Como se sabe la Magistrada del Juzgado Central de Instrucción nº 3 Carmen Lamela envió este jueves 2 de noviembre a prisión, de forma provisional, comunicada y sin fianza a Oriol Junqueras, Jordi Turul, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Dª Maritxell Borràs, Joaquin Forn y a Carles Mundó. Desde una perspectiva jurídica son muchas […]
Como se sabe la Magistrada del Juzgado Central de Instrucción nº 3 Carmen Lamela envió este jueves 2 de noviembre a prisión, de forma provisional, comunicada y sin fianza a Oriol Junqueras, Jordi Turul, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Dª Maritxell Borràs, Joaquin Forn y a Carles Mundó. Desde una perspectiva jurídica son muchas las críticas que se pueden hacer a este Auto. Una de ellas es la manifiesta falta de motivación para imponer la medida cautelar más grave que existe en nuestro ordenamiento jurídico a estas 8 personas. Según Lamela concurren los requisitos que se exigen para su imposición y sin embargo no dice por qué en su escrito. Una segunda crítica viene de la posibilidad de haber suspendido las declaraciones en atención al derecho de defensa de los investigados. Tampoco hizo esto Lamela y más bien al contrario considera que es suficiente con que los investigados puedan declarar cuantas veces quieran.
Pero tal vez la crítica más aguda de las que se pueden hacer es cómo el Auto menciona los delitos que presuntamente han cometido estas personas: delito de rebelión, delito de sedición y malversación, pero no desgrana los elementos que componen cada uno de estos delitos y simplemente relata los hechos acontecidos en Cataluña desde el año 2015 como si fuese la redactora de las noticias de las más populares cadenas televisivas españolas. En este sentido el Auto es sorprendentemente poco riguroso y combina con una normalidad pasmosas un relato de hechos que en cualquier país democrático sería un ejemplo de un proceso de toma de decisiones y de «gobernar obedeciendo al pueblo», con elementos emotivos que se han reproducido constantemente en los medios de comunicación oficiales.
Así, por ejemplo, el Auto afirma cómo tras las elecciones autonómicas de septiembre de 2015 el Govern hizo público que su objetivo era lograr la independencia de Cataluña en 18 meses, realizando un referéndum sobre esta cuestión previamente y detallando los pasos a seguir para llevar a cabo un proceso constituyente. Proceso constituyente que, por cierto, se recogía en el programa político de Junts Pel Si, CUP y Podem Cataluña y que representa la amplia mayoría de la cámara del Parlament de Catalunya. Hasta aquí, desde la perspectiva de los derechos políticos parece que no haya nada extraño, más bien al contrario.
Pero seguido a esto en el Auto se afirma literalmente que: «De esta forma, los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentista (ANC y ómnium) que llevaría a la celebración del Referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado día 27 de octubre» y «mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del proceso de desconexión, la actuación a través de los movimientos populares, auspiciada por los anteriores, iba encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y para permitir, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de los fines independentistas«. Desde luego estos párrafos, así como otros que se podrían transcribir aquí, parecen sacados de la mejor prensa amarilla, o a estas alturas, de cualquier periódico de tirada nacional de todo signo político.
La cuestión es que más allá de todo esto en el Auto no hay ni una mención a los elementos que se exigen para que concurran estos delitos: fundamentalmente la violencia. El delito de rebelión exige que la persona o persona se alcen violenta y públicamente y el delito de secesión que el alzamiento sea público y tumultuario para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes.
Pues bien, es más que evidente que nada de esto ha pasado ni está pasando en el proces catalán, un proceso ciudadano que desde hace años se está mostrando al mundo como sumamente pacífico, constante y responsable frente a la negativa permanente a ser tomados en serio.
De hecho, en su escrito, la Jueza Lamela, solo es capaz de nombrar cómo en una ocasión en los días 20 y 21 se septiembre, cuando se llevaron a cabo las diligencias de entrada y registro dentro de la operación de impedir la consulta en Cataluña del I-O, algunos congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla así como impidieron a los agentes abandonar los edificios tras los registros porque había personas sentadas en los coches y furgonetas. Por tanto, como decía al comienzo, se pueden hacer muchas críticas al Auto pero la fundamental es que estas personas NO HAN COMETIDO NINGÚN DELITO ni de rebelión ni de secesión.
Hay una última cuestión que quisiera hacer notar y es cómo el relato de hechos del Auto rezuma todo el rato algo que está presente en todos los partidos ahora denominados ampliamente como «constitucionalistas»: esto se trata de una farsa de una serie de personas que manipulan a la ciudadanía de Cataluña. Desde el PP hasta PODEMOS, aplicando «el mismo art. 155» interno de la organización a Podem Cataluña, la realidad es que fuera de Cataluña se sigue rechazando sistemáticamente lo que se decide allí por su gente.
Es por esto que también sorprende cómo cuando aparece el elemento de la represión dura de la mano del Derecho penal -¡porque la blanda ya se ha utilizado antes de mil formas distintas!- utilizando los mismos relatos de hechos que en la plaza política, nos echemos las manos a la cabeza. Efectivamente el salto es cualitativo, es más aquí se ha afirmado que no existe ningún delito que hayan cometido estas personas. Pero eso como se sabe no importa porque este recurso se ha usado sistemáticamente desde el 78 para reprimir y controlar todo tipo de protesta y propuesta que se excedan del statu quo con las máximas de las durezas y excepcionalidades, y de esto en nuestra tierra sabemos un rato…
Frente a lo anterior la respuesta ha sido y seguirá siendo también mañana el uso de la desobediencia civil como una herramienta de participación política. Toda legalidad tiene un momento constituyente, a veces a legal o incluso totalmente ilegal, pero la legitimidad en este caso es incuestionable y la dan los tres millones de catalanes que pusieron urnas.
Paz Francés Lecumberri. Profesora de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra.
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