Cada día es más ostensible la ligazón entre el grave deterioro del medio ambiente que se registra en el mundo y las políticas neoliberales que en el contexto de la globalización impulsa Estados Unidos. Lo cual no es de extrañar, pues al dejar sin mayor control las fuerzas del mercado, ellas fomentan el consumo desenfrenado […]
Cada día es más ostensible la ligazón entre el grave deterioro del medio ambiente que se registra en el mundo y las políticas neoliberales que en el contexto de la globalización impulsa Estados Unidos. Lo cual no es de extrañar, pues al dejar sin mayor control las fuerzas del mercado, ellas fomentan el consumo desenfrenado de los recursos naturales y prácticas de producción altamente contaminantes. A eso precisamente se entregan las multinacionales en los poderosos países donde tienen su asiento y, al extender sus tentáculos económicos y financieros, en los países menos desarrollados. Se generan entonces crisis ambientales regionales que acrecientan la de carácter global.
Desde cuando fue adoptado por las Naciones Unidas en la Cumbre de Río de 1992, el desarrollo sostenible se ha convertido en una consigna de todos aquellos que han querido defender unas mejores relaciones entre economía y ecología. No obstante, contra este anhelo conspiran las políticas de ajuste estructural que no cesan de impulsar el Banco Mundial y el FMI. El neoliberalismo que las sustenta lleva a que poco o nada importe el medio ambiente o que se cambie el desigual consumo de recursos naturales y a que las instituciones estatales y financieras que lo abanderan conviertan los tres componentes básicos del desarrollo sostenible -sostenibilidad económica, social y ambiental – en una falacia. Por ejemplo, los tratados de libre comercio consideran las normas ambientales como barreras no arancelarias para el intercambio comercial, socavan el cumplimiento de los convenios internacionales del medio ambiente, exigen que se extiendan patentes de plantas y animales a favor de los monopolios de la biotecnología y promueven el saqueo desaforado de los recursos naturales y la mercantilización de bienes que por su naturaleza deben ser públicos. Se explica así que las laboriosas gentes del campo, principales perdedores de estos tratados, no encuentren salida distinta a colonizar y extraerles lo que puedan a más tierras y bosques para poder sobrevivir, cuando no a emprender su forzado desplazamiento hacia las ciudades creando mayores presiones ambientales y sociales.
Ante tales desastres y en contraposición con las políticas neoliberales, es incontrastable que la protección del medio ambiente, con criterios de sostenibilidad para las generaciones presentes y futuras, requiere de una activa intervención estatal y del establecimiento de relaciones internacionales y acuerdos económicos y comerciales en pie de igualdad entre las diferentes naciones. El agotamiento de los recursos naturales y la generación de contaminación constituyen factores negativos de la producción que el mercado libre en boga intensifica, por lo que se impone la adopción de políticas públicas, implementadas sobre bases científicas y democráticas y desarrolladas con plena soberanía.
Las reformas antiambientalistas de Uribe Vélez
La ofensiva antiecológica internacional se traduce en Colombia en un retroceso legislativo y financiero en la cuestión ambiental, ilustrado por el papel secundario que a ella se le asigna al tratarla como un apéndice del Ministerio de Desarrollo y Vivienda y disminuir las partidas presupuestales necesarias para atender sus múltiples aspectos. El gobierno de Uribe está impulsando aberrantes proyectos de ley destinados a facilitar la mercantilización y privatización de recursos vitales como el agua y los bosques, la venta de servicios ambientales, la expansión de los cultivos transgénicos y la adecuación de la normatividad a las exigencias del TLC Andino con Estados Unidos. Enunciemos algunos:
a) En Colombia, a pesar de tener abundantes fuentes hídricas, su población afronta cada vez más dificultades para acceder al agua potable, al punto que se calcula que para el año 2025, el 69% de la población podría enfrentar desabastecimiento del líquido. El proyecto de ley de aguas constituye una verdadera amenaza al consolidar y ampliar el sistema de concesiones que rige en el país desde hace más de 30 años y que en el contexto actual de la globalización equivale a privatizar este precioso recurso. El proyecto contempla concesiones de las fuentes de agua hasta por cincuenta años para el caso de los servicios públicos y la generación de energía, abre las puertas a las concesiones marítimas y de fuentes subterráneas y considera la cesión de los derechos a terceros.
El Banco Mundial argumenta que para aumentar su disponibilidad, el agua debe tratarse como un producto más del suelo y del subsuelo que- al igual que el cobre, el oro y el petróleo- debe ser explotado por capitales privados que tengan la ganancia como aliciente para animarse a invertir. En contraposición con tal aseveración, los desastrosos resultados de la entrega del agua al sector privado están bien ilustrados: la privatización siempre concentra, no democratiza; favorece el monopolio de los servicios de energía y acueducto; desalienta la inversión para ampliar el servicio, y los usuarios experimentan el alza de las tarifas y hasta la suspensión del servicio cuando hay mora en los pagos.
b) Bajo el mismo subterfugio de que concesionar no es lo mismo que privatizar -arguyendo que se refiere a los derechos de uso y no de propiedad- Uribe empezó el proceso de otorgar en concesión parques nacionales como Isla Gorgona, Amacayacu, Los Nevados y Tayrona. Frente a este designio, es imperativo reafirmar que los parques nacionales son el patrimonio de nuestra biodiversidad- 50 en total y 10 millones de hectáreas- y que constituyen el banco genético de Colombia. Y, junto a rechazar su privatización, denunciar que someterlos a las fumigaciones aéreas que asuelan otras regiones bajo los dictados del Plan Colombia, es otro atentado propio de la barbarie que difunde Uribe.
c) El proyecto de ley forestal coloca todo su énfasis en la explotación maderera y en los incentivos de todo tipo para atraer la inversión privada y extranjera. Así, elimina la autorización y el salvoconducto para el establecimiento de plantaciones y el permiso para la movilización del producto maderable; otorga créditos especiales y exenciones tributarias; introduce la figura del «vuelo forestal como un derecho real autónomo con respecto del suelo» para facilitar los contratos para la tala de bosques, y abre las puertas a la privatización de los recursos genéticos y los contratos de bioprospección. A pesar de que alrededor del 60% de los bosques naturales (entre 25 y 28 millones de hectáreas) son de propiedad colectiva de las comunidades indígenas y negras, la reforma desconoce sus derechos de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en sus territorios (Ley 70 de 1993 y Ley 21 de 1991, que ratifica el convenio 169 de la OIT).
d) Otra iniciativa del gobierno pretende eliminar la licencia ambiental para la utilización y comercialización de organismos genéticamente modificados, contraviniendo lo estipulado por el Consejo de Estado, la Ley 99/93 y la misma Ley 740/2002, aprobatoria del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. No nos oponemos a los avances de la ciencia y la tecnología, pero en el caso de los transgénicos hay necesidad de tomar precauciones y evaluar, en cada caso, los riesgos para el ambiente y la salud.
Para echar atrás todas estas medidas y pretensiones de Uribe, como ya se logró con el proyecto de ley de páramos que pretendía expulsar a miles de campesinos de su hábitat, es preciso alentar con pleno vigor las luchas de resistencia que se vienen dando.
Elizabeth Beaufort, MOIR