Organizaciones contra los Centro de Internamiento de Extranjeros cuestionan que el reglamento aprobado por el Gobierno cambie la situación. «El reglamento de los CIE es un intento de legalizar vulneraciones de derechos sistemáticas que vienen dándose desde la creación de estos centros». Esa es la valoración que la campaña estatal contra estos centros de internamiento […]
Organizaciones contra los Centro de Internamiento de Extranjeros cuestionan que el reglamento aprobado por el Gobierno cambie la situación.
«El reglamento de los CIE es un intento de legalizar vulneraciones de derechos sistemáticas que vienen dándose desde la creación de estos centros». Esa es la valoración que la campaña estatal contra estos centros de internamiento de extranjeros ha hecho esta mañana del reglamento que pasa a regular los CIE, que se publicó en el BOE del pasado 15 de marzo.
A juicio de los activistas, que han dado una rueda de prensa este martes en Madrid, su aprobación, tras dos años de promesas y trámites, se trata de «una maniobra de distracción» y «no es casualidad» que se produzca un mes después de la masacre en la frontera de Ceuta, de la que aún no se han aclarado causas ni responsables.
Los responsables de la campaña estatal, que agrupa a diversas organizaciones de inmigrantes y por los derechos humanos, han asegurado que las muertes de los internos Samba Martine en 2011, Idrisa Diallo en 2012 y Aramis Manukyan en 2013, además de las muchas agresiones que se han documentado, no se habrían evitado con este reglamento. Interior no ha modificado la calificación de los CIE, que sigue definiendo como «establecimientos no penitenciarios» en los que la Policía figura como garante de derechos que se aplican, aseguran, de forma «arbitraria». Aspectos de la vida cotidiana de los internos, como los horarios o las prácticas religiosas, quedan en manos de la dirección de cada centro y supeditados a «criterios de seguridad». Además, consagra las celdas de aislamiento y contempla el ingreso de mujeres embarazadas en periodo de lactancia (que no son explulsables).
El reglamento incluye la intervención de ONG, que podrán desarrollar asistencia sanitaria, legal o cultural en el marco de convenios de colaboración subvencionada. Los activistas han recordado que en el CIE de Aluche (Madrid), la presencia de la Cruz Roja mediante un convenio de 400.000 euros no evitó la muerte de Samba Martine en diciembre de 2011. Estos servicios se contratan «a cambio de su silencio» y «ninguna organización que de verdad valore los derechos humanos» se prestaría a ello, han asegurado.
En las próximas semanas, la Campaña contra los CIE presentará ante las delegaciones del Gobierno de Madrid y Barcelona un manifiesto al que espera que se adhieran más organizaciones. Además, convocan una movilización para el próximo día 18, a las 19h. frentre al ministerio del Interior; en Barcelona, se unirán a la movilización del día 29 contra las reformas represivas en general. «Nuestro único objetivo es el cierre de los CIE. No queremos justificar el reglamento ni valorar si es mejor o peor, simplemente no creemos que deba existir un reglamento para regular algo que no debería existir», concluyen.