El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por no investigar la denuncia de torturas de Aritz Beristain durante el tiempo en que permaneció incomunicado en manos de la Guardia Civil, tras su detención en setiembre de 2002 acusado de «kale borroka». TAT: «El 100% de las mujeres torturadas han referido violencia […]
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por no investigar la denuncia de torturas de Aritz Beristain durante el tiempo en que permaneció incomunicado en manos de la Guardia Civil, tras su detención en setiembre de 2002 acusado de «kale borroka».
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que el Estado español violó el artículo 3 -prohibición de la tortura- del Convenio Europeo de Derechos Humanos, desde el punto de vista procedimental, por «la ausencia de una investigación profunda y efectiva» de las torturas denunciadas por Aritz Beristain.
Detenido junto a una decena de jóvenes en Donostia por la Guardia Civil en setiembre de 2002, Beristain interpuso una demanda, presentada por los abogados Didier Rouget y Aiert Larrarte, por «malos tratos durante su arresto y detención, como golpes en la cabeza, sesiones de asfixia con una bolsa de plástico alrededor de la cabeza, humillaciones y vejaciones sexuales y amenazas de muerte y violación».
Durante el periodo en que permaneció incomunicado fue examinado en cinco ocasiones por un médico forense. En el primer examen se le detetctó «una herida lineal de 1,5 centímetros en el lado derecho de la cara, a la altura de la mandíbula (erosión malar)».
Durante el trayecto entre Donostia y Madrid, denunció que «los agentes le colocaron una bolsa en la cabeza» y le lanzaron «amenazas contra su familia». La demanda recoge que ya en Madrid, «recibió golpes con una pistola» y que «le introdujeron un objeto por el ano».
El tribunal considera que Beristain vio afectados sus derechos a la integridad física y moral y a la protección objetiva de los jueces y de los tribunales. Indica que los informes médicos elaborados durante su detención reflejaban que el arrestado había sufrido lesiones lo que tendría que haber generado «una investigación más en profundidad».
«Cuando un individuo denuncia haber sufrido a manos de la policía o de otros servicios del Estado graves daños (…) se requiere la puesta en marcha de una investigación oficial efectiva», manifiesta
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos utiliza los mismos argumentos e impone idéntica sanción económica que en la sentencia, hecha pública en setiembre pasado, de la demanda interpuesta por el preso político Mikel San Argimiro. Le debe abonar 23.000 euros.