Ni Felipe VI ni su familia tendrán ninguna obligación de hacer público su patrimonio o declaración de bienes. La nueva norma de funcionamiento de la Casa Real aprobada este martes en Consejo de Ministros no incluye regulación alguna al respecto y, por tanto, será el rey quien decida cuándo, cómo y cada cuánto tiempo se haga esa declaración si es que su voluntad vuelve a ser en algún momento hacerla pública. Este lunes, el monarca reveló por primera vez que ese patrimonio asciende en la actualidad a 2.573.392,80 euros, y lo hizo en un comunicado en el que se aclaraba que lo hacía «por decisión personal» y para «dar cumplimiento a su compromiso de renovar la Monarquía para un tiempo nuevo». Y así seguirá siendo.
El decreto impulsado por el Gobierno con el apoyo expreso del PP ha sido «trabajado intensamente en los últimos meses y especialmente en las últimas semanas», según explicó en rueda de prensa el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Ese texto, según el Gobierno, impulsa “la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real, en línea con los principios que han presidido desde su inicio el reinado de Felipe VI”. Entre otras cosas, incluye como novedad que, a partir de ahora, será el Tribunal de Cuentas quien fiscalice a la Zarzuela como ya ocurre, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos.
Sí contempla la nueva normativa que sean obligatorias las declaraciones de bienes de todos «los altos cargos de la institución», así como una nueva regulación de la contratación y los procedimientos de Casa Real que introduce el principio de publicidad en todas las contrataciones, respetando la autonomía presupuestaria pero también los principios que rigen la contratación pública en España. Estas nuevas instrucciones de contratación tendrán que publicarse, además, obligatoriamente en la web oficial de la Casa Real.
La inviolabilidad, intacta
Tanto desde la Casa Real como desde el propio Gobierno se ha trasladado que la batería de medidas junto a la decisión del rey de hacer público su patrimonio tienen que ver con la «demanda de regeneración pública» y con el camino de la «modernización» de la Corona tras años de continuo desgaste de la imagen de la institución a cuenta de los continuos escándalos del rey emérito. Sin embargo, las reformas anunciadas no han llegado a alcanzar el calado suficiente como para afectar a uno de los preceptos constitucionales más polémicos y espinosos en torno a la figura del jefe del Estado: la inviolabilidad jurídica que establece el artículo 65.2 de la Constitución.
En base a ese privilegio de inmunidad ante los tribunales se han archivado algunas de las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años respecto a los comportamientos de Juan Carlos I, generando un alud de críticas entre muchos grupos parlamentarios y consolidando la imagen de que, en el caso de la Corona, la Justicia no es igual para todos. El Gobierno ha manifestado públicamente en repetidas ocasiones que estaría a favor de reformar ese precepto. En una entrevista en infoLibre, el propio presidente llegó a afirmar que «la Constitución tiene que evolucionar con la exigencia de ejemplaridad de la sociedad” ya que, a su juicio, “no hay espacio para la impunidad”, afirmó ante lo que calificó como “informaciones perturbadoras” sobre el rey emérito. Hace unos meses, en otra entrevista en la cadena SER, volvió a referirse a esa inmunidad definiéndola como un precepto de «otra época» que, en su criterio «no es necesario».
Tras explicar que los detalles del nuevo decreto han sido trabajados conjuntamente entre el Gobierno y la Zarzuela, Félix Bolaños fue preguntado este martes por si la exclusión de la inviolabilidad en las reformas llevadas a cabo es una postura defendida explícitamente por la Casa Real: «Es una norma que está establecida en nuestra Constitución con mucha claridad. La posición del Gobierno la fijó el presidente y sigue siendo la misma», contestó.
La mayoría de socios del Ejecutivo ha tildado de «maquillaje» las medidas anunciadas. Desde Podemos, compañeros de coalición del PSOE, se han desmarcado públicamente del decreto aprobado en el Consejo de Ministros al que también pertenecen: «La monarquía es una institución cuya impunidad está blindada en la Constitución. Cualquiera que ostente el cargo puede volver a hacer lo mismo que hizo el emérito. Por eso, no vale ningún maquillaje», aseguró en sus redes sociales la secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
Los morados consideran que, a pesar de haber sido informados del contenido del decreto con anterioridad a su aprobación, se trata a su juicio de una «operación de Estado» trabajada durante meses, por lo que Podemos no va a contribuir «al blanqueamiento» de la desgastada monarquía y se va a desmarcar abiertamente.