación por el estado de salud de los presos que habían perdido entre 15 y 20 kilos. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) envió una carta a la presidenta Bachelet, a través de su coordinador Miguel Palacín, en la que le exige abrir un diálogo con las autoridades del pueblo mapuche.
Hasta ahora el gobierno chileno mostró total indiferencia, pero el 19 de noviembre la Gendarmería interpuso un recurso para intervenir la huelga de hambre e internar a los presos en algún centro asistencial en caso de que se registre un deterioro mayor de su salud. El 21 de noviembre, familiares y amigos de los presos políticos mapuche iniciaron una huelga de hambre en la catedral de Cañete. En un comunicado recuerdan que bajo los gobiernos de la Concertación Democrática (desde 1990) han sido procesados 400 mapuche por la Ley de Seguridad Interior o la Ley Antiterrorista, ya que el Estado chileno considera la resistencia mapuche por sus tierras como terrorismo.
Una nueva etapa de la lucha mapuche
Según el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, el actual movimiento mapuche que emerge en los años 80, en la etapa final de la dictadura de Augusto Pinochet, «ha protagonizado por lo menos tres grandes ciclos de movilizaciones por sus derechos»[1]. El primero se registró bajo la dictadura con el objetivo de defender las tierras comunitarias. Luego, al comienzo de la transición democrática, en 1989, se realizó el acuerdo de Nueva Imperial por el cual la Concertación se comprometió a impulsar una nueva ley indígena a cambio de que los mapuche renunciaran a la movilización. Muchos temían, señala Toledo, que se repitiera el proceso de tomas de tierras masivas de los años 1970-1973 durante el gobierno de Salvador Allende.
En respuesta a la cooptación que supuso ese acuerdo, nace en 1990 el Consejo de Todas las Tierras que exige autonomía y participación política y realizan tomas simbólicas de tierras. En 1992, el gobierno detiene a 70 comuneros y los acusa de «delincuentes», y la justicia procesa a 144 mapuche por «usurpación» y «asociación ilícita». El proceso estuvo plagado de vicios y fue considera una aberración jurídica.
Hacia 1997 se abre un nuevo ciclo a través del estallido de múltiples conflictos que afectan a las grandes empresas forestales y de energía. El Estado, aliado incondicional de las empresas, ve desbordada su política indígena ya que las dos organizaciones estatales de asistencia (la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas) colapsan al no poder responder a las demandas de las comunidades. Sin política y sin querer conceder derechos, el gobierno endurece la represión.
El caso Ralco (1997), un megaproyecto energético en tierras mapuche en el Alto Bio Bio, supuso un parteaguas ya que el gobierno violó la legislación para echarlo a andar. «El murallón de Ralco levantó una frontera política entre los mapuche y el Estado», asegura Toledo. Ese mismo año, el caso Lumaco, dos millones de hectáreas de plantaciones forestales artificiales y una planta de celulosa, se convirtió en «un enclave que ha transformado la geografía y el poder en el sur del país, alterando el medio ambiente y empobreciendo a las regiones».
Forzado a la movilización ante la inexistencia de vías legales para el pueblo mapuche, el movimiento se fortalece y despliega iniciativas culturales, artísticas y de medios de comunicación propios. Surgen nuevas organizaciones territoriales como la Coordinadora Arauco Malleco y la Asociación Nankucheo de Lumaco. Fruto de la movilización se recuperan tierras, a tal punto que los fondos estatales de compras de tierras para las comunidades pasan de unos 5 millones de dólares en 1995 a más de 30 millones en 2001, bajo el gobierno de Ricardo Lagos.
Nuevamente la respuesta a esta nueva oleada de movilizaciones fue la criminalización de la protesta. Se abrieron procesos ante la Justicia Militar durante los años 2000 y 2001, hasta que a fines de este año se comienza a aplicar la Ley 18314 o Ley Antiterrorista, en el marco del clima generado por los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos. Se combina represión con labores de inteligencia y cooptación de la intelectualidad indígena. Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 son procesados 209 mapuche sólo en la región de la Araucanía, mientras cientos son detenidos en manifestaciones, golpeados y maltratados. Según Toledo, se trata de una verdadera «guerra sucia».
En noviembre de 2004 los mapuche ganan una batalla jurídica en un terreno en que no cosechaban más que derrotas. Uno de los pilares de la criminalización de la protesta se desmorona ante la estrategia de los defensores que demuestran que «terrorismo» no son daños a bienes sino «desprecio de la vida humana, o poner en peligro el orden constitucional». Los incendios y lanzamientos de artefactos, que son los medios que utilizan las comunidades, no pueden ser considerados terrorismo. Los acusados son absueltos.
Hacia la profundización de las luchas
Con el gobierno de Michelle Bachelet (1996) las cosas no cambiaron. La represión se mantiene intacta aunque ya no se aplica la Ley Antiterrorista. «El movimiento mapuche logró sortear los embates de la criminalización, con movilización social y una activa apelación al sistema internacional de derechos humanos, abriendo oportunidades para un cambio de marco de la política indígena y profundización de la democracia», sostiene Toledo.
Iván Llanquileo, lonko de la comunidad Juana Millahual, quien estuvo dos meses en prisión y fue puesto en libertad el 9 de noviembre, sostiene que recién a partir de las luchas de 1997 «se pasa a otra etapa en la lucha mapuche que consiste en entrar a un fundo, trabajar, defenderlo y en definitiva ejercer control territorial»[2]. A través de la acción directa, su comunidad ha conseguido recuperar cientos de hectáreas de las 10 mil usurpadas por los colonos y traspasadas luego a las forestales.
En esta nueva etapa ya no se ocupan las tierras de forma simbólica como a comienzos de los 90, sino de forma permanente y para producir su vida cotidiana. Y ya no piden tierras sino territorio. Esto los lleva a un enfrentamiento frontal e inevitable con las multinacionales de la minería, la energía y el papel. Ellos mismos aseguran que no tienen otra opción. Los mapuche se definen como «un pueblo que se resiste a desaparecer». La Coordinadora Arauco Malleco, que se define como «anticapitalista, antiimperialista y libertaria», difundió un comunicado en el que asegura que «nos encontramos en una coyuntura histórica de extinción o continuidad cultural, social y territorial, es decir, entre la vida o la muerte de nuestro mundo mapuche»[3].
Notas
[1] Víctor Toledo Llancaqueo, «Prima ratio. Movilización mapuche y política penal», en revista OSAL No. 22, Buenos Aires, septiembre de 2007,
[2] «Entrevista a Iván Llanquileo», 19 de noviembre de 2007, en www.eutsi.org
[3] «Los mapuche en pie», revista Ojarasca, México, noviembre de 2007.
– Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios grupos sociales.