Lo que todos los años es un secreto a voces en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha -y me temo que en otras muchas- fue portada en el diario El País el 15 y el 16 de septiembre. Nos referimos a que la vendimia se hará con nada menos que 20.000 inmigrantes «sin papeles». Seiscientas […]
Lo que todos los años es un secreto a voces en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha -y me temo que en otras muchas- fue portada en el diario El País el 15 y el 16 de septiembre. Nos referimos a que la vendimia se hará con nada menos que 20.000 inmigrantes «sin papeles». Seiscientas mil hectáreas, la mayor vendimia del mundo con 2.750 millones de kilos de uva según el diario, se resolverá con trabajadores sin cobertura legal alguna y con la impunidad de anunciarse en la primera página del periódico más leído del país. Trabajadores que no tendrán derecho a negociar un sueldo, ni un horario, sin seguro laboral, sin seguro de accidentes, sin derecho a baja por enfermedad, sin cotización para acceder a jubilación o subsidio de desempleo, hacinados en infraviviendas, con menores también trabajando y sin escolarizar. Como todos los años por si alguno no lo sabía. La situación está tan normalizada que hasta los servicios sociales de la Administración en lugar de exigir que se cumpla la obligación de legalizar a los trabajadores editan folletos informativos para los temporeros inmigrantes sin papeles. Allí les indican cuál es el salario mínimo, como si pudiera exigirlo un emigrante sin contrato ni permiso de residencia.
Miro en la web del sindicato de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha y no hay ninguna referencia al asunto. Es más, según señala El País, este sindicato ha obligado a dimitir al que fuera responsable nacional de campañas agrícolas de la Federación Agroalimentaria de CCOO, Manuel Delgado, por denunciar las condiciones de explotación de esos inmigrantes. Total son gitanos búlgaros, no están afiliados, no votan en las elecciones sindicales, pensaron en la dirección del sindicato. Voy a la página de UGT de Castilla-La Mancha, ahí veo dos vínculos a sendas noticias de la prensa regional donde se afirma que «UGT-CLM atribuye a la presión sindical y a la firmeza anunciada desde el Gobierno, la posibilidad de que 2007 sea el año del fin de las ‘vendimias sumergidas’ en Castilla-La Mancha». Cualquiera que viva en esa comunidad se sonreirá leyendo eso. Me dirijo a la web de las organizaciones de agricultores COAG y ASAJA, tampoco hay información sobre este tema. Silencio.
La vendimia en Castilla-La Mancha es todos los años un viaje en el túnel del tiempo hacia el siglo XIX: trabajadores sin contrato que se reclutarán en la plaza del pueblo sin saber cuánto les pagarán, sin horario fijo, sin festivos, sin seguro de ningún tipo. Jubilados y menores trabajando de sol a sol, centenares de gitanos e inmigrantes hacinados en naves industriales y chabolas con niños correteando sin escolarizar. Pero es que muchos agricultores ni siquiera son empresarios legales, son pensionistas o trabajadores de otro sector que tienen algunas viñas, las cuales, en muchos casos, también son ilegales porque la Unión Europea no les permiten dedicar sus campos a la vid. Es decir, no están legalizados los temporeros como trabajadores, porque no está legalizado el propietario como empresario, ni el campo como viña. Además, las carreteras y caminos se llenan de tractores con remolques cargados de toneladas de uva conducidos por pensionistas que sólo tienen un permiso de maquinaria agrícola, logrado tras examinarse de un examen teórico sin necesidad de hacer una sola práctica de conducción. Ancianos que sólo conducen una vez al año, algunos ni ese permiso tienen. Hay bodegas que poseen dos vías de acceso, una por carretera para quienes posean licencia de conducción y otra por un camino rural para quienes accedan con su tractor y remolque pero no tienen permiso de tráfico.
Todo mientras en los boletines oficiales se archivan flamantes convenios colectivos con salarios mínimos muy detallados, exhaustivos estatutos de trabajadores, bonitos párrafos que refieren derechos sociales como jubilaciones o subsidios de desempleo, legislaciones autónomas largamente debatidas y negociadas con sindicatos.
Observo que en la misma página del periódico entrevistan a Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para América Latina. Se preocupa, dice, por los derechos humanos en Cuba. Si le interesa el derecho a un contrato laboral, a una jubilación, a un seguro de accidentes, a baja por enfermedad o a la escolarización de los hijos de los trabajadores no debería preocuparse por Cuba, que vaya a Castilla-La Mancha durante la vendimia.