El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, clausuró el pasado 15 de enero el denominado Foro Vivienda. Quinto Pilar del Estado del Bienestar; la intervención presidencial incluía datos de interés; así, los precios de la vivienda en Europa aumentaron –en la última década- el 48%, cerca de dos veces más que la renta de los hogares.
El jefe del ejecutivo subrayó, asimismo, que el estado español cuenta con un 2,5% de vivienda pública, frente a otros países de la UE como Francia (14%) o Países Bajos (34%).
Una semana después de la celebración del acto oficial, el 22 de enero, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallekas informó de la resistencia contra el tercer intento de desahucio de un vecino de este barrio madrileño, Mariano (activistas colgadas en el patio de luces con la pancarta Bomberos, no desahuciéis).
Mariano vive en Vallecas (alquiler de renta antigua) desde hace 50 años, milita en la Plataforma y se halla actualmente de baja médica; no cuenta con alternativa habitacional.
Finalmente se perpetró la expulsión, con la presencia de un importante dispositivo policial (la PAH informó de tres detenciones y 60 identificaciones); los activistas señalaron como instigadores del desahucio a una familia aristocrática española, los Elzaburu.
En Valencia, el Sindicat d’Habitatge (SHV) presentó -el 17 de enero, en la plaça de Benimaclet- la campaña de alquileres contra el rentismo y la especulación No podem més, llogateres organitzades; el Sindicat reivindica una vivienda universal, gratuita y de calidad “como única alternativa”.
Asimismo, la Campaña denuncia “un mecanismo cada vez más opresivo para extraer beneficios dentro del marco capitalista, imponiendo la propiedad privada -y la vivienda como mercancía- a la dignidad humana”.
Con la asistencia de 220 personas, el SHV informó en el acto de una nueva asesoría, en el barrio de Benimaclet; actualmente el Sindicat desarrolla su actividad en las barriadas de Orriols, Montolivet, Malilla, el Cabanyal y el municipio de Burjassot; en las sedes hacen frente a los abusos en las cláusulas y los alquileres; los desahucios y los conflictos con las grandes propiedades.
En el acto participaron dos vecinas afectadas –Pepa y Àngela-, que viven de alquiler y se han organizado en el Sindicat d’Habitatge para luchar contra Sparus Aurata S.L.; el SHV informa que esta empresa promueve el desalojo de tres bloques de viviendas –en las que residen personas arrendatarias- en la avenida Primado Reig de Valencia; el objetivo, añade la organización, es la construcción de una residencia de estudiantes.
Otra acción (reciente) difundida, en la capital valenciana, tuvo lugar el 21 de enero; se trataba de la fecha prevista para el desalojo de la Alkería Okupada La Figona, en proceso de restauración desde 2020; los terrenos del espacio autogestionado se integran en el proyecto urbanístico (PAI) de Benimaclet (la empresa promotora del PAI, Metrovacesa, tiene como principal accionista al Banco Santander -49%-; seguido de FCyC -21%- y el BBVA -20%-).
Una convocatoria anterior, el 16 de enero, afrontaba el desahucio de la Finka Liberada de la calle Caixers número 2, en el centro histórico de Valencia; se trataba de paralizar el desalojo de una de las casas okupadas, y oponerse a los procesos especulativos y de gentrificación; en concreto, afectaba a la puerta 7, donde residen tres jóvenes sin alternativa habitacional.
Los activistas de Ca La Caixeta informaron, en un comunicado, que el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia ha dado vía libre a la expulsión; el proceso de lucha en Caixers acumula ya “dos ejecuciones y una decena de intentos desahucio el año pasado; sólo quedan cuatro casas liberadas que acogen a varias personas en la misma situación”.
La convocatoria del 16 de enero señalaba la responsabilidad del fondo Buitre Good Capital Investment S.L., “que en 2019 consiguió expulsar a las antiguas Vecinas”; pasados los meses, el vecindario –con el respaldo de las redes Veïnat en Perill d’Extinció (de Ciutat Vella) y EntreBarris liberaron la finka “para frenar la construcción de apartamentos turísticos de lujo”.
Se da la circunstancia que, el 15 de enero, los movimientos sociales denunciaron otra iniciativa de expulsión; se trataba de un desahucio ilegal (“sin previo aviso, ni orden judicial”) en la calle Doctor Peset Cervera número 4 de Valencia.
La actuación de la Policía Nacional, y la participación de la empresa ultraderechista Fuera Okupas, dio lugar a “abusos, cargas y tres detenciones” en este edificio liberado –hace unos meses-, y con cuatro familias en el interior.
El objetivo de los colectivos vecinales era que los propietarios del edificio –Reiman Inversiones S.L.- no pudieran implantar un hotel en la calle Doctor Peset Cervera; “en cambio, nació un proyecto de ocho viviendas donde viven familias y vecinas que se hallan en situación de vulnerabilidad habitacional”.
Agentes de la Guardia Civil entrando en el edificio y “sacándonos por la fuerza”; las imágenes fueron difundidas el 23 de enero –en las redes sociales- por el SHV; el Sindicat emitió el día anterior una alerta/convocatoria, con el fin de impedir el desahucio de cuatro familias –con menores y personas mayores enfermas-, en la calle Francisco Carbonell del municipio de Rocafort (7.700 habitantes, Valencia).
El desalojo ilegal, que afecta a siete viviendas, está promovido por la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), entidad con el 50,14% de las acciones controladas por una entidad de derecho público -el FROB-, seguido por el Banco Santander (22%).
“Con un día de margen, las expulsiones se intentan ejecutar a través de un procedimiento judicial paralelo, vulnerando el derecho de defensa jurídica, tutela judicial efectiva, integridad física y moral e intimidad de las familias”, subrayaron los activistas.
En este contexto, la Cátedra Observatorio Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) destaca que el precio de la vivienda (de obra nueva) se incrementó un 80% en Valencia, entre el cuarto trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2024; en el citado quinquenio, los precios del alquiler aumentaron un 78%.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.