El transporte público se enfrenta a un difícil escenario en los próximos meses e incluso años.
Durante el confinamiento, los operadores se han visto en la necesidad de mantener ofertas superiores a las necesarias para garantizar las condiciones de seguridad sanitaria. Según cálculos de Ecologistas en Acción, esto ha supuesto pérdidas estimadas en 180 millones de euros mensuales dentro del conjunto del Estado.
Asimismo, en este escenario de pérdidas el transporte público va a tener que asumir medidas de distanciamiento y seguridad y deberá hacer frente a un probable rechazo de la población a viajar en transporte colectivo.
La desescalada va a ser un reto para las ciudades, donde cada día un elevado número de personas se desplaza mediante el transporte público. Algunas ciudades han puesto en marcha medidas para incentivar modos alternativos como la bicicleta para absorber parte de este tráfico.
Estas medidas eran ya necesarias antes de la crisis de la COVID-19 y ahora resultan absolutamente imprescindibles. Pero desgraciadamente no van a poder sustituir el papel vertebrador y universal del transporte público.
Por otro lado, el sector del transporte público no ha podido acogerse a ninguna de las ayudas desarrolladas por el Gobierno. No se está permitiendo, especialmente a las empresas públicas, acudir a los ERTE por fuerza mayor, tampoco a los operadores privados en algunos casos. Hasta la fecha no hay ningún programa específico para ellos.
Para evitar el colapso de operadores de transporte público, y que estos puedan ofrecer un servicio de calidad que evite un estigma hacia estos medios, Ecologistas en Acción propone un plan de impulso del transporte público. Doce medidas para mejorar la oferta, asegurar una financiación que garantice su mantenimiento a corto y largo plazo y reforzar la seguridad sanitaria del personal y las personas usuarias.
1. Ampliar el número y la dimensión de los carriles bus en las zonas urbanas y priorizarlos en los semáforos.
2. Habilitar carriles bus en las vías de titularidad estatal de entrada en las grandes ciudades.
3. Asegurar una adecuada oferta de transporte público, dimensionando la red actual (cobertura y frecuencias) de acuerdo con las necesidades reales de movilidad de la población.
4. Mejorar la información pública en tiempo real sobre opciones de transporte público, tiempos de espera y alternativas existentes para distribuir la demanda de forma más adecuada.
5. Aprobar urgentemente una ley estatal de financiación del transporte público.
6. Reducir las millonarias inversiones previstas en nuevas infraestructuras viarias, y reorientarlas en mejorar los servicios e infraestructuras del transporte público.
7. Transferir de manera urgente desde el Ministerio de Hacienda una subvención extraordinaria para el mantenimiento del transporte urbano a los ayuntamientos.
8. Crear un fondo de compensación para movilidad por parte de todas las administraciones competentes con el objetivo de suplir la pérdida por ingreso tarifario durante y después de la crisis por el COVID-19 a los operadores que, además de seguir prestando servicio, han tenido que asumir gastos extraordinarios.
9. Condicionar la recepción de ayudas extraordinarias a que los ayuntamientos destinen carriles de circulación para mejorar la movilidad peatonal, ciclista y colectiva frente al coche. El Ministerio de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial deberá proporcionar una guía para este efecto.
10. Intensificar las tareas de limpieza y desinfección de vehículos y estaciones (de autobús, metro o tren).
11. Disponer de informaciones e indicaciones claras en las estaciones y vehículos para asegurar que no se supere el aforo recomendado y las distancias de seguridad: vestíbulos de entrada y salida unidireccionales, pegatina en asientos e indicaciones en los andenes.
12. Dotar a las distintas plantillas del transporte público (conductores, personal de estación y mantenimiento) de todas las medidas de prevención y protección necesarias.