“¿No os parece que Valencia hipoteca su futuro a cambio de un puerto insaciable e ineficiente?” La Comissió Ciutat-Port, que promueve la campaña ciudadana contra la ampliación del Puerto de Valencia, dirigió esta pregunta en las redes sociales el 14 de febrero al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSPV-PSOE), y al alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), entre otros responsables políticos; “No compensa”, se respondieron los activistas.
Tres días antes, vecinos e integrantes de la Comissió se concentraron en la explanada del Edificio del Reloj, dentro del recinto portuario, donde desplegaron una gran pancarta –No a l’ampliació del port– y celebraron el Consejo Ciudadano contra la macroampliación.
La movilización coincidió con el informe de Transport & Environment que sitúa al Puerto de Valencia –de titularidad estatal- como séptimo más contaminante de Europa y tercero del estado español (en emisiones de CO2), por detrás de los puertos de Algeciras y Barcelona; a ello se agrega que los beneficios del sector “suben como la espuma”, valora la ONG.
La Comissió informó el pasado 9 de marzo de la Campaña No a l’ampliació del Port-2022 en el Centre Social i Cultural Ca Revolta de Valencia; uno de los puntos centrales es el requerimiento de donaciones populares para afrontar gastos judiciales, así como la organización de manifestaciones y acciones de difusión (la información detallada está disponible en http://www.noampliacioport.org/actua/).
En el acto de Ca Revolta se presentó, asimismo, el blog de la iniciativa Sense Murs (II Trobada de Muralistes per l’Horta), que dedica la edición de 2022 al Puerto de Valencia (la anterior, de 2018, se centró en los impactos de la Zona de Actividades Logísticas –ZAL- del Puerto en l’Horta de La Punta).
Buena parte de los argumentos contra la Ampliación Norte del Puerto están recogidos en los textos del blog, junto a las imágenes de los murales: “Con su crecimiento y avaricia insaciable, acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo, (el puerto) no se ha quedado satisfecho con robar las playas del Sur y la desembocadura del (río) Turia, dejando a todas las habitantes del barrio de Natzaret rodeados de contaminación por los buques, ruidos de grúas y productos tóxicos vertidos en el alcantarillado”.
Además los artistas de Sense Murs hacen referencia al proyecto de ZAL –todavía por ejecutar-; desencadenó una “guerra de baja intensidad” contra los vecinos principalmente en 2002 y 2003, según denunció la fallecida activista y expresidenta de la Associació de Veïns La Unificadora de La Punta, Carmen González. La iniciativa de la APV para la implantación de una gran área logística implicó, pese a la resistencia popular, la destrucción de 70 hectáreas de huerta; el desarraigo de 150 familias (que perdieron su modo de vida) y la destrucción de 200 casas de huerta, alquerías históricas, viviendas y barracas.
Hoy los colectivos rechazan, además de la ZAL, el proyecto de Nueva terminal Norte, que incluye un muelle de 137 hectáreas de explanada, 1.970 metros de línea de atraque y una anchura de 700 metros, con una capacidad para la importación y exportación de cinco millones de TEUs (unidad de medida de los contenedores estándar) anuales.
Según el blog, la mencionada Ampliación Norte implicará –entre otros impactos- “la estocada final a las playas del Parc Natural de l’Albufera; la multiplicación de la contaminación atmosférica por los buques y el tráfico de camiones; o la necesidad (generada por la Ampliación) de un nuevo Acceso (portuario) por el Norte”.
Por ello se reivindica, además de la paralización de la Ampliación Norte, la reversión del dique norte del puerto, que se paralice la ZAL y recuperen los terrenos –previstos para el gran polígono logístico- para uso ciudadano.
De la Comissió Ciutat-Port forman parte, entre otras entidades, Joventut pel Clima-Fridays for Future, la Associació de Veïnes i Veïns de Natzaret; la plataforma El Litoral per al Poble, Ecologistes en Acció, Per l’Horta, Acció Ecologista Agró, Intesindical Valenciana, CGT-País Valencià, o Comisiones Obreras-Educación.
En el acto de presentación se informó del frente judicial. La Audiencia Nacional admitió a trámite (diciembre 2021) el recurso del movimiento ciudadano contra la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica (marzo 2021), que declara “órgano sustantivo a los efectos de normativa ambiental” –respecto al proyecto de macroampliación-a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV); de este modo, la APV se convierte en “juez y parte”, critican los activistas, ya que es la entidad promotora de la Ampliación Norte del puerto valenciano.
Otra de las denuncias del movimiento ciudadano está relacionada con el “rescate” de concesiones al grupo Boluda, que actualmente investiga el Tribunal de Cuentas.
Por último, la Comissió Ciutat-Port proyectó el documental titulado Sota el port està el litoral. La lluita contra l’ampliació del port de València, de Guillem Porcar y Óscar Romero, que se estrenó en diciembre en los cines Babel de Valencia.
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