Durante estas tres (3) primeras semanas del gobierno de Gustavo Petro se ha presentado una oleada de movilizaciones y protestas locales.
Los indígenas en Cauca (Nasas y Misak) se movilizaron por tierras y para hacer cumplir acuerdos con el gobierno anterior. En el Valle y en Risaralda indígenas Emberá bloquearon la carretera a Buenaventura y Quibdó, respectivamente. Comunidades vecinas de Choachí, Ubaté, El Guavio, Santa María y otros municipios de Cundinamarca y Boyacá lo hacen por el abandono de las carreteras terciarias. En Antioquia también protestan mineros artesanales y otros sectores. Igualmente, las comunidades vecinas del Canal del Dique en Atlántico y Bolívar presionan para incidir en las condiciones del contrato multimillonario que se va a adjudicar.
Pareciera que algunos gobiernos locales y regionales no reaccionan para resolver dichos problemas acumulados en el tiempo y utilizan tal fenómeno para presionar al gobierno nacional.
Es clave la reacción del gobierno. Petro ha llamado a fortalecer la organización popular; y la ministra de Agricultura convoca a respetar la Constitución y a utilizar la legalidad, y no “invadir tierras”.
En otros países vecinos algunos gobiernos progresistas y de izquierda han cometido graves errores en esa materia. No han sabido combinar la lucha “por arriba” y la fuerza “desde abajo”.
– El presidente Evo en Bolivia reprimió al pueblo por defender el TIPNIS[1] y por la protesta contra la subida del precio de la gasolina (“gasolinazo”).
– En Ecuador el presidente Correa se enfrentó con los pueblos indígenas y apresó injustamente a líderes por oponerse al extractivismo depredador (minería y exploración petrolera).
– Dilma Rousseff en Brasil reprimió las protestas juveniles y la oposición a la forma como se manejaron diversos temas relacionados con la realización de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol.
Muchos más gobiernos progresistas y de izquierda no han sabido manejar este problema.
Es claro que las “derechas” pueden utilizar la movilización popular para desestabilizar a un gobierno que inicia su administración dado que las necesidades apremian y la gente tiene expectativas muy altas y, a veces, desproporcionadas.
Frente a esa situación es donde un gobierno de cambio debe demostrar su naturaleza democrática y su mirada de mediano y largo plazo.
“Ir despacio, sin afanes y sin aventuras” no significa desmovilizar al pueblo.
Al contrario, hay que fortalecer la organización y la movilización popular, y orientarla para que se concentre en los aspectos que sirven a un verdadero cambio: transformación del aparato productivo, paz integral o “total” y democracia a todo nivel.
Los gobiernos del cambio no deben reprimir al pueblo. No obstante, todos debemos comprender que todavía no se ha accedido al “Poder” y que las fuerzas populares solo han llegado a través de Petro y Francia a ocupar “una parte” del gobierno. Se requiere acumular mucha más fuerza organizada, consciente y transformadora.
En el caso del Norte del Cauca la presión que desarrollan los Nasas sobre las tierras dedicadas al cultivo de la caña de azúcar está obligando a las comunidades negras -que fueron quienes “domesticaron” ese territorio- a identificar sus intereses frente a la pretensión indígena y al poder de los ingenios azucareros.
Muchos temas y conceptos se conjugan en ese conflicto. Propiedad y función de la tierra, producción y medio ambiente, interculturalidad y ancestralidad, reconstrucción histórica y memoria colectiva, etc. El programa político del Pacto Histórico cuenta con las herramientas para contribuir a juntar voluntades y a unificar diversos sectores sociales para avanzar por nuevos caminos.
Diálogo y más democracia es la fórmula.
[1] TIPNIS: Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.
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