Se aproxima el día de las elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca -CAV-, y la campaña electoral -a la oficial me refiero, que la otra la llevamos soportando desde hace cuatro años- sigue su curso. Una vez más, en el contexto del estado, un importante sector de la sociedad vasca ha quedado excluido del concurso […]
Se aproxima el día de las elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca -CAV-, y la campaña electoral -a la oficial me refiero, que la otra la llevamos soportando desde hace cuatro años- sigue su curso.
Una vez más, en el contexto del estado, un importante sector de la sociedad vasca ha quedado excluido del concurso electoral. Sabemos que, debido a la alevosa aplicación de la Ley de Partidos, las listas de la llamada Izquierda Abertzale han vuelto a ser ilegalizadas; un buen ejemplo de como la anormal situación política del Estado español se está volviendo peligrosamente normal, por aceptada y repetida.
El argumento utilizado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para satisfacer el deseo de la Fiscalía del Estado ha sido, como viene siendo habitual, que los ilegalizados pertenecen al entramado de ETA, así como que no condenan la violencia. Si no fuera por la gravedad del caso, las pruebas aportadas por los ilegalizadores de turno serían motivo de estrenduosa carcajada.
Cuando la libertad de expresión no se respeta, fundamentalmente desde las altas esferas del Estado, mal podemos llamar democrático al sistema que nos rige. La libertad de expresión no consiste solamente en expresar lo que se desee sin necesidad de recibir premio o sanción alguna por lo expresado. La libertad de expresión también implica que si un individuo o una formación política deciden permanecer en silencio, puedan hacerlo igualmente sin ser represaliados por ello.
La utilización de la no condenada, como arma esgrimida para vulnerar los derechos políticos y civiles a una cifra nada desdeñable de habitantes, es especialmente grave; máxime cuando los creadores y sostenedores de la Ley de Partidos tampoco han condenado afines ejercicios violentos. Me estoy refiriendo al PP, que nunca ha condenado la brutal violencia franquista, y al PSOE, que tampoco ha condenado los asesinatos del GAL, las torturas practicadas en cuarteles y comisarías en sus 18 años de gobierno…
Conviene recordar que, a pesar de que el Gobierno español se empeña en hacernos creer que vivimos en un Estado de Derecho, el poder político y el poder judicial caminan juntos, cogidos de la mano. Existen infinidad de ejemplos que avalan esta creencia, pero, para no extenderme demasiado, expondré sólo uno de ellos: El actual Consejo General del Poder Judicial -CGPJ- se eligió de esta significativa y vergonzosa manera: de los veinte miembros que lo componen, el PSOE eligió a nueve; el PP a otros nueve; correspondiendo la elección de los otros dos miembros al PNV y a CIU. Saquen ustedes mismos sus propias conclusiones.
Decía al principio de esta nota que la campaña electoral sigue su curso. No parece haber importado demasiado al resto de los participantes que una formación política -en las anteriores elecciones el sector ilegalizado obtuvo nueve escaños en el parlamento de Gasteiz- haya sido excluida, puesto que, como si nada hubiera pasado, aquellos siguen inmersos en la carrera electoral. Lo curioso del caso es que la mayoría de los partidos políticos que participan en las elecciones están en desacuerdo con la Ley de Partidos; o al menos eso es lo que dicen. Pero, ¿dicen lo que piensan?, ¿dicen la verdad? Es obvio que no. Si fueran sinceros su nefasta actitud sería otra muy distinta.
Una buena manera de demostrar su desacuerdo con la citada ley sería retirar sus propias candidaturas, no participar en unos comicios que, al parecer, consideran antidemocráticos. Este hecho pondría en evidencia a los acérrimos defensores de la «democracia española», formando, quizá, tremendo revolico a nivel nacional e incluso internacional -estaríamos hablando de la retirada de más del 50% de la última representación parlamentaria de la CAV; y ya la ONU, por boca de su relator especial por la promoción de los Derechos Humanos, Martin Scheinin, ha criticado la Ley de Partidos, además de otros oscuros aspectos-. Pero en esa dirección no mueven, no moverán ni un solo dedo. ¿Por qué tanta parálisis solidaria? ¿Por qué tanto «dejar hacer» a los censores por parte de los que se «oponen» a la Ley de Partidos? La respuesta a estas preguntas es muy sencilla. Los partidos políticos son empresas privadas altamente subvencionadas -según los resultados electorales- con el dinero del Estado. Así pues, reconvertidos en gerentes, sus dirigentes lo único que buscan es la rentabilidad económica de sus empresas. No importa si para ello tienen que recurrir a la prostitución ideológica -la cerebral es la más carente de ética y recurrida-. Ávidos y necesitados de dinero, no desean, no pueden desaparecer de la vida parlamentaria; son demasiados los «demócratas» que se alimentan, que viven del cuento. Hipócrita actitud, sin duda, la de estos profesionales de la libertad. Y la hipocresía no sirve para combatir a la injusta Ley de Partidos… ni al fascismo cada más presente y consentido.
Nadie se lleve las manos a la cabeza. Cuando Franco hubo desaparecido físicamente, aquel histórico momento no fue abonado con la ruptura democrática que demandaba el pueblo; y hoy, tantos años después, las raíces más profundas de la «democracia española» siguen firmemente enraizadas en el sustrato franquista.