Tanto el régimen político como el modelo económico neoliberal que beneficia a la oligarquía empresarial, ambos heredados de la dictadura, han sumido al país en una profunda crisis política de la que no se saldrá necesariamente en marzo del próximo año con la instalación de un nuevo gobierno, de otro plantel legislativo y de autoridades locales electas en mayo, ya sean municipales o provinciales.
Sin esta hipótesis de trabajo, las fuerzas políticas transformadoras no estarán a la altura de la urgencia política. Realismo político que se impone cuando la contingencia presentista obnubila la razón, pues una puesta en perspectiva es siempre necesaria a partir de los acontecimientos que modelan y definen los contornos de la realidad histórica.
La propuesta del tercer retiro de las AFP del 10% abrió grietas reveladoras en la institucionalidad vigente. Las pugnas entre las mayorías parlamentarias (oposición y oficialistas) con el Gobierno de Piñera, junto con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar los requerimientos de este último, pueden ser percibidas como elementos que dan cuenta de un sistema político fallido, desadaptado en su respuesta a las demandas sociales y populares urgentes. A lo que se agregan, en tiempo de crisis sanitaria y del sistema de transporte público, una pérdida de legitimidad irrecuperable del modelo neoliberal. Pues el imaginario neoliberal ya no cautiva. Incluso las oligarquías que gobiernan en los países capitalistas centrales lo están constatando. Se necesita, reconocen, un Estado que provea en bienes públicos comunes a las grandes mayorías. Urge una renta básica individual, o un ingreso social garantizado para todes. En efecto, desde los 80 las políticas neoliberales desmantelaron sistemas públicos en salud, educación y seguridad social, modelos de fiscalidad y tributación progresiva, así como fondos de cesantía y pensiones. Hoy, son cada vez más los economistas e investigadores que en esos países están planteando estas cuestiones de política pública en términos de un dilema: o reconstruimos el Estado de protección social (que aseguró prosperidad entre 1945 y 1973 en Occidente), o se nos vienen encima revueltas, rebeliones y quizás hasta una Revolución. Una de las primeras propuestas a las cuales se le ha echado mano, que ha sido rechazada durante décadas en Chile por los neoliberales de todos los pelajes (de la ultraderecha conservadora y neoliberal a los neoliberales de la “centro-izquierda”) es el aumento de la tributación a los ingresos de los súper ricos, a sus patrimonios y a las grandes empresas.
En el Chile pos 18/0 del 2019 y a media epidemia de Covid-19, ha quedado en evidencia que la Constitución no ofrece la posibilidad de resolver la crisis política pues no hay una cláusula que permita convocar un referéndum revocatorio de un gobierno inepto como el actual. Los estrategas constitucionalistas neoliberales al servicio de la dictadura-cívico militar pinochetista, obtusos y cegados por la doctrina constitucionalista de Friedrich Hayek (las constituciones son un cerrojo de protección del modelo neoliberal contra los cambios y las demandas democráticas y populares) redactaron la Constitución del 80 sin considerar situaciones de crisis que no fueran resueltas con represión estatal. Se trataba de defender a como sea la libre empresa, la propiedad privada, un Estado subsidiario (pero focalizado en el orden y la represión) y los derechos individuales propios del liberalismo posesivo a la Thomas Hobbes (1642) y punto. Como los nazis en 1932, con sus delirios del III Reich, Ortúzar y sus compinches pensaron que el régimen político y el modelo neoliberal – impuesto por la dictadura cívico-militar a sangre y fuego – durarían un milenio.
Ahora bien, los retiros consecutivos del 10% han hecho que la utopía neoliberal anunciada por el ideólogo José Piñera (que no da la cara) se trice. En la percepción ciudadana, los fondos de pensiones son vistos como la pieza clave del modelo capitalista neoliberal chileno en crisis. Como un gran mecanismo de engaño al pueblo. Es evidente que el objetivo del actual sistema fallido de pensiones ha sido apropiarse de los salarios capturados a los trabajadores, para ser transformados por los fondos de pensiones (AFP) en capital fresco disponible para los grandes grupos económicos a bajo interés.
La última medida avanzada por el gobierno de Piñera, de inflar con dinero a las AFP, muestra que la oligarquía financiera y empresarial, que ha desarrollado en su seno y debido a sus prácticas corporativas una cultura de la corrupción, sigue contando con este mecanismo de captura capitalista para mantener su modelo de crecimiento con bajos salarios y depredación ambiental. Y que Piñera es uno de ellos mismos, y que gobierna para favorecerlos. Hecho que los intelectuales orgánicos de la clase dominante saben. Lo expresan claramente en sus medios. Las páginas editoriales de El Mercurio, insigne portavoz de la oligarquía, lo decía recientemente a su manera: “La crisis institucional que se cierne sobre el país, en un escenario en que el masivo uso de los fondos previsionales como mecanismo de “ayuda” financiera a las familias está generando un desmantelamiento de facto del sistema de capitalización individual”. Por supuesto el Decano, en sintonía con el candidato Briones de Evopoli, omitía decir que es un golpe duro a la legitimidad de todo el modelo neoliberal en un contexto donde los sectores populares necesitan recuperar sus propios “capitales individuales” (según la terminología neoliberal), pues el Estado subsidiario neoliberal no los provee con los medios para sobrevivir en tiempos de pandemia. Como toda sociedad moderna y decente, preocupada por las condiciones de vida materiales de los trabajadores y trabajadoras debe hacerlo.
Ante tal situación – vamos rápido, pero es así – la carrera presidencial que se sitúa en el estricto marco institucional puede convertirse en respiro para el sistema de dominación, pues los partidos que son máquinas partidarias y de poder, con un personal político adiestrado en el juego político tradicional parlamentario y mediático – en ruptura de confianza con la ciudadanía – buscarán canalizar el descontento hacia la salida de las urnas. Una ciudadanía crítica y atenta, junto con los movimientos sociales activos y portadores de demandas son, no obstante lo anterior, el único antídoto contra la ceguera interesada de una casta política sumisa al juego institucional. Que recordemos no vio venir la Rebelión ciudadana y popular del 18/O-2019.
Habrá un respiro – con mayor razón si amaina la furia viral –, lo más probable, con la elección en noviembre de un nuevo equipo de gobierno a la cabeza del Estado. Si es de derecha neoliberal, compuesto por los partidos oficialistas vinculados al actual gobierno, incluso con algunos matices sociales focalizados, la crisis se agudizará durante el año 2022, en pleno debate acerca de la Nueva Constitución en la Convención Constitucional. Todo esto en el marco de una politización creciente de los sectores populares, la juventud, los movimientos sociales feministas, ecologistas e inevitablemente, de los hasta ahora ideológicamente atrasados en la toma de consciencia, los trabajadores. Si el gobierno electo es portador de un programa de gobierno social timorato (a lo Concertación o Nueva Mayoría) de signo “centro izquierda”, para no hacerle olitas a la elite empresarial oligárquica que maneja el destino económico del país, a los poderes globales y los tratados comerciales, nada cambiará: la conflictividad social se mantendrá alta y la resolución de la crisis dependerá de la correlación de fuerzas entre los defensores del sistema de dominación actual en crisis, y las alternativas que emerjan de partidos políticos y de los movimientos sociales que pujen por transformaciones reales. Reformas profundas y no cosméticas serán necesarias esta vez para construir un país con bienes públicos y derechos sociales reales que orienten hacia la igualdad. En esta perspectiva, los partidos de una coalición victoriosa, con un Programa de Gobierno decididamente antineoliberal y de recuperación de bienes públicos y comunes, se enfrentarán a una lógica de reacción por parte de los sectores de la oligarquía dominante, la misma franja empresarial que hoy está detrás de Piñera como un solo hombre, y que lo apoya de manera irrestricta en la defensa de los pilares del modelo, en un clima de “ingobernabilidad”, por ellos mismos generada, y levantando posturas que se inscriben en la tentación autoritaria liberal rampante.
La “ilusión política” es el concepto que sirve para denominar la burbuja ficticia separada de la realidad social en la que viven las cúpulas de los partidos que conforman la casta política. La ilusión política reformista que consiste en creer que la sociedad puede ser transformada desde arriba con tibias reformitas – con un “programita” a la Bachelet – desde las instituciones de la política representativa – comenzando por los ciclos electorales presidenciales y parlamentarios – sin que intervengan los conflictos sociales, las diversas manifestaciones de la lucha de clases anticapitalista, ecológica y anti-patriarcal.
El paro llamado por la Unión Portuaria de Chile, con sus 8 mil trabajadores que representan 25 terminales portuarios, para «exigir al Estado de Chile un tercer retiro sin letra chica, universal, sin devolución ni pago de impuestos”, en el que además declaran oponerse a la “manipulación que se está intentando hacer entre cuatro paredes en este tema tan sensible para los chilenos y chilenas”, junto con un llamado a “todas las organizaciones sindicales, a los sindicatos del cobre” […] “a movilizarse” y a una “mayor unidad social y sindical”, augura una implicación cada vez más resuelta del proletariado de un sector neurálgico: botón de muestra de la capacidad potencial de la clase trabajadora del país a pesar en los debates y las soluciones, no solo inmediatas sino estratégicas.
Por lo mismo, hacer creer a la ciudadanía que desalojar a Larroulet del segundo piso, será un cambio real, como lo hacen a la ligera algunos rostros del periodismo, es jugar con la inteligencia colectiva. Tales opiniones contribuyen a impedir que se haga un balance acerca del carácter destructor que el neoliberalismo chileno ha sido para el vínculo social y los frágiles equilibrios del ecosistema (mire el desastre de las salmoneras, las llamadas “zonas de sacrificio ambiental”, la destrucción de glaciares, la construcción de represas en el Alto Bío-Bío, el saqueo del agua por los privados, la amenaza a la biodiversidad oceánica, etc.) y en su fracaso en la protección social en tiempos de crisis sanitaria. Esto es desviar la atención hacia los individuos, olvidar que están insertos en un sistema de fuerzas e intereses, pues es imposible que el gobierno de Piñera enmiende rumbo en un país donde los problemas fundamentales vienen de las estructuras sociales, económicas y de las instituciones políticas que los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, que le pavimentaron el camino a los Gobiernos de Piñera, dejaron intactas. Las mismas instituciones que han conducido a la crisis histórica que Chile vive hoy y cuya definición no pasará por esas mismas instituciones caducas. Proyectarse al futuro significa dimensionar que la política es conflicto social y que el Estado en manos de las mismas fuerzas neoliberales que hoy lo manejan, acentuará su perfil autoritario y represivo (basta con ver el financiamiento colosal de Piñera al cuerpo militarizado de Carabineros para comprar aparatos represivos, mientras las carencias sociales son alarmantes). Es hora de desmantelar el Estado represivo, de reconstruir otro, uno social, de apoyarse en el pueblo movilizado para hacerlo, y así poder ponerlo al servicio de un proyecto de país que asuma la transición hacia un Chile capaz de enfrentar los actuales desafíos que tienen una dimensión nacional y planetaria.