El Tribunal Supremo absuelve al juez que asesoró a un capo del narcotráfico

«Mostrar el rostro humano de la Justicia». Según su abogado, Nicolás González-Cuéllar Serrano, esto es todo lo que hizo el juez José Antonio Martín al indicar al empresario palmero Wilebaldo Luís Yanes, en el año 2005, cómo debía proceder el abogado del narcotraficante Rafael Bornia durante su comparecencia ante una de las salas de la Audiencia Provincial de Las Palmas, entonces presidida por Martín. Así lo afirmaba González-Cuellar Serrano ante los cinco magistrados del Tribunal Supremo que, el pasado 19 de enero, absolvían al juez de un «delito de actividades prohibidas a funcionarios», archivando definitivamente su caso en la vía penal. El fallo de la máxima instancia jurídica del Estado anula la sentencia del TSJC que le condenaba por este delito a la pena de un año y medio de inhabilitación y 7.500 euros de multa.

ALEGRÍA EN EL ESTABLISHMENT CANARIO

El ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas José Antonio Martín es, por tanto, un hombre «inocente» para el sistema judicial español, como se encargaba de subrayar el presidente del Gobierno de Canarias Paulino Rivero. Preguntado acerca de la opinión que le merecía la noticia, Rivero aprovechaba para criticar muy duramente «el linchamiento y la condena pública a alguien a quien luego los tribunales han absuelto». «Algo – concluía – que nos debería hacer reflexionar a todos». Pero el presidente del Ejecutivo autonómico, lejos de ser el único en pronunciarse en este sentido, es solamente uno más de los personajes que se han retratado con motivo de la reciente absolución del juez Martín. Así, por ejemplo, la política derechista Nardy Barrios -creadora de la marca electoral Compromiso por G.C y coaligada con el PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas- se quejaba amargamente «por el grave perjuicio que provoca la lentitud de la Justicia en España». «La sentencia absolutoria -afirmó Barrios sin sonrojarse- queda casi sin eficacia después de tanto tiempo, porque es imposible restaurar su honor después de años de linchamiento público». Pese a ello, la tercera teniente de alcalde de Las Palmas expresó su alegría por «la recuperación de su inocencia» (sic).

Ni que decir tiene que el tañido de las campanas de la dirigencia del PP -algunos de cuyos más significados integrantes están imputados en diferentes procedimientos judiciales por delitos graves- fue bien sonoro. El secretario general de los populares canarios, Manuel Fernández, reprobó con estudiada severidad que «una persona de la talla y categoría moral de José Antonio Martín haya tenido que sufrir durante cuatro años un acoso mediático y personal por una interpretación sesgada de una conversación telefónica marginal» y consideró la sentencia absolutoria «un acto de justicia de muy alta valoración» (sic). «Ratifico -dijo el también diputado del Partido Popular- las opiniones expresadas en prensa por el abogado Eligio Hernández«.

Por su parte, el ex Fiscal General del Estado -el mismo que secretamente mostraba también «el rostro humano de la Justicia» reuniéndose en las trastiendas con pistoleros a sueldo del terrorismo de Estado – manifestó, de igual forma, su júbilo por la insólita sentencia del Tribunal Supremo, expresando su convicción de que «se había hecho justicia». «Me alegro por él y por su familia que ha sufrido mucho con este asunto» -añadió el letrado-. Hace poco más de dos años, Eligio Hernández -conocido también en los ámbitos periodísticos como el «Fiscal de los GAL»– escribía un artículo escandaloso en la prensa de las islas, demandando el reconocimiento de la inocencia del ex general Rodríguez Galindo, asesino convicto de las bandas organizadas durante el gobierno de Felipe González.

Tampoco el autodenominado «nacionalismo progresista» quiso dejar pasar la ocasión sin hacer constar su respetuosa sumisión a la más alta magistratura. El secretario de Comunicación de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, declaró que la sentencia del TS -que al día de hoy aún no ha sido publicada- «parece totalmente clara y por tanto NC la respeta absolutamente y no tiene una posición clara en el plano deontológico del asunto».

Salvador Alba Mesa, portavoz en Canarias de la ultraconservadora Asociación Profesional de la Magistratura -uno de cuyos primeros miembros fue el juez José Antonio Martín- aseguraba: «Sentimos una tremenda alegría y satisfacción por esta sentencia. Ha funcionado el Estado de Derecho, porque la ley es igual para todos».

UN JUEZ ASESOR DE MAFIOSOS NARCOTRAFICATES

Pero, ¿realmente el caso de José Antonio Martín constata que disfrutamos en España de un «Estado de Derecho» en el que todos somos iguales ante la ley? ¿O más bien sucede todo lo contrario? La exposición sucinta de los hechos comprobados debería bastar para responder a estas preguntas.

El escándalo del juez Martín estalló a comienzos del año 2006, cuando unas escuchas telefónicas ordenadas por el magistrado Miguel Ángel Parramón, en el marco de la investigación de la trama eólica, captaban accidentalmente la conversación mantenida por éste con su íntimo amigo Wilebaldo Luís Yanes. Un conocido empresario imputado en la citada trama y padrino de su hijo Nereo Santiago Martín. En esta conversación, el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas aconsejaba a Yanes sobre la manera en la que debía actuar el abogado del narcotraficante Rafael Bornia para lograr su excarcelación bajo fianza. Wilebaldo Luís Yanes, socio del hermano del encausado Julio Bornia, se dirigía a su compadre con un «joder, mira a ver lo que puedes hacer por ahí». A lo que el juez respondía con un «pero dile que no se enrolle, que explique las cosas claritas y sencillas, que diga que está dispuesto a pagar una fianza en la cantidad que se le diga (…) y ya está, a ver que pasa».

Sin embargo, la conversación telefónica -a la que, según parece, se ha logrado reducir toda la investigación penal- es tan solo uno de los episodios en los que el juez Martín «mostró» a los Bornia el «rostro más humano» de la Justicia española. A mediados del año 2006, César Tolosa Tribiño -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria e instructor del expediente disciplinario abierto contra Martín- consideraba «sobradamente acreditado que el magistrado había puesto el ejercicio de su función al interés de Rafael Bornia», al que se iba a juzgar en la Sección Primera de la Sala que él presidía. Tribiño estimaba igualmente acreditado que José Antonio Martín había incurrido en cuatro faltas consideradas muy graves, por lo que recomendaba su expulsión de la carrera judicial. Una de estas «faltas» fue presionar a los jueces encargados del caso para que concedieran al narcotraficante la libertad bajo fianza. Pero no fue ésta la única ocasión en la que José Antonio Martín trató de favorecer al narco. Momentos antes de iniciarse la vista contra éste, celebrada el 28 de julio de 2005, el magistrado se acercó al fiscal antidroga Javier García Cabañas y le preguntó por la posibilidad de que la Fiscalía, modificando su criterio anterior, pidiese la libertad de Bornia. Ante la negativa del fiscal, Martín intentó, nuevamente sin éxito, que éste aceptase ponerlo en libertad con una «alta fianza». Al finalizar la vista, fue el juez Martín -conocido por sus sentencias implacables contra los delincuentes de poca monta- quien se apartó del criterio que había mantenido en casos similares, votando en solitario a favor de que se acordase la libertad provisional de Rafael Bornia, en cuya casa encontró la policía más de 140 millones de pesetas escondidos en un trastero. Unos meses antes, José Antonio Martín había compartido mesa y mantel con Julio Bornia -a quien con anterioridad absolvió por otro delito de narcotráfico-, en una cena a la que también asistió Wilebaldo Luís Yanes.

Además de lo ya señalado, el expediente de César Tolosa Tribiño consideraba probado que, al tiempo que ejercía como presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Martín era dueño de un alto porcentaje de acciones de una empresa dedicada al asesoramiento legal, dirigida por su hijo, y que él mismo ejercía estas labores de asesoramiento. Dos actividades que la Ley Orgánica del Poder Judicial declara incompatibles con el ejercicio de la judicatura. La investigación penal abierta contra el juez Martín desvelaba, asimismo, que éste tenía la friolera de 72 cuentas corrientes vinculadas a su nombre y facturas sin justificar por valor de más de treinta mil euros. Por todo ello, el ex presidente de la Audiencia era apartado cautelarmente de sus funciones y acusado de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios y cohecho. En marzo de 2008, sin embargo, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Las Palmas, que investigaba el patrimonio de Martín para tratar de determinar si éste había cobrado comisiones a cambio de otorgar favores judiciales a Rafael Bornia, enviaba un informe a la magistrada instructora del caso, Carla Bellini, en el que concluía que «no habían encontrado pruebas suficientes que acrediten estos cobros».

El caso estuvo a punto de ser archivado en la vía penal. Y, por el camino, no se perdió sólo la acusación de cohecho, sino también las de prevaricación y tráfico de influencias. Finalmente, José Antonio Martín era condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a la benevolente pena, ya mencionada, de un año y medio de inhabilitación y 7500 euros de multa. En el ínterin, no obstante, el Consejo General del Poder Judicial lo nombraba presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Nos tranquilizaba, eso sí, el órgano supremo del Gobierno de la Judicatura, aclarando que Martín no podría tomar posesión de su puesto mientras no se resolviera su caso en la vía penal. Tras el fallo del Tribunal Supremo, pues, José Antonio Martín podría volver a presidir justamente la Sección de la Audiencia desde la que, hace ahora poco más de cuatro años, trataba de conseguir la excarcelación del narco Rafael Bornia. Una posibilidad que, aunque no llegue a materializarse -ya que el magistrado está a punto de llegar a la edad de jubilación-, requiere pocos comentarios adicionales.

Los magistrados del Supremo han absuelto a uno de sus pares. En un gremio tan herméticamente jerárquico y ultraconservador difícilmente podía esperarse otra cosa. Sea como fuere, resulta indudable que con ejemplos tan elocuentes como éste será difícil que nuestra sociedad continúe tragándose, sin más, que esto es un «Estado de Derecho».