Desde el SAT anuncian que presentarán una querella por prevaricación contra el Tribunal Constitucional. Molero ha sido condenado a cinco años de cárcel por atentado a la autoridad y lesiones, además de al pago de una multa de 16.000 euros.
La única persona condenada por el Rodea el Congreso de 2013 entró ayer en prisión. Francisco Molero, de 29 años y militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), decidió presentarse voluntariamente en la cárcel de Archidona (Málaga) para cumplir una condena de cinco años de prisión por delito de atentado a la autoridad y lesiones que, según la sentencia, habrían tenido lugar durante la protesta de Rodea el Congreso. También ha sido condenado al pago de una multa de 16.000 euros.
«He sido víctima de un juicio falso, me han condenado sin prueba ninguna más allá de los testimonios policiales, totalmente contradictorios», afirma Molero, quien señala que fue identificado por «llevar ropa oscura y pañuelo palestino».
El Rodea el Congreso de 2013, celebrado como protesta ante la reforma de la Ley de Seguridad -la llamada Ley Mordaza, que en esas fechas comenzaba su proceso parlamentario- acabó con 23 personas heridas y siete detenidos. De ellos, la única causa judicial que siguió adelante fue la de Francisco Molero, que había acudido a Madrid para participar en la manifestación desde su población, Cuevas de San Marcos (Málaga).
En el momento de los hechos, Molero tenía 24 años. «Ha trabajado como jornalero, en hostelería, y en lo que le ha salido, como la mayoría de la juventud», señala Óscar Reina, portavoz del SAT. Ahora, con 29, se ve condenado a cinco años de cárcel. «Está abrumado y asustado, sus padres son mayores y están enfermos crónicos. Es una situación de inestabilidad total, bastante dura», añade Reina, quien subraya que «en plena juventud, Fran está condenado por defender derechos».
Molero tuvo conocimiento de la orden de entrada en prisión el pasado 23 de mayo. «Antes se había ido a buscar trabajo para dejar dinero a su familia y cuando se enteró decidió entregarse», añade José Blanco, portavoz del SAT en Cuevas de San Marcos, quien relata que la actividad política de Molero comenzó muy temprano: «Es un chico con mucha sensibilidad social, desde la pubertad comenzó a relacionarse con colectivos sociales. Primero con un colectivo republicano que montamos en el pueblo y después con el SAT. Su trayectoria social comienza muy joven».
Sin tutela judicial efectiva El juicio tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Madrid en 2015, y en diciembre de ese mismo año salió la sentencia: cinco años de cárcel y 16.000 euros de multa. «Tras la condena, comenzamos a recurrir junto a sus abogados, porque ha sido condenado sin tener tutela judicial efectiva, no ha habido un proceso garantista, el procedimiento ha estado lleno de errores», explica a El Salto Reina.
«Sin entrar en inocencias y culpabilidades, hay un quebranto al derecho a un proceso justo, con todas las garantías», explica por su parte Belén Luján, miembro de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ), quien comenzó a ejercer como abogada de Molero cuando ya estaba dictada la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.
«Nosotros entramos ya de cara al recurso de amparo», añade tras explicar que, cuando asumieron el cargo, se encontraron con que Molero «no había tenido una defensa efectiva y material real».
Entre las irregularidades en el proceso contra Molero, la abogada destaca que, a pesar de que este, en su primera declaración, habló de varios testigos, nadie se preocupó en buscarlos. «Existe una apariencia de designación de abogada de oficio, pero luego, en realidad, no hay designación hasta la fase intermedia, una vez que el Ministerio Fiscal ya ha acusado».
Luján señala que «la principal prueba contra él es la propia declaración de los policías, que se personan como acusación particular en el procedimiento y piden una determinada indemnización». Sin embargo, no hubo un cuestionamiento sobre cómo se produjeron los informes forenses, no se presentaron contra periciales, ni se buscó a testigos. «Tampoco se cuestiona la identificación de este hombre, basada en su vestimenta: negro con pañuelo. En las fotos que pudimos comprobar después se ve casi todo el mundo era joven, iba vestido de negro y con pañuelo», añade.
«Si la prueba de la acusación es la declaración de los policías denunciantes, que son parte del procedimiento, y no existe cuestionamiento de en qué condiciones se produjeron estos hechos, entiendo que cabe hablar de un quebranto en el proceso justo», concluye la abogada.
A pesar de las deficiencias en el proceso, el Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso contra la condena, «como no admite el 99% de las demandas», señala Luján.
Tras ello acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Presentamos en tiempo y forma la demanda en el Tribunal europeo, y tampoco entró». «Si el Tribunal Constitucional tiene una proporción de admisiones de un 1%, el de Estrasburgo lo tiene de un 2%», añade.
«Ahora ha llegado el momento de ejecutar la condena, una condena que es absolutamente injusta. No hay ningún elemento que no pueda acreditar una sentencia condenatoria contra él», lamenta Blanco, quien reitera que Molero «solo tuvo abogado defensor en la vista oral, no en la instrucción, y aún así hay tribunales que tienen la osadía de dictar sentencias condenatorias cuando no hay esas mínimas garantías procesales».