Valencia acogió, el pasado 21 de septiembre, el Foro Internacional El Derecho a Defender Derechos en el Camino Hacia la Paz Total en Colombia, organizado por la ONG Mundubat, la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO) y la Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colombia.
El Foro se celebró en el contexto de la gira realizada por una delegación de defensores de los derechos humanos al estado español; los activistas tenían como objetivo informar a instituciones y políticos españoles sobre la “situación crítica” de los derechos humanos para “una gran mayoría social” del país.
Se trata, en concreto, de “dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones” establecidas para Colombia en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2018, así como dar cuenta de las informaciones/recomendaciones al país latinoamericano de cara al examen de 2023.
Establecido en 2006 por Naciones Unidas, el Examen Periódico Universal consiste en el análisis y evaluación -cada cuatro años y medio- de la situación de los Derechos Humanos en los estados que forman parte de la ONU.
Celebrado en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València (UV) con el respaldo de la Generalitat, participaron en el Foro El derecho a defender derechos personas defensoras de la CJL; la comunicación indígena en el Cauca; el corregimiento del municipio Medio San Juan (Chocó); la Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colombia, el instituto DEMOSPAZ y la Unió de Periodistes Valencians, entre otros.
En la jornada se presentó el Informe sombra respecto a los Derechos Humanos en Colombia, entre 2018 y 2022, realizado por 67 organizaciones colombianas e internacionales; el documento fue entregado el pasado 1 de marzo a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en el marco del cuarto EPU a Colombia (Noviembre de 2023).
La organización del Foro repartió un tríptico que avanzaba contenidos del reporte, con la siguiente conclusión: “Se ha deteriorado la situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos; se mantuvieron altas tasas de asesinatos y agresiones”.
Entre las causas de que continuara la violencia, el Informe resalta la impunidad; otro hecho significativo es que cerca del 90% de los asesinatos de personas defensoras fue perpetrado por sicarios.
Una de las circunstancias reseñadas en el tríptico son los feminicidios: 445 entre enero y septiembre de 2022, que se agregan a los 622 registrados en 2021; 630 durante 2020 y 571 el año anterior.
El documento incluye un cálculo sobre el grado de cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP de 2016; cuando finalizó la presidencia del derechista Iván Duque (2018-2022), sólo se había aplicado el 30% de las disposiciones; el 19% se hallaba en fase intermedia y el 37% en una etapa de implementación mínima; el restante 15% no se había iniciado.
Un aspecto concreto del Acuerdo es el que hace referencia a la Reforma Rural Integral; según el Informe sombra, “es el que menos ha avanzado en su implementación, aunque la desigualdad en la tenencia de la tierra y la incertidumbre sobre la propiedad hayan sido una de las causas estructurales del conflicto armado en Colombia”; a ello se añade “el porcentaje bajo de adjudicación de hectáreas en el fondo de tierras”.
En cuanto a la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs), se han señalado “deficiencias” como el escaso conocimiento y comprensión de las Hojas de ruta de implementación, y el uso de un lenguaje excesivamente técnico para las comunidades y administraciones municipales.
Diferentes actores locales “se sintieron excluidos” del proceso participativo en los citados Programas, y pidieron “mayor protagonismo”.
La investigación remitida a la ONU menciona además el peso de las mujeres en el tejido asociativo; en las 181 cooperativas emplazadas en Colombia participan 1.800 mujeres (cerca de un centenar desarrollan el papel de lideresa en 35 cooperativas).
¿Qué riesgos afronta el proceso de paz? Entre otros, la falta de seguridad para los antiguos combatientes: 355 excombatientes de las FARC-EP murieron asesinados (cifras hasta enero de 2023); y “la inseguridad sigue afectando al menos a 15 zonas rurales de reincorporación”.
El reporte sobre la situación de los derechos humanos se apoya en otras fuentes, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV); 450.664 personas fueron víctimas de homicidio en el periodo 1985-2018; 121.768 de desaparición forzada y 50.770 de secuestro.
En cuanto al reclutamiento forzoso, resultaron víctimas del mismo 16.238 niñas, niños y adolescentes en cerca de tres décadas, entre 1990 y 2017.
Más en detalle, en uno de los macro casos -el número 8- abiertos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se atribuyen a la fuerza pública 8.345 homicidios (hasta la fecha de publicación del Informe); 1.249 de torturas y cerca de 3.000 de desaparición forzosa; “urge avanzar con la apertura del macro caso sobre violencia sexual en la JEP”, reivindica el documento de las organizaciones.
En el periodo de la investigación (2018-2022) “se evidenció un recrudecimiento de la violencia relacionada al conflicto armado”; de hecho, en 2022 se mantenían seis conflictos armados en el país, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en los que se veían afectados civiles; el citado incremento en el último año se concreta en víctimas del desplazamiento forzoso, de las minas antipersona, la violencia sexual o el reclutamiento de menores.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) ha computado 94 masacres, con 300 víctimas, durante 2022 (entre enero y octubre de 2023 un total de 70 masacres con 224 víctimas; la última matanza registrada se produjo el 10 de octubre en el municipio de El Banco -departamento de Magdalena-, con tres fallecidos).
¿Qué regiones resultaron las más afectadas durante 2018-2022? El Informe sombra concluye que fueron el Cauca, el Valle del Cauca, el Norte de Santander y Nariño; otro hecho denunciado son los bombardeos “indiscriminados”: cerca de una treintena de niños, niñas y adolescentes muertos entre 2019 y 2021.
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