Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canaria
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canaria reivindica una enseñanza laica, como debiera corresponder a una Estado moderno y soberano, dotado de una Constitución democrática. Sin embargo, tanto la actual Ley de Educación, como las anteriores leyes orgánicas, han estado supeditadas a dicho Concordato, negociado en época preconstitucional y aprobado en los albores de la puesta en marcha de la Constitución. Así pues, se produce una aberración democrática por la que el erario público financia una actividad en la enseñanza pública, cuyo control se deja en manos exclusivas de los obispos.
Al profesorado de Religión, le deben corresponder los mismos derechos laborales que al resto de los trabajadores, y tendrían que disfrutar de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía; no obstante no parece que esto lo entienda así el Tribunal Constitucional, el PSOE y el PP, ni mucho menos la Conferencia Episcopal española, que pretende convertir los centros de enseñanza en plataformas de adoctrinamiento en los que los obispos tengan capacidad de decidir, por encima de los poderes del estado, a los que estamos sujetos todos los ciudadanos.
Esta confusión interesada que se está generando con sentencias como estas, que nos retrotraen al tardofranquismo y al nacionalcatolicismo, perderían su razón de ser si el actual gobierno del PSOE y sus socios tuvieran la firme decisión de realizar una separación clara de poderes, no ya sólo de los tradicionales legislativo, ejecutivo y judicial -que se supone-, sino respecto a las iglesias, y de manera especial a la católica y al Estado del Vaticano, con el que se tiene firmado el Concordato desde hace casi tres décadas.
La enseñanza religiosa, entendida en términos de adoctrinamiento, debe ser impartida fuera del horario escolar y ser mantenida con las aportaciones de sus feligreses. Y sus trabajadores, que tengan los mismos derechos que el resto. Las leyes y las libertades de que disfrutamos así lo permiten y lo garantizan y la tan demandada libertad de enseñanza religiosa es perfectamente posible en esos términos. Y así se cumple el demandado principio de que «la facultad de las autoridades eclesiásticas para determinar quiénes sean las personas cualificadas para la enseñanza de su credo constituye una garantía de libertad de las Iglesias».
La presencia de la religión en los programas educativos debe estar contemplada como un importante elemento cultural objeto de estudio, tanto por su historia, como por sus diversas manifestaciones e influencia en la sociedad y la cultura de los pueblos. Nunca como objeto de adoctrinamiento.
Por tanto, desde el STEC-IC reiteramos la exigencia de la revocación del Concordato y apostamos por que se modifique la LOE y se introduzca el carácter laico para la enseñanza financiada con fondos públicos.
* Manuel Marrero Morales (miembro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias STEC-IC)