Tras más de cinco años transcurridos luego de las negociaciones de paz entre la organización insurgente FARC-EP y el gobierno de Colombia, la acumulación de víctimas que han pagado con su vida la decisión de los bloques dominantes del país de sostener como premisa de su dominación el más cruento estado de represión permanente y la más evidente violación de todos los principios y derechos de cualquier ser humano, es un hecho que nadie puede silenciar. Son los gobernantes que hoy están en los cargos de poder quienes han emprendido el camino de la violación de los acuerdos y quienes siguen apostando a la guerra al pueblo como su bandera. El actual gobierno de Iván Duque es la expresión visible de esos sectores pero, desde luego, la política que representa no se agota en un solo nombre.
Numéricamente (siendo este un criterio detestable), la evidencia que vincula al bloque dominante en el poder como gestor responsable de la guerra contra el pueblo colombiano no para de aumentar. Según la Defensoría del Pueblo, hay en Colombia un asesinato por día por motivos políticos. Los datos provenientes de la Justicia Especial para la Paz (JEP) son igualmente elocuentes al señalar el sostenido incremento, durante los cuatro años del presente gobierno, de masacres, asesinatos selectivos, y amenazas en contra no solo de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, sino de variados sectores y organismos sociales vinculados a la defensa de los derechos humanos, la protección ambiental, o a cualquier otro tipo de iniciativa comunitaria que busque el bienestar para las poblaciones más vulnerables.
Los datos numéricos solo sirven para corroborar una afirmación: se trata de una violencia sistemáticamente ejercida. Cada uno de los casos que a cuenta gotas registran los medios hegemónicos no son hechos aislados ni casualidades. La situación que se vive en Colombia permite reafirmar la existencia de un plan sistemático de amedrentamiento y represión contra la organización popular. Algunos elementos para pensar el andamiaje de este plan los podemos reconocer en: a) el nivel de intervención imperialista norteamericano, que hace de Colombia el país de Latinoamérica que recibe más dinero del presupuesto militar yanqui. Correspondientemente, el sostenimiento del ejército numéricamente más grande de la región. b) El enfilamiento, históricamente asentado, de la clase dominante en dos bloques políticos, supuestamente enfrentados, pero coincidentes en los intereses económicos ligados al extractivismo y el narcotráfico, y en su apelación a la continuidad de métodos de paramilitarización del disciplinamiento social y de represión a cualquier forma de disidencia política. Y c) la subordinación a los intereses de la clase dominante del aparato mediático que refuerza la estigmatización sobre los sectores en resistencia y que defiende los intereses oligárquicos y narco-paramilitares, entre otras, con la permanente recreación del enemigo »castrochavista», o ahora »petrista», como cortina de humo de doble efecto (oculta las violaciones de derechos humanos en las regiones del interior de Colombia, al tiempo que legitima la persecución ideológica).
En este marco, las masacres que siguen efectuándose en zonas rurales, los asesinatos de líderes y lideresas sociales y la campaña mediática de difamación en contra de las expresiones políticas ligadas al Pacto Histórico, entre otros aspectos, deben ser entendidos como la contraofensiva del bloque de poder con el objetivo de cercenar los pequeños pero significativos avances logrados por los sectores populares en la coyuntura de negociaciones con la insurgencia, y la posterior oleada de movilizaciones y protestas que desde el 2019, y en especial durante el 2021, viene desplegándose a lo largo y ancho del país. Se trata de una coyuntura de politización de la opinión pública, de movilización de sectores rurales y urbanos, con especial protagonismo de las juventudes, que incluyó la activación de dinámicas de organización y visibilizarían de múltiples problemáticas sociales, así como de la violencia con la cual los sectores de poder han oprimido y explotado a las mayorías de este país. Tras las negociaciones de paz, los problemas de la concentración de la tierra, de la explotación de los bienes comunes, de la pobreza en las barriadas, la falta de empleo y las violaciones a los derechos humanos, no se resolvieron, pero se pusieron en debate. La negativa del gobierno para dar cumplimiento a los acuerdos de paz, o para ofrecer algún tipo de respuesta que implique dignificar la vida de las mayorías, es elocuente. En oposición a las necesidades del pueblo, el gobierno de turno se ha empeñado en reforzar su política represiva y en defensa de las estructuras que garantizan más hambre, explotación y penurias para el pueblo (y riqueza para los ricos). Ese ha sido el caldo de cultivo para los levantamientos populares que se unifican tras su rechazo inequívoco al gobierno de Duque. Tan clara y contundente ha sido esta expresión que ha logrado que ni el propio presidente en ejercicio pensara en aprovechar las ventajas que ofrece su cargo para manipular en su favor una postulación de reelección. La renuncia de Oscar Iván Zuluaga a sus aspiraciones presidenciales es otro ejemplo, al que debemos sumar la paupérrima convocatoria que alcanzaron todos los candidatos que se presentaron para la consulta interna dentro de la Coalición de la Esperanza: formula centroderechista pensada para restar electores al Pacto Histórico, bajo su apariencia de progresismo verde o de centro.
Desde luego, las reglas del deformado sistema democrático, impuestas y manipuladas por los poderosos de siempre, son perfectamente por ellos conocidas, y en ese escenario se mueven como pez en el agua. Los mencionados imprevistos tras las consultas internas no significan una debacle definitiva. Para el bloque de poder dominante su estrategia electoral pasa ahora a enfocarse en concentrar fuerzas tras la figura de »Fico» Gutiérrez: prácticamente un deja vu uribista, que se muestra ante los incautos como salvador nacional y ajeno a las mafias politiqueras tradicionales. Como ya se dijo, también se complementa esta contraofensiva derechista con los dispositivos criminales de la injuria y la mentira mediática, que ya no solo cuenta con los medios de comunicación tradicionales (televisión, radio y prensa) sino que se vale además de las redes sociales y distintas plataformas web para avanzar con campañas de desprestigio dirigidas a distintos públicos. Por si esto fuera poco, arremeten con la acción violenta del poder judicial, que se encarga de adelantar falsas denuncias y armar causas, y de las fuerzas policiales, parapoliciales, militares y paramilitares; brazos que actúan en mancomunión operativa contra del pueblo.
Y, en el medio de este despertar popular y la arremetida de contraofensiva derechista violenta, se instala la coyuntura electoral. A pocos días de la primera vuelta parece claro que son dos las candidaturas que van a disputar realmente el cargo presidencial. Ya hemos hecho mención a la Coalición Equipo por Colombia, y el inesperado ascenso de su candidato Gutiérrez que, más allá de su discurso populista, muestra ser clara expresión de las estructuras clientelares uribistas, conservadoras y, en general, de la continuidad de las políticas del bloque dominante )que rápidamente se alineo tras su nombre). En frente estará el también mencionado Pacto Histórico, coalición que, no sobra decirlo, no es únicamente su candidato principal; Gustavo Petro, sino que interviene en este contexto como foco de articulación de experiencias organizativas y propuestas políticas variadas que, excediendo a Petro, son expresión de años de organización y lucha.
En relación a una mayor clarificación de lo que representan cada uno de estos dos candidatos existen numerosos argumentos (y lecturas) que pueden respaldar la idea acá planteada. No es el objeto de este escrito ahondar en esos argumentos, partiendo de la base de que quienes leemos y nos vinculamos a través de los medios alternativos e independientes de comunicación (como Rebelión) reconocemos la relación existente entre los intereses de las clases dominantes en Colombia y su articulación bajo la candidatura de »Fico» Gutiérrez. Igualmente, sabemos que los resortes de la dominación de dichos sectores jamás en la historia de Colombia se han limitado a los parámetros de la legalidad, sino que han sistematizado y profundizado estrategias de disciplinamiento represivo incesantes. Por ello, las últimas reflexiones de este escrito apuntan, más que a enumerar las denuncias al régimen político dominante en Colombia y a la aspiración a su continuidad representada en »Fico», a proponer algunos argumentos relacionados con las formas posibles de intervención que, desde los sectores críticos y afines a los intereses del pueblo, podamos pensar para esta coyuntura electoral.
En tal sentido, creo relevante señalar que una postura crítica de intervención no debe aspirar ni resumirse en un apoyo acrítico y obsecuente a la figura de Petro. No encuentro contradicción, sino una necesaria coherencia, entre respaldar el programa del Pacto Histórico y denunciar al mismo tiempo estrategias electoralistas que impliquen el posicionamiento al interior de sus estructuras orgánicas de personajes que han representado históricamente intereses antipopulares, como Armando Benedetti y Roy Barreras. Esta denuncia no implica desde luego caer ingenuamente en la trampa de creer o replicar las variadas falacias construidas por operadores políticos, y difundidas a través de distintos medios de comunicación. Más bien, constituye una advertencia sobre la necesidad de dar una batalla política también dentro del propio Pacto Histórico, para alejar de sus filas esos intereses retrógrados que, sin duda, empiezan a acercarse, avizorando la victoria electoral.
Tampoco resulta contradictorio pensar en intervenir en esta coyuntura promoviendo un debate político en el que al tiempo que se invite a votar por el programa del Pacto, se abone a generar conciencia sobre la necesidad de trascender una concepción política personalista, basada en la afinidad con los candidatos de turno, sino poder generar formas de construcción orgánica colectivas y para la colectividad. Más allá de aspirar en lo inmediato a la victoria electoral del Pacto, es preciso no perder de vista ese trabajo a largo plazo que consiste en reconstituir la participación política como un valor necesario para un orden social más justo y realmente democrático. Más allá de Petro, es necesario mantener, potenciar y multiplicar las formas de organización popular, creando liderazgos no personalistas y plataformas de participación cada vez más plurales. En esa búsqueda, votar por el Pacto en esta coyuntura es un medio potencial para seguir generando otra política posible y necesaria, no un fin en sí mismo.
En idéntico sentido, es preciso reforzar los cuestionamientos que ya se han popularizado sobre el carácter limitado de nuestra democracia representativa. Invitar al pueblo a votar para que se entienda que esa es solo una de las muchas formas posibles de participar y hacerse oír. Y, por supuesto, aprovechar esta coyuntura electoral para debatir con todas las personas que nos quieran escuchar y ante todos los oídos a los que podamos llegar, sobre los resortes del poder real, para que, ante una eventual victoria del Pacto, estemos preparados para el hecho seguro de la contraofensiva derechista. No es descabellado reconocer que, ante un eventual triunfo electoral del Pacto, el bloque dominante no quedará de brazos cruzados, sino que, muy por el contrario, arreciará una nueva contraofensiva plagada de violencia contra la organización del pueblo. Y eso será posible porque conservará la mayor parte de los dispositivos de poder que históricamente ha constituido para ejercer su dominio, y de seguro que contará con el respaldo (o la iniciativa) del imperialismo norteamericano.
Hay que preparar a la gente para la lucha que vendrá luego de las elecciones. Ganar la presidencia, como sabemos, no es hacerse del poder. Las penurias que afrontamos las y los colombianos no van a desaparecer por la mano de ningún liderazgo salvador, ni se van a extinguir de la noche a la mañana. No obstante, una acción posible, cercana y relevante, en el arduo y largo camino de construir un futuro mejor, será clavar una daga en las aspiraciones del bloque dominante, y obstaculizar su pretensión de seguir legitimándose ocupando el sillón presidencial. Luego de la batalla electoral que está por venir, sabemos que la lucha va a seguir. Y esa lucha también nos va a requerir en las calles, clamando con coraje por las conquistas que están por alcanzar. Al fin de cuentas, como no se cansa de verificar la historia, las victorias del pueblo solo se consiguen con la lucha inclaudicable y en unidad, y no son confiables las promesas que llegan con el envoltorio de la legalidad de la falsa democracia de los ricos.
Demos en las urnas la batalla, ganándole al bloque dominante las elecciones con sus propias reglas, pero solo para pasar inmediatamente a redoblar esfuerzos que alienten nuestra voz; exigiéndole a Petro el cumplimiento del programa, el pago de las deudas históricas que tiene el Estado con el pueblo, la desvinculación con los sectores de la política corrupta, la desactivación del vínculo operativo e ideológico entre las instituciones de la fuerza pública y el poder paramilitar, y tantas otras medidas urgentes. Al tiempo, hay que seguir llenando de pueblo las estructuras de participación, expulsando a los traidores y politiqueros lagartos, y preparándonos para gobernar directamente, para construir, de a poco y entre todas y todos, un verdadero pacto que cambie la historia. Esa será sin duda una ofensiva popular que requerirá de mucho esfuerzo y que llevará mucho tiempo. Pero hay que dar un primer paso, y el momento para hacerlo ha llegado.
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