El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España contra la ley de Cantabria que prohibe la práctica del fracking. El Pleno del alto tribunal acordó el martes 24 de junio, estimar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cantabria 1/13, que en abril de 2013 estableció la […]
El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España contra la ley de Cantabria que prohibe la práctica del fracking.
El Pleno del alto tribunal acordó el martes 24 de junio, estimar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cantabria 1/13, que en abril de 2013 estableció la prohibición de la técnica de fractura hidráulica para la investigación y extracción de gas no convencional en la comunidad autónoma.
«Esto no es una sorpresa, lo que sorprende es que se haya resuelto tan rápido«, señala Josué Bilbao, miembro de la Asamblea contra el fracking de Cantabria. El Tribunal Constitucional, que anula la ley autonómica, ha resuelto este asunto en sólo cinco meses. Es la primera vez que se pronuncia sobre el fracking y lo hace en contra de las comunidades autónomas y a favor del Gobierno central, lo cual afectará a otras leyes como la de La Rioja y Navarra.
Según el Constitucional, las competencias autonómicas no pueden ejercerse de forma que vacíen las del Estado. Asimismo, el tribunal considera que la legislación estatal prevé de forma expresa la obligación de someter los proyectos de fracking a una previa declaración de impacto ambiental favorable, por lo que las competencias autonómicas pueden ejercerse sin limitar las estatales ante cada autorización concreta. Se refiere a la Ley de Evaluación de impacto ambiental promovida por Arias Cañete, que, como ya se señaló en su momento, daría vía libre al fracking. Sumado esto a la actual negociación del Pacto de libre comercio e inversiones que se está negociando entre la UE y EE UU (TTIP), y que podría suponer más fracking en toda Europa, la situación se vuelve cada vez más complicada en la oposición a esta peligrosa técnica de extracción.
Los colectivos en contra del fracking, que nunca fueron demasiado optimistas respecto al futuro -y las intenciones- de las legislaciones autonómicas, han señalado ya en reiteradas ocasiones que la clave estriba en mantener el rechazo ciudadano. «Una vez más, se pone de manifiesto que para defender nuestros derechos, nuestra tierra, agua y aire, no queda otra opción que la movilización social y la información constante», apunta Bilbao.