El nuevo secretario general de la poderosa federación minerometalúrgica de Comisiones Obreras, Felipe López, está plenamente convencido de que el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, trata de aprovechar el expediente abierto por Bruselas para cerrar cinco de las siete plantas de los astilleros públicos en España. Ante esta situación, el dirigente sindical […]
El nuevo secretario general de la poderosa federación minerometalúrgica de Comisiones Obreras, Felipe López, está plenamente convencido de que el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, trata de aprovechar el expediente abierto por Bruselas para cerrar cinco de las siete plantas de los astilleros públicos en España. Ante esta situación, el dirigente sindical ya ha advertido al Ejecutivo de que los trabajadores están mentalizados para reanudar las duras movilizaciones que se habían registrado en todas las comunidades autónomas afectadas antes del vuelco electoral del 14 de marzo.
Para el ministro de Economía, Pedro Solbes, la situación que viven los astilleros españoles no es sólo un problema de ayudas ilegales dadas por el gobierno del PP desde 1997 a Izar, sino uno de los «agujeros negros» que tiene la economía española para mantener el déficit presupuestario de forma sostenida a lo largo de la legislatura. El ministro espera que para el próximo año el conjunto de las administraciones públicas tengan un superávit del 0,1% en el 2005, que se irá elevando hasta el 0,4% en el 2007. Para conseguirlo, Solbes argumenta que es necesaria una profunda reestructuración del gasto público en España con el fin de poder destinar los recursos que van a empresas públicas deficitarias a cubrir gastos sociales.
En los últimos cinco años Izar, la compañía que agrupa a los astilleros públicos españoles, ha perdido en torno a 1.500 millones de euros. Éstos han sido cubiertos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a través de créditos, a pesar de la estricta prohibición realizada por la UE y denunciada por otros países como Francia y el Reino Unido. Para el 2004 el Gobierno estima que estas pérdidas no serán inferiores a 200 millones de euros, que también tendrán que ser cubiertas por el Estado. Según fuentes gubernamentales, para Solbes no sólo se trata de evitar cometer ilegalidades frente a Bruselas, sino fundamentalmente de cortar la «gangrena» económica que supone intentar construir barcos cuando el coste de éstos es un 50% superior al de los que se hacen en China o en Corea.
El vicepresidente del Gobierno ha aprovechado la apertura del expediente abierto por Bruselas, que reclama que Izar devuelva al Estado los 308 millones de euros que para cubrir pérdidas le fueron concedidos en los últimos años. Solbes ha advertido que la Comisión prepara nuevos expedientes por valor de unos 1.200 millones adicionales. Ante esta situación, Bruselas ha dado un plazo de dos meses -finaliza a mediados de junio- para que España presente un plan para hacer viables los astilleros españoles, actualmente en una situación de quiebra técnica, por lo que no pueden devolver las ayudas económicas recibidas del Estado.
Este plan ya está muy avanzado y sólo está pendiente de ser aprobado por la comisión interministerial creada para dar una salida a esta grave situación. Sus conclusiones tenían que haber sido presentadas a lo largo de esta semana, si bien se han retrasado al día 17 para dejar que pasen las elecciones europeas.
El dirigente de CC.OO. del metal, y trabajador de astilleros, Felipe López, considera que «es una señal más que significativa» de lo que van a proponer. Según fuentes del sindicato, a tenor de la información que han conocido, Solbes quiere concentrar la actividad de los siete astilleros civiles que actualmente tiene Izar en dos centros, «con el fin de conseguir una mayor integración productiva». Esto implicaría una drástica reducción de capacidad productiva (con el cierre de cinco centros) y un recorte de plantilla que podría afectar al 40%, lo que equivale a cerca de 4.000 personas, que se haría a través de prejubilaciones y bajas pactadas (aprovechando que la media de edad de la plantilla es superior a los 52 años). Las condiciones laborales para los prejubilados no serán dramáticas, porque se les asegurará el 85% del sueldo, por el contrario será grave para las regiones afectadas, que con el cierre de estos centros de trabajo vuelven a acumular nuevos «cementerios industriales. Por eso la gente se tirará a la calle para impedirlo, porque se puede impedir si se quiere».