El rey es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. La Guardia Civil forma parte de las Fuerzas Armadas. Luego si en la Guardia Civil hubiera torturadores, el rey, como jefe de todos los guardias civiles, también sería el jefe de esos torturadores. Esta sencilla secuencia deductiva es irrefutable, pura lógica aristotélica: el mismísimo santo […]
El rey es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. La Guardia Civil forma parte de las Fuerzas Armadas. Luego si en la Guardia Civil hubiera torturadores, el rey, como jefe de todos los guardias civiles, también sería el jefe de esos torturadores. Esta sencilla secuencia deductiva es irrefutable, pura lógica aristotélica: el mismísimo santo Tomás de Aquino, poco sospechoso de radicalismo, la suscribiría sin vacilar. Por lo tanto, al llamar al rey «jefe de los torturadores», lo único que ha hecho Arnaldo Otegi es dar por supuesto que algunos guardias civiles torturan. Al condenar a Otegi por injurias al rey, es el Tribunal Supremo el que implícitamente ha injuriado al monarca, como es fácil demostrar.
Si Otegi hubiera dicho, por ejemplo: «El rey es el jefe de los torturadores, y por lo tanto es el responsable último de las torturas, y como tal él mismo es un torturador», habría rebasado los límites de la estricta lógica para entrar en el terreno de la ética y el derecho. ¿Es un jefe responsable de lo que hacen sus subordinados? ¿En qué medida? ¿Qué debe hacer un jefe digno de ese nombre cuando sus subordinados infringen gravemente la ley? Son cuestiones muy importantes, ineludibles, pero sumamente complejas, que no pueden ser despachadas con la generalidad y el esquematismo de una breve cadena silogística. De modo que si Otegi hubiera dicho que el rey, por el mero hecho de ser el jefe de los torturadores, es también él un torturador, habría formulado una afirmación susceptible de análisis jurídico y acaso tipificable como injuria. Pero Otegi no ha dicho eso: quienes lo han dicho, en realidad, han sido sus acusadores. Ellos y solo ellos afirman que la frase de Otegi equivale a llamar torturador al rey. Por lo tanto, el Tribunal Supremo no solo ha dictado sentencia contra Otegi (y, de rebote, contra Aristóteles), sino también contra el propio rey, al estimar que un irrefutable dato objetivo (el hecho de ser el jefe de todos los guardias civiles) lo define como torturador.
En todo caso, Otegi podría haber sido acusado de injurias a la Guardia Civil por decir que entre sus miembros hay torturadores, único punto de sus declaraciones que algunos podrían considerar objetable. Pero, curiosamente, nadie lo ha acusado de ello. ¿Por qué? Muy sencillo: porque en ese caso también habría que acusar de injurias a la Guardia Civil a la ONU, Amnistía Internacional, la Asociación Contra la Tortura, el TAT y otras respetables organizaciones nacionales e internacionales que llevan años diciendo lo mismo que Otegi.
En última (o primera) instancia, lo que ha hecho el Tribunal Supremo es lo que solían hacer algunos tiranos de la antigüedad: matar al mensajero. Otegi menciona unos hechos objetivos, a partir de los cuales el Tribunal Supremo concluye que el rey es un torturador, y acto seguido el Tribunal Supremo convierte su propia conclusión en una injuria imputable a la persona que se ha limitado a exponer los hechos.
El precedente es preocupante, pues, por la misma regla de tres, podrían ser acusadas de injurias al rey miles, millones de personas. Tomemos, por ejemplo, la siguiente frase: «Matar por diversión es propio de canallas o de enfermos mentales». Mucha gente la suscribiría sin dudarlo. Ahora bien, el rey es aficionado a la caza. Y, presumiblemente, no caza para alimentar a su familia ni para protegerse del frío con las pieles de los osos abatidos en Bulgaria. Por lo tanto, el rey caza por diversión. Luego se divierte matando. Luego todos los que suscriban la frase susodicha podrían ser acusados por el Tribunal Supremo de injurias al rey y condenados, como Otegi, a un año de cárcel. Análogamente, quienes se manifiestan contra las corridas de toros al grito de «La tortura no es cultura», también podrían ser acusados de injurias al rey, que a menudo preside lo que algunos llaman «fiesta nacional» y puede ser considerado, por tanto, el jefe supremo de los toreros.
Es más, el propio rey podría ser acusado de injurias al rey. En numerosas ocasiones, Juan Carlos ha expresado públicamente su admiración y su gratitud hacia Franco, y ha llegado a decir que le debe todo lo que es. Con lo cual el rey se ha llamado a sí mismo admirador e hijo político de un dictador, y el Tribunal Supremo, para ser coherente, debería condenarlo por injurias al rey. Pero, por suerte para sus postaristotélicos miembros, el Tribunal Supremo no tendrá que afrontar tan delicado problema jurídico, ya que, como es bien sabido, en la democrática España el rey está por encima de la justicia.