La instalación de la nueva Convención Constituyente en Chile, el pasado 4 de julio, no sólo es quizás de los momentos más importante a nivel institucional del país, luego de más de 200 años de constituciones redactadas de manera antidemocrática, sino el inicio de un proceso inédito que puede transformar las bases coloniales, patriarcales y capitalistas mismas del Estado-Nación.
Me parece que la elección de la académica, filósofa y sentipensante mapuche, Elisa Loncón Antileo, como presidenta de esta Convención Constituyente, es una gran señal, ya que no solo es tremendamente simbólico a nivel de reconocimiento institucional, por la negación histórica del Estado de Chile a los pueblos originarios como sujetos políticos, sino también porque seguramente abrirá discusiones que han estado vetadas por la elite política, económica e intelectual del país en los últimos 30 años.
Una de esas discusiones tiene relación con el llamado de manera racista, conflicto mapuche en la Araucanía, el cual desde el Estado ha sido abordado, ya sea desde un enfoque de seguridad, militarizando los territorios del Wallmapu, o en el mejor de los casos, desde políticas sociales focalizadas, desde una mirada neoliberal y paternalista, que a través de la CONADI, se ha dedicado a comprar y entregar tierras de manera dispersa, bloqueando la posibilidad de autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche.
De ahí que hemos sido testigos de un discurso de reducción de la pobreza, de fomento del emprendimiento y de respeto del orden público, de parte del Estado de Chile, el cual no solo ha invisibilizado la voz mapuche, sino también se ha dedicado estigmatizar, criminalizar, perseguir, reprimir, encarcelar y hasta asesinar a una lista larga de activistas de distintas organizaciones del plural movimiento mapuche.
Señalo plural, ya que dentro del pueblo mapuche, como el chileno u otros, existen diferentes miradas políticas al respecto, las cuales reflejan una diversidad que enriquecen la conversación y la búsqueda de un país que deje atrás siglos de monoculturalidad y de imposición de una visión del mundo particular por sobre otras.
Por lo mismo, a pesar de las diferencias legítimas al interior del pueblo mapuche, hay algo que las une, como lo es la experiencia del colonialismo histórico de parte del Estado de Chile, el cual desde la dictadura hasta la actualidad, se profundizó a través del extractivismo forestal en Wallmapu.
Un tipo de extractivismo forestal que comenzará a sentar sus bases en el año 1974, a través del Decreto Ley 701, impulsado por el economista Fernando Leniz y llevada a la práctica por Julio Ponce Lerou (yerno de Pinochet, director de CORFO y dueño de la corrupta empresa SQM), en donde el Estado comenzó a subsidiar el negocio forestal, usando el argumento de que era para desarrollar aquella zona del país.
Lo que se complementará con la aprobación del Decreto Ley 2.568 de 1979, el cual buscó terminar para siempre con la propiedad común de parte de las comunidades mapuche, a través de una repartición de tierras, lo cual no hizo otra cosa que intentar destruir la identidad de un pueblo originario, que no ve al territorio como un mero espacio para la extracción de materias primas.
Los resultados de ambas leyes fueron fatales para el Wallmapu y la Madre Tierra, haciendo partícipe al Estado de Chile en un proceso de acumulación por desposesión, que generó una expansión desenfrenada del monocultivo de pinos y eucaliptus en espacios sagrados mapuche y una concentración brutal de tierra de grupos económicos como Matte (CMPC) y Angelini (ARAUCO) para impulsar su negocio de celulosa y papel.
Se calcula que entre ambos grupos económicos concentran más de 3 millones de hectáreas y aproximadamente cuatro veces más de la totalidad de las tierras mapuche, siendo una verdadera catástrofe socioambiental y un terricidio sin precedente, ya que ha generado un daño irreparable para el Ñuke Mapu, en lo que respecta a la disponibilidad de agua en los territorios, afectando directamente a los suelos, el bosque nativo, la biodiversidad (Itrofill Mongen) y el aumento de los incendios.
Lo grave de todo esto, es que los diferentes gobiernos desde la vuelta a la democracia, tanto de la derecha como de la izquierda de mercado existente, en vez de discutir el modelo de desarrollo forestal imperante, completamente insostenible, se han dedicado a aplicar leyes antiterroristas y a reprimir a quienes se le han opuesto de manera activa, construyendo así la idea de un enemigo interno.
No obstante, a pesar de esto, el movimiento mapuche se ha fortalecido igual con el paso de los años, ya que su lucha está totalmente conectada con las demandas centrales de la Revuelta Social del 2019 y con lo que se comenzará a discutir en la Convención Constituyente, aunque las elites no lo quieran ver, ya que tiene relación con descolonizar y desmercantilizar las condiciones de vida misma que nos encontramos todas y todos, en el plano de la salud, educación, alimentación, vivienda, energía, agua, para construir así un país realmente sostenible.
Lo positivo de todo, es que las distintas luchas en defensa de los territorios frente al extractivismo se han entrelazado muy fuerte políticamente, a través de un proceso interseccional, en donde la crítica anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista, han abierto nuevos horizontes de Buenos Vivires o Küme Mongen, como ha planteado la filosofía mapuche.
Por todo lo señalado anteriormente, frente a las palabras de la nueva presidenta de esta nueva Convención Constituyente, Elisa Loncón Antileo, señalando la necesidad de “fundar un nuevo Chile plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres y con los territorios”(1), es indispensable que se haga en la práctica no sólo a través de la creación formal de un Estado Plurinacional, sino para darle fin de un modelo forestal de muerte, que se ha vuelto el corazón del colonialismo actual, no solo contra el pueblo mapuche sino también contra la vida en general.