La vista oral del sumario 18/98 ha dejado en evidencia en más de una ocasión la falta de imparcialidad del tribunal y de los policías que ejercen de peritos. Ayer, unos y otros se unieron para intentar recomponer lo que las preguntas de la defensa habían hecho añicos la noche del martes. En esa sesión, […]
La vista oral del sumario 18/98 ha dejado en evidencia en más de una ocasión la falta de imparcialidad del tribunal y de los policías que ejercen de peritos. Ayer, unos y otros se unieron para intentar recomponer lo que las preguntas de la defensa habían hecho añicos la noche del martes. En esa sesión, los agentes de la UCI reconocieron que no habían incluido en su informe sobre «Egin» los documentos que acreditaban que el periódico había llegado a un acuerdo con la Seguridad Social. Una confesión que echaba por tierra la acusación más importante que pesa sobre el diario.
El juicio por el sumario 18/98 ha vivido en las últimas jornadas algunos de los momentos más importantes desde que se diera inicio a la vista. De hecho, lo acontecido en las últimas horas puede dar la medida de lo que es realmente este proceso.
En la sesión del martes, que se prolongó hasta bien entrada la noche, el abogado Alvaro Reizabal consiguió que los «peritos» de la UCI reconocieran que el informe policial utilizado para cerrar «Egin» no contenía elementos clave para la defensa, e hizo que admitieran que las conclusiones de ese informe serían diferentes de haberse incorporado esa documentación.
Ayer, consciente de la importancia de esa confesión, uno de los autores de ese informe intentó enmendarse, y la presidenta de la Sala no sólo le dio vía libre para ello sino que, con ese objetivo, se saltó todas las garantías procesales.
Deuda con la Seguridad Social
La principal acusación que recae sobre «Egin» es de carácter económico, y argumenta que los responsables del diario intentaron eludir el pago de la deuda que mantenía con la Seguridad Social, y ocultar su patrimonio para evitar que fuera embargado por ese organismo.
Sobre este argumento se ordenó cerrar el medio. Y para ello, Baltasar Garzón se valió del informe elaborado por la UCI unas semanas antes. Pero a lo largo de la vista, tanto los acusados como testigos tan importantes como el director de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Gipuzkoa, Juan Ignacio Trecet, han explicado que la empresa editora del diario y esta TGSS habían alcanzado un acuerdo sobre ese pago, que incluía las garantías necesarias. El propio Trecet expresó su convicción de que ese pago se hubiera hecho efectivo de no haber mediado el cierre.
Estos datos, avalados documentalmente, no concuerdan con la tesis acusatoria ni con el contenido del informe de la Policía española. Por ello, el martes Reizabal interrogó a los autores del informe, los «peritos» 19242 y 16586, sobre toda esa documentación, y los policías replicaron que no conocían su existencia. Todo ello a pesar de que esos documentos fueron incautados en el registro de la sede de «Egin», y que durante ocho años han estado guardados en cajas precintadas por la Policía española.
Así, dijeron que no habían visto las diligencias de embargo sobre varios bienes del diario, cuya sola existencia contradice que se quisiera eludir la actuación de la Seguridad Social, porque demuestra que ésta ya había trabado esos bienes.
Aseguraron también que no tenían noticia de que se hubieran producido reuniones entre los representantes de «Egin» y los de la Seguridad Social, y menos aún de que se hubiera alcanzado un acuerdo entre ambas partes. El abogado hizo que se les mostraran las actas de aquellas reuniones en poder de la Policía todo este tiempo, en las que se detalla la voluntad del periódico de pagar la deuda y se da cuenta del informe favorable de la TGSS al aplazamiento de la misma, aceptando las garantías ofrecidas.
Los agentes de la UCI, cuyo tono de voz fue decayendo por momentos, insistieron en que no conocían esos documentos.
«Alteraría el informe»
Reizabal les preguntó entonces si a la vista de esos nuevos datos veían necesario modificar las conclusiones del informe, a lo que el «perito» 19242, que ha ejercido de jefe y portavoz en todo este tiempo, respondió que «efectivamente, esto alteraría el contenido del informe».
«Hay una serie de circunstancias que afectarían al informe y que habría que incorporar», insistió el comisario de la UCI, quien a preguntas del letrado reconoció que Orain había intentado afrontar el pago de la deuda. «Parece ser que sí», apuntó lacónico.
Esas palabras suponían un auténtico mazazo para la Fiscalía, que veía cómo se diluía la base principal de su acusación contra «Egin» y los miembros del Consejo de Administración de Orain.
Precisamente, sobre esas personas recaen las peticiones de cárcel más altas de todo el sumario, llegando a los 50 años de condena, por lo que la importancia de lo sucedido no se le escapaba a nadie.
Por esta razón, en la mañana de ayer el «perito» 16586, cuyo trabajo había quedado desacreditado por completo, pidió que se le entregaran las actas de las reuniones entre los representantes de «Egin» y los de la TGSS, y que se le concediera una hora para analizarlas.
Llegó a manifestar, para argumentar su petición a la Sala, que estaba convencido de que el contenido de esas actas era contrario a las tesis de la defensa. Algo inaudito, cuando se presenta como perito, imparcial y objetivo.
Más inaudito fue sin embargo que ante esta petición, y con esta argumentación, la presidenta del tribunal le concediera esa hora. De hecho, fue hora y media, porque en una primera decisión le había dado media hora, que el policía dijo no haber utilizado porque «le había entendido mal». No importaba, Murillo le dio una hora más.
Reizabal protestó, recordando que esos documentos habían estado ocho años en poder de los policías en la caja 23 del material incautado en Eziago, tiempo más que suficiente para analizar los doce folios que contienen las actas
.
Asimismo, el abogado recordó que el policía había manifestado expresamente que su intención era ir contra la tesis de la defensa, con un claro ánimo incriminatorio, y subrayó que de aceptarse la petición se vulneraría la imparcialidad del tribunal. Esto no importó lo más mínimo a su presidenta, y el «perito» tuvo su hora.
No examinó las actas
El asombro y el enfado del abogado defensor fue mayor cuando al regresar a la Sala el agente de la UCI no hizo ninguna mención a las actas que había solicitado para analizar.
Empezó a referirse a informes que ya han sido tratados en el juicio para contrarrestar lo expuesto por la defensa, insistiendo en que Orain trató de eludir su deuda. Apuntó, por ejemplo, que el embargo ya efectuado sobre la sociedad sólo afectaba a los bienes muebles y no a los inmuebles, algo que ha sido expuesto y explicado por acusados y testigos. También citó documentos que ya han sido objeto de debate.
Así estuvo, hablando todo el tiempo que quiso, con el único objetivo de defender su tesis acusatoria, y sin mencionar para nada las actas que le habían servido como argumento para preparar su intervención durante más de una hora.
«Señoría, no está utilizando los documentos que le han sido entregados», protestó Reizabal, y Murillo replicó que no interrumpiera. «Déjele que diga lo que tenga que decir».
Las protestas del abogado se sucedieron, con respuestas cada vez más airadas por parte de la magistrada, que ni siquiera dejaba preguntar a la defensa. «Deje que acabe, y ya preguntará», repitió. Desde los banquillos de los acusados, las muestras de enfado cada vez eran más evidentes, y la tensión fue creciendo por momentos.
Cuando por fin tuvo la palabra, Alvaro Reizabal preguntó al agente si había analizado las actas que él mismo había pedido. El policía, crecido por la actitud de la jueza Murillo, no tuvo reparos en decir que no. «No les he prestado excesiva atención», afirmó, reconociendo que había mentido al tribunal. Sin embargo, la presidenta no actuó contra él, sino contra los acusados, a quienes apercibió por sus protestas.
El lunes se reanudará el interrogatorio sobre esta cuestión.
No pueden afirmar que ETA nombrara a Toda y a Salutregi
Los agentes de la UCI tuvieron que admitir que no tienen ningún dato objetivo que les permita afirmar que Jabier Salutregi y Teresa Toda fueran nombrados por ETA como director y subdirectora de «Egin», respectivamente, tal como sostiene la Fiscalía. Tampoco pudieron demostrar que el director del diario tuviera un módem para comunicarse con la dirección de la organización armada, y reconocieron que nunca han encontrado un aparato así en las sedes del periódico.
Un punto de inflexión en la acción del tribunal
«Explica nuestro hartazgo», pedían los procesados a quien aún no sabía muy bien cómo relatar lo que había sucedido minutos antes.
Después de un año de juicio, uno es consciente de que a fuerza de narrar las irregularidades cometidas en este tiempo, alguien pudiera pensar que en las crónicas se abusa de ciertos términos, que se repiten sesión tras sesión. Como el de «parcial», para referirse a la actuación del tribunal, con su presidenta a la cabeza.
Pero el enfado y la rabia que se palpaba en la entrada de la Audiencia Nacional tras la sesión de ayer es difícil de describir a quien no lo vivió in situ. Los jueces pasaron de la «parcialidad manifiesta», por la que ya han sido recusados en dos ocasiones, a una «parcialidad escandalosa», como acertadamente apuntó uno de los presentes. Una impresión compartida por los abogados, que a la salida del recinto no ocultaban su estupefacción por lo acontecido.
Unas horas antes, esos mismos letrados ha- bían dado un repaso a los agentes de la UCI, que se vieron obligados a admitir que no habían incluido documentos fundamentales para la defensa en uno de los informes más importantes.
Dieron un vuelco a la acusación más grave contra «Egin», que ya no tenía por dónde sostenerse. El martes por la noche, el fiscal salió pálido de la Casa de Campo.
Y ayer los magistrados le echaron una mano. Sin ningún pudor, además. Permitieron al «perito» que intentara recomponer lo que horas antes había saltado por los aires. Lo hicieron aunque ese mismo policía admitiera que su in- tención era incriminatoria, y siguieron haciéndolo aun cuando reconoció que les había mentido. Fue más allá el tribunal, al acallar cualquier protesta de la defensa. La acusación estaba en serios aprietos y los jueces corrieron a su rescate. No fue una irregularidad más.