El Defensor del Pueblo argentino, Eduardo Mondino, ha denunciado ante el Tribunal Supremo del país (Corte Suprema) a 17 compañías petroleras -entre ellas la española Repsol, la brasileña Petrobras y la estadounidense Total- por el daño ecológico que están causando en una amplia zona cerca de 10.000 pozos de petróleo. Mondino exige que las empresas […]
El Defensor del Pueblo argentino, Eduardo Mondino, ha denunciado ante el Tribunal Supremo del país (Corte Suprema) a 17 compañías petroleras -entre ellas la española Repsol, la brasileña Petrobras y la estadounidense Total- por el daño ecológico que están causando en una amplia zona cerca de 10.000 pozos de petróleo. Mondino exige que las empresas abonen los 550 millones de dólares (406 millones de euros) estimados que costará reparar los daños causados por las instalaciones que en muchos casos están abandonadas y en deficiente estado de conservación.
«El problema es que muchas de estas empresas conocen la normativa medioambiental que tienen que cumplir, cosa que hacen en otros países, pero en Argentina les sale más barato no hacerlo», explica Mondino. Las actividades contaminantes afectan a cinco provincias argentinas: Buenos Aires, Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro con una extensión total de 900.000 kilómetros cuadrados. España mide 505.990 kilómetros cuadrados. El área afectada se denomina «cuenca neuquina», una de las cinco cuencas petrolíferas en las que se divide el país. Las otras cuatro son: Golfo de San Jorge, Cuyana, Austral y cuenca del Noroeste.
El núcleo de la denuncia -que se suma a una realizada en el año 2003 por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia- estriba en que las compañías petroleras en muchos casos no han realizado las obras de infraestructura necesarias para una explotación correcta de sus pozos. Muchos depósitos de residuos están mal construidos o son inexistentes; los caminos de acceso se han realizado sin ningún tipo de planificación dañando seriamente el suelo; las roturas en cañerías y conducciones nunca se arreglan con las consiguientes fugas y filtraciones e incluso los pozos de petróleo que han dejado de ser rentables no se han cerrado siguiendo medidas adecuadas para evitar la contaminación del terreno. El suelo, la flora, el ganado, los cursos de agua y la capa freática llevan años recibiendo estos contaminantes.
En 1998 Naciones Unidas elaboró un extenso informe sobre la degradación de los recursos naturales en la cuenca neuquina, el área afectada sobre la que versa la denuncia del Defensor del Pueblo. En el texto, la ONU habla de emergencia medioambiental y advierte que la explotación petrolífera tal y como se estaba haciendo -y que básicamente no ha variado en estos años como apunta el alto funcionario argentino- puede acarrear «efectos traumáticos para la satisfacción de las necesidades humanas de la actual generación y las futuras».
Sobre esta base, Mondino, elegido para el cargo en 2002 que, al igual que en España, es independiente del Gobierno de turno, ha acudido a la más alta instancia judicial argentina, que es una mezcla de Tribunal Supremo y Constitucional, reclamando a las empresas el cese de las prácticas contaminantes y el pago de los costes para paliar los daños. «Y hay que tener en cuenta que la cifra de 550 millones de dólares es hasta 1998». La demanda, establecida por la vía civil, no hace mención al pago de indemnizaciones a los posibles afectados, ni hace referencia a las autoridades argentinas como responsables subsidiarias de los daños efectuados. En principio, son las provincias las responsables de la vigilancia y aplicación de la reglamentación medioambiental, aunque es el Ministerio Federal de Planificación el que autoriza las explotaciones.
El Defensor del Pueblo advierte que a este caso pueden seguir otros similares en otras cuencas argentinas. Para Mondino uno de los aspectos más graves del problema es que las empresas denunciadas disponen de tecnología y métodos para preservar el medioambiente.
En su denuncia Mondino apunta directamente contra los máximos responsables de las empresas petroleras. «La gestión ambiental exige un grado de compromiso que comienza en las jerarquías máximas de las organizaciones empresariales y se transmite con hechos hacia los niveles menores: solamente habrá gestión ambiental creíble y seria si dicho compromiso existe», destaca y para que no queden dudas añade que «cuando este compromiso no está presente en los niveles de dirección ello repercute en los niveles de menor responsabilidad». El resultado es que «sacar petróleo» en poco tiempo y a bajo costo se impone sobre cualquier otra consideración.
La española Repsol-YPF es la empresa líder en producción petrolífera en Argentina con el 39,4% del mercado seguido por Pan American (16,4%), Petrobras (9,5%) y Exxon (8,4%). Todas ellas aparecen en la denuncia del Defensor del Pueblo argentino, quien señala que son la Constitución y la Ley de Medio Ambiente quienes le obligan a intervenir.
Además de la acusación de posibles daños medioambientales directos, muchas compañías petroleras que operan en Argentina están inmersas en procesos judiciales por la manera en que gestionan los terrenos donde están las explotaciones. Las poblaciones vecinas denuncian en unos casos usurpación de tierras comunitarias y en otros la falta de respeto a los derechos de paso establecidos por la ley.
Hace dos semanas un tribunal de Neuquén absolvió a cuatro miembros de una comunidad mapuche acusados por la estadounidense Apache Corporation de paralizar su actividad durante una protesta. Los acusados habían cerrado las llaves de bombeo en una explotación. En su defensa, los mapuches argumentaron que llevaban 200 años en la zona y el tribunal, en una sentencia que sienta precedente jurídico, les dio la razón.