El saldo de Navarra

La intervención del PSOE para imponer la elección de Unión del Pueblo Navarro, comparte razones de fondo con el comportamiento de sus dirigentes y parlamentarios y del propio José Luís Rodríguez Zapatero, durante la gestación del Estatut de Catalunya . No ahorraron entonces maniobras diversas, incluyendo la final de hacer la cama al Govern y al PSC firmando un acuerdo a dos entre el presidente español y Artur Mas, para despedazar el texto aprobado por la mayoría parlamentaria catalana. En ese caso jugar a la navarra no hubiera sido legalmente posible, ya que la Ejecutiva Federal del PSOE no tiene autoridad orgánica sobre el PSC, de manera que la traición era la única salida para llevar a cabo los deseos de Madrid. Y según se deduce de la frustración y el desengaño de la dirección de CiU después de reeditarse el pacto entre PSC, ICV y ERC, si hubiera dependido de Ferraz y del acuerdo con Mas, Catalunya sería gobernada hoy por un bipartito PSC-CiU, como mínimo.

A cualquier tipo de cambio en los territorios erógenos del nacionalismo español, por pequeño que sea el intento, el PSOE responde ejerciendo el derecho de veto y de bloqueo, defendiendo el centralismo con tanta convicción como eficacia, y aliándose con la derecha que mejor esté situada en cada escenario. Así ha sido en el caso navarro. Las posibilidades de un gobierno formado por NaBai, PSN e IUN, eran limitadas, sobre todo pensando en la renuncia de los primeros tanto a la presidencia como a todo lo que tuviera que ver con aspiraciones nacionales. Pero solamente la proyección y el desarrollo que, a lo largo de cuatro años, pudiera tener esa alianza, parece que provoca entre los dirigentes estatales del PSOE un amago de baile de San Vito.

El PSOE es algo más que anti-independentista, aparte de nacionalista español es ideológica, orgánica y visceralmente anti-federal, como ha quedado de sobra demostrado a lo largo de toda esta legislatura. Su actuación, por incomprensible que parezca en determinados momentos, responde a una lógica y una práctica política coherente, y que forma parte tanto de su ser ideológico como de su estructura organizativa.

A eso se le suma el miedo de la banda de Zapatero a un cercamiento electoral del PP en los comicios del 2008, mediante la acumulación del voto patriótico y anti-terrorista. Este comportamiento defensivo y pueril, es una inercia del último año y medio en el que el gobierno se ha dedicado a variar de postura según el lugar y el tamaño de los clavos sembrados por la banda de Rajoy en el camino, esperando que las cosas se solucionaran por sí solas o por agotamiento del adversario. Pero lo que hasta ahora había sido una postura institucional y política discutible, llegados a Navarra alcanza el Síndrome de Estocolmo. El PSOE le ha entregado el poder institucional a quienes le llevan fustigando tres años, primero como golpista y luego como aliado de ETA y traidor a Navarra; a quienes han practicado agitación y boicot contra el finiquitado proceso de diálogo en Euskadi, desde el minuto uno y después de muerto y enterrado.

El argumento reconocido de sacrificar Navarra para conservar el tirón electoral en el resto del estado, es de una geometría simple que, sobre todo, no tiene en cuenta que la realidad viene a ser bastante más compleja que este tipo de cambalaches con sus cálculos a conveniencia.

Tomando un poco de perspectiva histórica, no estará mal recordar un caso que, guardando las distancias, responde al mismo esquema de la política como matemática simple o como una cole de cromos intercambiables. Tras las elecciones municipales de abril de 1979, el PSOE y el por entonces Partido Socialista de Andalucía (hoy Partido Andalucista ) llevaron a cabo un canje de ayuntamientos de verdadera antología. Sin entrar en detalles, saltándose los acuerdos de sus órganos de dirección personajes como Alejandro Rojas-Marcos o Miguel Ángel Arredonda, en la mesa de negociaciones entregaron al PSOE las alcaldías donde el PSA había obtenido mayoría: Granada y Huelva a cambio del cetro de Sevilla. «Dado lo avanzado de la hora -tres de la madrugada del último día- a los andalucistas de las ciudades afectadas, consultados telefónicamente, sólo les quedaba negarse al canje, lo que suponía salirse de la negociación y abrir la crisis en el partido al contradecir al secretario general, o aceptar esta solución» (Miguel Jerez Mir, «El PSA, una experiencia de partido regional», en www.reis.cis.es ). Entre 1979 y 1983, aparte de la citada operación, la dirigencia del PSA se dedicó a tomar un sinfín de decisiones incomprensibles para su militancia y su electorado, siempre bajo argumentos puramente tacticistas, y habitualmente para dar apoyo a la UCD de Suárez. Las consecuencias no se hicieron esperar. En las primeras elecciones autonómicas, en 1982, el partido obtuvo sólo tres escaños pese a que aspiraba a ser «hegemónico». Ese mismo año perdió la totalidad de sus cinco escaños en el Congreso de los Diputados. Finalmente, en las municipales se desvanecieron casi la mitad de sus concejales, sin haber obtenido ni uno solo en las ocho capitales de provincia. «Desde el momento en que prestó su apoyo a Suárez en la investidura, el PSA comenzaba a gastar, cuando no a derrochar, el capital político acumulado hasta entonces» (Miguel Jerez Mir).

Obviamente, el PSA de entonces tiene poco que ver con la posición que detenta el PSOE en la actualidad, pero su sistema contable no se diferencia demasiado del libro mayor empleado por José Blanco y Zapatero para la cuestión navarra entre otras. Numerosos analistas y la propia dirección del PSOE consideran que existe una reserva de votos anti-PP que aún dista de estar amortizada. El miedo al regreso de una política de corte aznarista sería suficiente para movilizar a sectores de población de izquierda o progresistas, aún sensibles a la ofensiva conservadora durante la segunda legislatura del PP en el gobierno, y dispuestos a frenar una victoria de Mariano Rajoy en las legislativas de 2008. Hay que decir que, por ahora, las últimas encuestas sobre intención de voto dan la razón a quienes mantienen esta postura.

Aún así, estará bien recordar que fue esa y no otra la estrategia de José María Aznar entre el 2000 y el 2004, al empeñar sin miramientos el capital político obtenido de sus «éxitos» durante la primera legislatura: en la invasión y ocupación de Irak, en la ofensiva anti-nacionalista, en la expansión y normalización estructural del estado de excepción en Euskadi, y en contrarreformas legistativas en materia económica, fiscal, educativa, social o de libertades.

Las consecuencias son conocidas y de ellas es precisamente de donde el PSOE piensa pagar el saldo negativo de los últimos cuatro años. Con ese fondo habrán de pagarse la frustración del proceso vasco de diálogo, el batacazo propinado a la mayoría parlamentaría catalana y la propina de la crisis de infraestructuras de este verano, la ausencia de reformas estructurales que ataquen la crisis del derecho a la vivienda, la impunidad empresarial respecto a las cifras escandalosas de siniestralidad laboral, o la cacicada de Navarra.