El Tribunal Supremo ha tumbado parte del Decreto de 2003 con el que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre modificó la normativa que regula la concesión de emisoras de radio en FM. Con dicho artilugio legal, el Gobierno regional pretendía dejar sin licencias a las emisoras gestionadas por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, reconociendo […]
El Tribunal Supremo ha tumbado parte del Decreto de 2003 con el que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre modificó la normativa que regula la concesión de emisoras de radio en FM. Con dicho artilugio legal, el Gobierno regional pretendía dejar sin licencias a las emisoras gestionadas por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, reconociendo sólo a las comerciales y municipales. La sala de lo Contencioso-Administrativo ha aceptado el recurso de casación interpuesto por la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid (URCM), que reclama anular el Reglamento por ser contrario a Derecho.
El Decreto 29/2003 no reconoce la categoría de emisoras culturales y de carácter no lucrativo. Según éste, sólo las emisoras comerciales y las municipales pueden obtener licencia para emitir en FM. Esta ley también regula el procedimiento para cerrar las emisoras que carecen de la concesión prescritiva, recoge Europa Press.
El Recurso de Casación
En la tramitación del Decreto, la Comunidad excluyó a la URCM, a pesar de ser una entidad representativa del sector y de estar afectada directamente por la reforma. En consecuencia, la organización presentó el Recurso de Casación 1997/2006 que el Tribunal Supremo acaba de admitir. La aceptación del recurso por parte del Supremo deja sin efecto algunas de las modificaciones impuestas, por ejemplo, la citada eliminación de la categoría de «emisoras culturales y otras de carácter no lucrativo».
Se omitió la audiencia
El Alto Tribunal ha estimado parte del recurso porque, según opina, en la adjudicación «se omitió la audiencia de quien representaba los intereses (…) de los titulares de las emisoras culturales cuya supremsión, como tal categoría, era una de las claves de la disposición reglamentaria objeto de litigio».
Antecedentes
En enero de 2007 la Comunidad inició el procedimiento de adjudicación de 21 emisoras mediante concurso público. A la convocatoria se presentaron casi 500 solicitudes provenientes de 78 solicitantes; sin embargo, la URCM y entidades como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales se vieron perjudicadas y, en consecuencia, pidieron que se anulara la resolución adjudicatoria.
Adjudicación paralizada
Desde entonces, las concesiones para las 21 emisoras se han ido retrasando y tras la sentencia, el reparto puede incluso paralizarse. Además, a la sentencia se suma otra reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba la adjudicación de concesiones de Televisión Digital por parte de la Comunidad.