La ley de extranjería se erige como un muro para obtener los papeles, pero más allá de eso está la estigmatización de la migración y las dificultades para hacer trámites tan básicos como el empadronamiento.
El incendio en la nave del barrio del Gorg de Badalona ha puesto sobre la mesa la situación de precariedad a la que muchas personas migradas se ven abocadas en España. Lejos de afectar solo aquellas que están en situación administrativa irregular, personas que llevan años viviendo aquí y tienen papeles también sufren los efectos de una estigmatización de la migración que impide acceder de forma normalizada a derechos básicos como la vivienda.
El origen de esta precariedad estructural es una ley de extranjería «discriminadora y racista» que establece unos «condicionantes muy difíciles de superar», según la activista antirracista Sara Cuentas.
«No es casual, porque es fruto del racismo institucional». Gemma Ferreón, coordinadora de incidencia política de SOS Racisme, habla sobre el incendio en la nave de Badalona en la que vivían 150 personas y donde murieron al menos cuatro. Para Ferreón, este «racismo de estado» vulnerabiliza a las personas migradas «en todos los aspectos».
El empadronamiento es uno de ellos. Este trámite tan básico es fundamental para justificar los tres años de estancia en el país que permiten acceder al permiso de residencia, y también es la puerta de entrada a servicios básicos como la sanidad.
A pesar de que, por ley, los ayuntamientos lo tienen que facilitar a todo el que viva en el municipio, a la práctica, en algunos lugares es difícil acceder a él si no se tiene un domicilio fijo, como es el caso de personas sin hogar o que están ocupando. «Si niegas el padrón, se alarga la situación de precariedad», afirma Ferreón.
Sara Cuentas, periodista y feminista decolonial de la Red de Migración, Género y Desarrollo, apunta que el hecho de que municipios como Badalona no cumplan la normativa en este aspecto genera «un obstáculo grave». «Hay un marco jurídico muy claro y es decisión de la propia Administración», añade Ferreón. El abogado social Albert Parés puntualiza que, aunque en Badalona en teoría se permite, «hay demasiadas trabas» y habría que «agilizar la normativa».
Una cuestión de voluntad política
Facilitar el empadronamiento es una situación que se puede conseguir con voluntad política, según los entrevistados. Un ejemplo de buenas prácticas en este tema, según SOS Racisme, es el Ayuntamiento de Terrassa. El teniente de alcalde de Derechos Sociales de este municipio, Noel Duque, explica que en 2019 había 800 personas en lista de espera para ser empadronadas.
Muchas de ellas no tenían domicilio fijo y esto las hacía «más difíciles de regularizar según un sistema ya obsoleto». Ampliando los equipos de inspección y facilitando la gestión telefónica rebajaron la lista hasta 200 y ahora intentan poner el contador a cero. «Hemos hecho un trabajo duro y en pro de los derechos humanos», destaca.
Más allá de esta actuación, el municipio ha llevado a cabo en el último mes una intervención con una quincena de jóvenes que vivían en una nave industrial abandonada y que han sido trasladados a pisos sociales ante el riesgo de derrumbamiento del edificio. Se trata de una intervención puntual que no podrá llegar a las 150 personas que, según el consistorio, viven en este tipo de naves.
La mayoría están en situación irregular. «Intentamos dar la atención que podemos, pero cuando llegamos al tema vivienda se acaban nuestros recursos«, explica Duque. «A nivel habitacional, ningún ayuntamiento tiene respuestas», añade.
Sara Cuentas reitera que las personas que ocupan no lo hacen porque quieran sino «porque no hay otra opción». El alquiler de habitaciones ha alcanzado unos precios que superan la capacidad de pagar de muchas familias, y para acceder al alquiler social «tardas años». Por todo ello, «hay mucha dificultad», especialmente en la vivienda.
No se trata solo de un tema de papeles. Cuentas destaca que «el estigma de la migración» condiciona también a muchas personas en situación regularizada tanto para encontrar trabajo como para alquilar un piso. «Eres leída como extranjera y no hay confianza. Esta mirada estigmatizadora está muy arraigada«, apunta. Ferreón lo suscribe. «Hay todo un racismo detrás. Esto hace que no puedan acceder a muchos de los pisos en alquiler que hay y tengan que buscar otros, quizás más precarios. La Administración aquí tampoco actúa«, critica.
En cuanto a la vivienda social, en Terrassa actualmente hay 70 personas en espera en la mesa habitacional, según el consistorio. «Pero los ayuntamientos no damos más de sí», lamenta Duque. El teniente de alcalde explica que han pedido una reunión con la Generalitat, «que parece que ha despertado a raíz de lo que ha pasado en Badalona».
Problemas de confianza
Los servicios sociales no llegan a todos los casos, en parte por falta de recursos y también por «la priorización del capital y la economía de mercado por encima de los derechos básicos», remarca Ferreón. Pero, además, también hay personas que rehúsan las ayudas. Es el caso de algunos de los supervivientes del incendio de Badalona, que prefirieron no acogerse a la estancia temporal en un albergue que les ofrecía el ayuntamiento.
«Hay un problema de confianza en las instituciones ganado a pulso», explica Ferreón. Duque coincide y afirma que muchas veces «las instituciones dan miedo» por si la entrada al circuito acaba derivando en la expulsión por el hecho de no tener papeles.
«El trabajo social choca con el policial», lamenta el teniente de alcalde. En Terrassa, el día que los trabajadores municipales fueron a buscar a los jóvenes para trasladarlos a los pisos, la Policía Nacional se presentó y detuvo a cuatro de los chicos por no tener papeles. «Entonces todo el trabajo social se esfuma, y además consigues que estos chavales no confíen en la Administración», critica Duque. Gracias a la presión social y municipal fueron puestos en libertad en pocas horas, pero no es así en todos los casos.
El incendio de Badalona ha puesto el foco en una situación que está normalizada en el día a día. «Las propias administraciones son las que solo cuando estos casos se hacen mediáticos ponen el foco en el racismo institucional y corren a dar soluciones esporádicas», concluye Ferreón.
Colapso en las oficinas de Extranjería
En los últimos meses han aumentado las dificultades para pedir cita en las oficinas de Extranjería, ya notables antes de la pandemia. Según una encuesta del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, un 65% de personas han tenido que pagar a terceros para conseguirla. «Hemos denunciado las demoras pero la situación no cambia y esto permite que muchas personas hagan tráfico de las necesidades de otros», critica la activista antirracista Sara Cuentas. Este colapso es la causa de que muchas personas estén a punto de perder la residencia. «Hay una falta de inversión endémica en la administración de Extranjería», denuncia Gemma Ferreón, de SOS Racisme.
Respuesta “negativa y contundente” a la regularización masiva
Colectivos antirracistas señalan la vulnerabilidad añadida que supone no tener papeles durante la crisis sanitaria
Al inicio de la crisis derivada de la pandemia, un centenar de colectivos antirracistas de todo el Estado enviaron una carta al Gobierno exigiendo la «regularización urgente, permanente y sin condiciones» de las más de 600.000 personas que viven en España en situación administrativa irregular, como había hecho Portugal. Se trataba del inicio de la campaña #RegularizaciónYa, que fue apoyada por 1.500 entidades. Aun así, en septiembre el Congreso de los Diputados rechazó la propuesta no de ley para sacarla adelante, con los votos contrarios del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.
«Nos preocupa que el Gobierno haya negado todo proceso de demanda de regularización masiva», apunta Sara Cuentas, periodista y feminista decolonial de la Red de Migración, Género y Desarrollo. «La respuesta negativa y contundente del Estado a esta medida muestra que no hay voluntad política de que todos salgamos adelante», añade la coordinadora de incidencia política de SOS Racisme, Gemma Ferreón.
Cuentas desmiente que la regularización de las personas sin papeles tenga que provocar ninguna crisis porque las que están regularizadas «están trabajando, están contribuyendo». Con la pandemia, muchas personas que hacían trabajos informales se han quedado sin ningún ingreso. «Hay mucha precarización y en 2021 esto causará una situación muy grave para la población migrada«, advierte Cuentas. Una situación regularizada es clave para acceder a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital y también a los servicios sociales. «Pero son personas que no tienen derecho a tener derechos», lamenta.
En pleno confinamiento se autorizaron permisos de trabajo temporales para personas que trabajaran en el campo, por ejemplo, y Ferreón apunta que esto se trata de una «instrumentalización de la migración: cuando aportan ciertos beneficios a la sociedad parece que son bienvenidos, pero cuando no, son rechazados». Para Cuentas, hace falta una flexibilización de la concesión de las autorizaciones de residencia y trabajo. «Ahora se necesitará a gente para reactivar la economía, pero no se puede hacer a uso y desuso, como durante el confinamiento».
Una vez tumbada la proposición en el Congreso, actualmente el movimiento antirracista se debate entre la apuesta por la reforma de la ley de extranjería o su abolición de raíz, por la criminalización de la migración que comporta. «Habrá que hacer un proceso de reformulación de la ley, pero hasta que se llegue a esto pueden pasar años. Negar derechos es una práctica habitual», concluye Cuentas.