El pasado 28 de enero el Tribunal Supremo emitió sentencia respecto al supuesto derecho de los padres a objetar a que sus hijos recibieran la asignatura Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, rechazándolo. El fallo considera que la asignatura no lesiona los derechos de los padres a educar a sus hijos en las […]
El pasado 28 de enero el Tribunal Supremo emitió sentencia respecto al supuesto derecho de los padres a objetar a que sus hijos recibieran la asignatura Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, rechazándolo. El fallo considera que la asignatura no lesiona los derechos de los padres a educar a sus hijos en las convicciones morales y religiosas que estén de acuerdo con las suyas propias, de modo que los niños estarán obligados a cursar la asignatura.
La sentencia amplía el rechazo a la objeción de conciencia a otras dos asignaturas, Educación ético-cívica, de 4º de ESO, y Filosofía y ciudadanía, de 1º de Bachillerato, que habían sido también puestas en el punto de mira de los padres objetores. Hay que decir que, a pesar de todo el revuelo que la España negra ha organizado en este país acerca de estas asignaturas, el porcentaje de padres objetores apenas ha superado un miserable 2% (50.000 objeciones de 2,4 millones de alumnos). Los promotores de este disparate, sin embargo, piensan recurrir ante el Tribunal Constitucional y, si fuera preciso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, buscando alargar innecesariamente una batalla que saben que tienen de antemano perdida.
En artículos anteriores ya se definió la postura de nuestro colectivo ante la existencia en el currículo de 2º de Eso de la asignatura Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, así como de sus contenidos (ver el artículo ¿Adoctrinar a la ciudadanía? [http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57077]), postura que, si bien critica la materia, lo hace desde una perspectiva totalmente ajena a la jerarquía católica, la derecha política y mediática y su recua de gritones, de modo que no se incidirá aquí sobre dicha crítica, sino sobre la propia posibilidad de que se pueda objetar a una asignatura que forma parte de un currículo oficial de una ley que ha sido aprobada por el parlamento.
Las asociaciones que han promovido la objeción de conciencia a estas tres asignaturas (a EpC sobre todo, pero también en menor medida a las otras dos), Profesionales por la Ética, Foro por la Familia, CONCAPA, y otras más, apoyadas por la Iglesia Católica, la universidad católica privada San Pablo CEU, los medios de comunicación más derechistas y el Partido Popular, argumentaban contra dichas asignaturas que eran de naturaleza adoctrinante, introduciéndose en el ámbito de las creencias privadas de los alumnos, de modo que se saltaba la naturaleza neutral del Estado en materia ética, así que era un derecho de los padres el obligar a sus hijos a no cursar dichas asignaturas. El Tribunal Supremo no ha encontrado ningún elemento adoctrinador en ninguna de estas materias, de modo que ha tumbado parcialmente ese argumento.
Ahora bien, la sentencia del Supremo deja abierto un interrogante: ¿hasta dónde llega el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias? La cuestión no debe plantearse en abstracto, sino ateniéndose a circunstancias concretas. En este caso, la objeción de conciencia fue organizada por grupos ultracatólicos reaccionarios cuya principal pega a la asignatura consistía en el reconocimiento que ésta contempla de la diversidad sexual, lo cual no es más que la constatación de una realidad social que además está protegida por una legislación aprobada por una amplia mayoría parlamentaria atendiendo al democrático principio de no discriminación por razones de orientación sexual. La lucha contra esta asignatura ha sido, en el fondo, una lucha contra el derecho democrático de la igualdad de todos ante la ley, derecho que ha sido negado siempre a los homosexuales en base a una concepción del mundo que hoy en día es arcaica y oscurantista. Se puede estar en contra de la ley, por supuesto, pero es sin duda más difícil estar en contra de la realidad. ¿Es ilimitado el derecho de unos padres, no sólo a enseñar a sus hijos unos valores que condenan al desprecio y la discriminación a una parte considerable de la población, sino además a impedirles cuestionarse tales valores? Si bien, desgraciadamente, como ya consideró anteriormente este colectivo (ver el artículo ¿Adoctrinar a la ciudadanía? [http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57077]), la asignatura EpC no parece en principio diseñada para dicho cuestionamiento, sí lo son las otras dos materias a las que se extendía la objeción, Educación ético-cívica y Filosofía y ciudadanía. Frente al supuestamente ilimitado derecho de los padres a educar a sus hijos en unos determinados valores, ¿no estaría el derecho de éstos a recibir una educación1 pública que les ayudase a valerse intelectualmente por ellos mismos, lo cual implicaría el derecho a cuestionarse los propios valores en los cuales han sido educados, bien para validarlos, bien para rechazarlos, cuyo objetivo último sería la formación de individuos autónomos, esto es, de ciudadanos? La actitud de gregarismo sectario de estos padres teledirigidos por la Iglesia Católica, ¿no hace peligrar la convivencia democrática?
Por otro lado, como ocurre en algunos Estados de Estados Unidos, el ilimitado derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores hubiera podido extender la objeción a la Biología por explicar la teoría de la evolución, o a la Historia de la Filosofía por explicar a Nietzsche, o a la Psicología por explicar a Freud, por ejemplo. Se da el caso en EE. UU. de que, gracias a la ilimitación de este derecho, algunos padres educan ellos mismos a sus hijos en su propia casa, siéndoles reconocido a éstos el derecho de no acudir al colegio con los demás niños por temor a ser adoctrinados en el darwinismo, por ejemplo, lo cual es un caldo de cultivo para un fanatismo religioso que, para su vergüenza, ampara la democrática legislación estadounidense2.
La sentencia del Tribunal Supremo, además (y sobre todo), ha dado al traste con la idea de la educación a la carta que promovían los padres objetores, pues, junto a su supuesto derecho ilimitado a educar a sus hijos según sus valores, se argüía su libertad para elegir la educación de sus hijos, algo muy al gusto de los centros privados, pues tras ella se esconde la concepción de que los padres son clientes que, al pagar por un producto (en este caso la educación de sus hijos) tienen derecho, como consumidores, a exigir que éste sea de su gusto. Al fin y al cabo, el cliente siempre lleva la razón, y quien paga, manda. No es gratuito que los promotores de este despropósito hayan sido asociaciones como Profesionales por la Ética, el Foro por la Familia o una universidad católica privada (San Pablo CEU), que contra la educación pública defienden el cheque escolar, invento de Milton Friedman, o que la Comunidad de Madrid, campeona en la privatización de la enseñanza, haya sido la instancia política que más ha apoyado a los objetores. No hay nadie más interesado en este país en la destrucción de la educación pública y laica (conceptos que en toda sociedad democrática debieran ir inexorablemente unidos) que la Iglesia Católica, pues es su principal beneficiaria. No olvidemos que el 89% de centros privados que reciben subvenciones públicas son católicos. Frente a ella y sus privilegios medievales y económicos, las fuerzas democratizadoras y de izquierdas deberíamos exigir la igualdad de derechos de todos los alumnos de todo el Estado, lo cual se debe concretar en una misma educación pública, laica y gratuita para todos y el fin de los conciertos educativos.
Javier Alcolea Rodríguez. Profesor de Filosofía de Bachillerato y miembro del Colectivo de Profesores de Trabajadores y Jóvenes por la República.
Notas:
1 O instrucción, acercándose más así a la idea ilustrada francesa de educación en contenidos en la línea de Condorcet.
2 Ver al respecto el excelente documental Campamento Jesús: http://video.google.es/videosearch?q=campamento+jesus+documental&emb=0&aq=0&oq=campamento+jesus#