En un par de años se constituyó en Chile un vasto movimiento ciudadano de carácter ético (*) contra la corrupción. No lo ve quien no quiere rendirse a la evidencia. Fueron la gravedad de las prácticas corruptas junto con la revelación reiterada de la diversa gama de delitos de cuello y corbata (cohecho, financiamiento empresarial […]
En un par de años se constituyó en Chile un vasto movimiento ciudadano de carácter ético (*) contra la corrupción. No lo ve quien no quiere rendirse a la evidencia. Fueron la gravedad de las prácticas corruptas junto con la revelación reiterada de la diversa gama de delitos de cuello y corbata (cohecho, financiamiento empresarial de campañas políticas, malversación de fondos públicos, colusión empresarial en los mercados, delitos tributarios, incompatibilidad de funciones, evasión en paraísos fiscales, etc) las que quedaron a la vista repentinamente.
EL PRIMER MOMENTO FUE NINGUNEAR LA CORRUPCIÓN
Durante un breve lapso fue subjetivamente abrumador reconocerlo. Primero se habló del «vínculo entre el dinero y la política» (Lagos y Bachelet) como si fuera algo neutro que se instalaba de manera natural. La ultraderecha no tenía conceptos ni palabras para nombrar los fenómenos de la corrupción por el financiamiento empresarial trucho y la captura de la política por el dinero. Para ellos eran prácticas estructurales normales, algo propio de la cultura neoliberal en la que respiran. Es parte de su ethos o ADN ver circular plata que lo compre todo. Los estudios demuestran que los electores de derecha toleran la corrupción. La ningunean. No les afecta mayormente que sus candidatos sean corruptos.
En Francia, François Fillon fue acusado de malversación de fondos e igual obtuvo (20,01%) en primera vuelta. Tercero justo detrás de Marine Le Pen (21,3 %) y antes de Jean-Luc Mélenchon (19.58 %) el candidato de izquierdas.
Este movimiento anticorrupción en Chile es una potencia en sí (un empoderamiento subjetivo de la masa ciudadana y trabajadora), que se expresa en palabras, actos y afectos de empatía por quienes representan honestidad; y de repulsión por quienes personifican la casta. Esta nueva cultura política no se ha manifestado claramente con una convocatoria política a marchar bajo el lema «que ningún corrupto sea electo», pero no por eso no es una realidad sociológica. Se expresa en la subjetividad que surgió: en las conversaciones cotidianas, en las redes sociales y en los comentarios periodísticos sensatos (se manifiesta también en el repudio a uno de los Kast en la calle y las funas espontáneas a políticos como Valdés).
Si en boca del mismo juez de la Suprema no puede ser más claro: » No parece correcto que todo esto ocurra en una sociedad democrática. Yo creo que no puede haber personas que utilizando esos sistemas de financiamiento absolutamente reñidos con la moral estén sentados en el Congreso Nacional o estén ejerciendo un cargo público «.
Ossandón, el precandidato derechista lo sabe. Bien aconsejado, ataca frontalmente a Piñera en este aspecto.
EL FRAUDE ÉTICO POLÍTICO DE LA CASTA
El fraude ético-político que se materializó en los consensos, los acuerdos y el «crecimiento con equidad» no causó tanto impacto. Fueron los casos de corrupción reiterados que pasmaron de asombro al pueblo ciudadano. Los siguió el sarcástico humor político de los festivales.
El sentimiento de haber sido engañados por una casta política, militar y empresarial que se presentó como el ejemplo de la «virtud» (*) misma es histórico. Aquél se consolidó ayudado por el ímpetu inicial de algunos fiscales y por un trabajo periodístico que debió responder a la necesidad ciudadana de estar informado (presionado por la existencia de nuevos medios y las mismas redes sociales), según los cánones del oficio. Los porfiados hechos se imponían: los políticos no eran probos y los parlamentarios que hacían las leyes caían en la ilegalidad y sucumbían fácilmente ante el dinero de empresarios corruptores.
LA CORRUPCIÓN COMO MODO DE VIDA DE LA CASTA POLÍTICA EMPRESARIAL
Veamos. Nadie se preguntó con rigor en su momento cómo MEO financiaba su jet brasileño ni si habían otros políticos que como L. Golborne tenían dinero en paraísos fiscales, o si era normal que Longueira asesora a Contesse de SQM acerca del Litio; que Andrés Zaldívar viviera de las platas de Aguas Andinas cuando no era senador DC. ni de dónde salieron los fondos que obtuvieron Peñailillo y los G90 para financiar la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Para qué hablar de Orpis ni de los que recibían dinero por intermedio de sus hijos como el senador DC Pizarro. Rossi, Girardi y tantos otros hacían de las suyas sin ser molestados por la prensa. Era la época en que Andrés Velasco se atrevía a hablar de «malas prácticas» sin que nadie indagara si las suyas eran «buenas» y en que se creía que la UDI era financiada con aportes legales y no por Penta. Y el 2007 ya habían gruesos antecedentes de que Piñera tenía su prontuario de prácticas reñidas con la ley y una alta propensión a infringirla.
Ahí se agregaron La Polar, los dineros de la compra de los helicópteros de la FACH a los belgas, los pollos, Penta, SQM, las farmacias, el papel confort con los Matte, Corpesca y su ley, el caso Luksic-Compagnon-Banco de Chile-Caval y etc, etc …
LA PORFIADA CORRUPTELA ESTRUCTURAL
De un repente se impuso la abrumadora realidad. No hace mucho. Que la criminalidad de cuello y corbata se asentaba en Chile. Con esas prácticas ilegales ubicuas atravesando todas las instituciones de la sociedad. Es decir sus partidos, los políticos de carrera, las instituciones del Estado como el parlamento, los institutos policiales y militares (aquí de nuevo quedamos algo perplejos), los grandes empresarios y algunos funcionarios.
Se olvida a menudo que esto ocurría en una sociedad que antes había sido remecida por movimientos huelguísticos (forestales, subcontratistas del cobre, portuarios, Anef, Confusam, etc), de pobladores por una vivienda digna y deudores habitacionales; por la actividad del pueblo mapuche y por la rebeldía en Aysén en el primer mandato de Piñera. A los que se agregan los movimientos medioambientalistas de estirpe popular, los estudiantiles secundarios y universitarios de sectores medios y populares por el derecho a la educación. Después vino el promisorio NO+AFP por el derecho a pensiones dignas. Ahí en ese caudal de movimientos protestarios dispersos había una clara impugnación de amplios sectores sociales (y no sólo del estudiantado) al neoliberalismo.
Los últimos casos en el campo de la corrupción de la política democrática como las inversiones del Partido Socialista en empresas vinculadas con la evasión fiscal más el descubrimiento del dinero del ex presidente Piñera en los paraísos fiscales (oculto para no tributar al Estado del cual ha sido presidente) no hacen más que corroborar la tesis de la crisis institucional con corrupción galopante en el Chile del 2017.
En otro plano, en el de la representación sindical de los trabajadores y trabajadoras, se agrega a esta situación general la crisis específica de la central de trabajadores CUT.
¿QUÉ HA CAMBIADO EN CHILE?
La percepción ciudadana de la realidad – adelantada respecto a la de las elites intelectuales y de opinólogos- informa que Chile se ha convertido, como muchos otros, y a medida que el neoliberalismo lo penetró todo, en un país donde buena parte de las estructuras de poder estatal han sido capturadas por el poder de las grandes empresas al punto que voluntariamente, para rentabilizar, partidos «socialistas» invierten en ellas.
No es la clásica relación Estado-Mercado capitalista defendida por las teorías liberales. Es corrupta por la maraña de intereses privados donde lo público se somete al poder del capital en nombre de la «autonomía de los partidos» y de la rentabilidad. Se ha franqueado otra etapa en la implantación subjetiva (en las mentalidades) del neoliberalismo. Como sucede con el CAE ¡donde el dinero público es el que le genera ganancias a los bancos!
De tal manera que ha cambiado el carácter de la actividad política. Hoy algunos dicen que «el país ya cambió» para evitar una narrativa histórica que contemple las causas, los conflictos, los actores, las pugnas entre las clases. Y también el debate, en el campo popular, acerca de las estrategias de transformación social.
A manera de hipótesis, el razonamiento que surge es: «como lo viejo está corroído por dentro, aspiramos a algo nuevo que funcione sin engaño ni abusos (transparencia, probidad y regulación antineoliberal) y, si no, no descartamos brotes de revuelta en un clima de apatía». Esta última ya ha sido considerada deseable en estos casos por teóricos conservadores (La Comisión Trilateral en los 80; Fukuyama en su Fin de la historia, los ideólogos de las dictaduras neoliberales) que afirman que las masas (el demos) no pueden gobernarse sin una elite (oligarquía) que las mande. Esta idea es vieja como la política misma. Ha sido siempre una de las justificaciones de los sistemas oligárquicos y de las monarquías.
En otros términos, la democracia, cuando se impuso, fue el triunfo (kratos) del pueblo (el demos) sobre los oligarcas (los pocos que controlan el arkos: el poder y las riquezas).
Este vaciamiento del contenido ciudadano de la democracia (corrompiéndola) se ha visto agravado tanto por la actitud complaciente de organismos claves en la persecución del delito tributario como el Servicio de Impuestos Internos (SII), como por la falta de creatividad jurídica y la permisividad de la Fiscalía Nacional. Cabe, eso sí, señalar la actitud del juez de la Corte Suprema Milton Juica que ha sonado la alarma respecto de las consecuencias de una corrosión del principio de la autoridad jurídica ante los ricos y poderosos que se sienten por encima de la ley porque esta no los castiga. Recordemos que en ciertos países fue la institución de la justicia, sus jueces de instrucción, procuradores o fiscales quienes se enfrentaron con la fuerza de la ley, (en Italia algunos entregaron su vida) a la criminalidad y abuso de las mafias sicilianas, vaticanas y a sus políticos.
UN NUEVO PROYECTO POLÍTICO ES POSIBLE Y NECESARIO
Las izquierdas han avanzado rápido en algunos meses. Combatir la fragmentación del campo político de las fuerzas transformadoras es una actitud táctica más que razonable. En un contexto de crisis larvada debe haber una propuesta clara de las fuerzas sociales populares. Y quienes acusan de «síndrome de pureza» a los que ejercen la crítica política y buscan una alternativa de gobierno en las candidaturas del Frente Amplio, encarnadas en Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, lo hacen para banalizar y camuflar la crisis de la institucionalidad operada por la casta duopólica desde la dictadura. Es una manera de evitar enfrentarse al capitalismo neoliberal y potenciar un movimiento por Asamblea Constituyente. Y sobre todo ahora que se les cayó el «proceso constituyente», que manipularon hasta no poder.
Quienes muestran preferencias por el FA lo hacen por la democracia ciudadana. Son los y las que ya no aceptan la corrupción que se instaló y la desigualdad con desidia que campea. Y para combatirlas ansían profundas reformas en el sistema de representación parlamentaria y en el modelo presidencial en crisis, junto con recuperar poder para la ciudadanía y nuevas instituciones para la democracia. Además de una ley de medios que garantice el pluralismo informativo y el derecho a la información veraz y exhaustiva. Ayudaría mucho establecer un diálogo con el movimiento sindical íntegro y clasista con el fin de convocar directamente a los trabajadores y trabajadoras a implicarse en una campaña electoral para convertirla en decisiva.
Se trata entonces de infringirle una derrota electoral a los ¿ex? Nueva Mayoría y a los Vamos Chile. Por supuesto, se trata de elegir una mayoría contundente de parlamentarios y poner un ejecutivo que dé buen gobierno a una sociedad en crisis. Y con mayor razón, esto es posible ahora que la campaña del Frente Amplio prendió en las mentes (la razón) y en el corazón (los afectos). Pero bien sabemos que es sólo un comienzo.
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NOTA. (*) Para un buen uso de la razón ciudadana conviene no confundir moral (religiosa y privada) con ética política (democrática y pública). La primera impone sus valores desde lo trascendente (moral heterónoma [impuesta] a base de principios definidos por algunos humanos como sagrados). La ética política, o ¿cómo actuar y qué reglas darse en el mundo de la política democrática? se debate de manera argumentada en el espacio público (al que accedieron las redes sociales en el siglo XXI).
No olvidar que aquello que se llama virtud ciudadana (prudencia y probidad por ej.), y que es una conducta o práctica razonada en sociedad, la inventaron los filósofos griegos en el siglo V antes de Cristo.
Fue más tarde que el cristianismo promovió como «virtud» algo que tiene su propia lógica de poder, pero que no es racional: las prácticas de sumisión de los fieles ante la autoridad de Dios con sus leyes «divinas» incluidas en la doctrina de la Iglesia que confiere el poder a sus vicarios con el fin de dar a cambio la «gracia» y la «pureza» de espíritu. Aquellas virtudes que los griegos de la antigüedad clásica promovían por el ejercicio corporal y la reflexión filosófica, el cristianismo, el judaísmo y el islam las condenarían como «materialismo hedonista» y herejía (pensar por sí mismo).
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