El convenio que está sobre la mesa de las comunidades autónomas propone que las mutuas se conviertan en el eje vertebrador de la sanidad para la población activa y que los servicios públicos de salud lo sean para la infancia y la jubilación.
Que todo lo que ocurra en la salud de una persona activa laboralmente quede en manos de la mutua de su empresa. Eso es lo que propone el borrador de 27 páginas, fechado el 7 de diciembre de 2022, al que ha tenido acceso el sindicato vasco LAB. La propuesta ha sido negociada entre el Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat), presidida por Fernando Casado, y remitida a las comunidades autónomas. LAB reclama a Iñigo Urkullu y María Chivite, lehendakari y presidenta del Gobierno vasco y navarro, respectivamente, “que den un rotundo no a este intento privatizador”.
Lo que propone este documento es que las mutuas se conviertan en el eje vertebrador de la sanidad para la población activa y que los servicios públicos de salud lo sean para la infancia y la jubilación. Para ello, instan a que las comunidades les traspasen la gestión de las bajas comunes y sus pruebas, tratamientos, intervenciones y rehabilitaciones, que diseñarían los facultativos de las mutuas. Daría igual un tratamiento para la depresión que una infección de riñón o una rodilla rota en un paseo por el monte.
El alta médica
Además de la ejecución del tratamiento, el borrador plantea otorgar al facultativo de la mutua la capacidad de dar de alta a un paciente enfermo por contingencias comunes —todas las bajas que no son accidentes de trabajo— y fiscalizar al médico del servicio público, exigiéndole la remisión de los informes en el plazo de cinco días. “Esto cambia la lógica actual y pone al médico del sistema público a las órdenes de un médico de una empresa privada”, alerta Inko Iriarte, responsable de salud laboral de LAB. “En consecuencia”, añade, “sería el proceso de privatización más duro que hemos conocido”.
Según el borrador, si desde el primer día de incapacidad temporal —de baja— la mutua propusiera un tratamiento, prueba o intervención y el médico de la sanidad pública no respondiera a tiempo, tendría permiso para realizar las intervenciones que quisiera, “siempre en beneficio de los intereses productivos de la empresa para reducir el periodo de baja del trabajador”, destaca Iriarte, quien advierte de que el texto incluye la realización de una prueba piloto sin control público, así como el acceso a los historiales clínicos de las personas.
Véase el documento LAB Mutuas de Gessamí Forner en Scribd
LAB ya alertó en mayo del pasado año de que el Sistema Vasco de Salud (Osakidetza) había firmado con Mutualia un convenio de colaboración para facilitar que el personal facultativo de las dos organizaciones puedan acceder de forma directa a los expedientes e historias clínicas de las personas que reciben asistencia en ambos servicios. Mediante ese convenio, y el uso de aplicaciones informáticas, el Gobierno vasco facilitó a las mutuas el acceso a las historias clínicas de sus pacientes para conocer antecedentes, tratamientos que estén recibiendo, analíticas, pruebas diagnósticas, información personal y sensible. Este convenio está en vigor y afecta a 420.000 trabajadores.
Cuatro artículos
El ministerio de Escrivá y Amat justifican en el borrador que esta propuesta de solo cuatro artículos —más 21 cláusulas— se basa en la relación público-privada que mantiene el Estado con las mutuas patronales: “Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de su naturaleza privada”.
En el primer artículo exponen sus supuestos intereses comunes en referencia a “mejorar la eficacia en la gestión y el control de la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes”, para lo cual propone a las mutuas como gestoras de las bajas que no tienen nada que ver con los accidentes laborales, y que actualmente gestiona la Seguridad Social.
En el segundo, menciona la “cooperación y coordinación” entre ambos organismos, “el máximo aprovechamiento” de los centros asistenciales que configuran el sistema sanitario de utilización pública aparece en el tercero y, en el cuarto, invita a las comunidades autónomas a suscribir el acuerdo. Las cláusulas se centran en los aspectos técnicos, como el ámbito de aplicación, la comunicación entre las partes y cómo realizarían las mutuas las propuestas de alta.
Más poder
En opinión del coordinador general de LAB, Igor Arroyo, “hay un intento de privatizar el sistema sanitario público detrás de este documento presentado como convenio de colaboración”, vaciando el sistema público de salud. Si las comunidades firman el convenio, la privatización se realizaría de facto, “con nocturnidad y alevosía y sin necesidad de pasar por ningún control parlamentario”, advierte Inko Iriarte. “Es un escándalo”, agrega.
Explica que todas las empresas deben elegir entre una mutua y la Seguridad Social para la gestión de las bajas comunes, y que la mayoría escogen una mutua, por lo que hasta el 90% de la población se vería afectada por este convenio si se llega a ejecutar. “Esto tendría como consecuencia que las mutuas hicieran valer criterios productivos y economicistas al dar de alta a los trabajadores, dejando los criterios sanitarios en un segundo plano”. El médico de la empresa sería el médico del trabajador a lo largo de toda su vida laboral.
Iriarte recuerda que las mutuas son “un negocio muy goloso: funcionan con dinero público y el empresario puede controlar a sus trabajadores”. Legalmente, son entidades sin ánimo de lucro que colaboran con la Seguridad Social. Su historia se remonta a 1900 y en los últimos treinta años han ido aumentando el número de gestiones que realizan: otorgar la prestación por incapacidad temporal por contingencias comunes (1996), las prestaciones de riesgo durante en el embarazo y riesgo durante la lactancia (2007), el cese de actividad de los trabajadores autónomos (2010) y la prestación de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (2011), según indica Seguridad Social.