Una veintena de activistas de la PAH pasaron la noche de ayer encerrados en el salón de plenos del Ayuntamiento de Paterna (Valencia), en protesta por el desahucio de Soledad Ceballos, de 27 años y madre de tres hijos, uno de ellos con discapacidad. «Ellos hablan de leyes, pero que tengan un poco más de […]
Una veintena de activistas de la PAH pasaron la noche de ayer encerrados en el salón de plenos del Ayuntamiento de Paterna (Valencia), en protesta por el desahucio de Soledad Ceballos, de 27 años y madre de tres hijos, uno de ellos con discapacidad. «Ellos hablan de leyes, pero que tengan un poco más de humanidad», afirmó la mujer afectada por el desalojo, quien subrayó, como el resto de «encerrados», que no abandonarían el consistorio hasta que a Soledad se le proporcione una vivienda. El piso del que fue ayer desahuciada esta mujer de etnia gitana es propiedad de la Generalitat Valenciana.
Soledad llegó al piso donde hasta ayer vivía, ubicado en el barrio de la Coma de Paterna, sobre las 9 de la mañana. Pasó la noche anterior en casa de sus padres, en el mismo barrio, ya que ésta se encuentra mejor acondicionada y poco a poco, ante la amenaza de desalojo, hasta allí trasladaba enseres y electrodomésticos. Al llegar a su vivienda habitual, explica Soledad Ceballos, «la policía había roto la puerta, cambiado la cerradura, y entrado en el piso a hacer fotografías». Así, cuando llegó por la mañana, «me encontré a la policía en la calle, en el patio y en mi casa». Además, el desahucio se les notificó, tanto a la afectada como a su abogado, después de haberse desplegado el dispositivo policial.
Relata por la noche, a las doce horas de «encierro» en el Ayuntamiento y cuando los activistas han podido introducir alimentos y mantas, que aunque algunos agentes le trataron por la mañana de manera aceptable, uno de los policías le dijo que si no abandonaba la vivienda le «meterían» en la cárcel y le «quitarían» a sus hijos. Notablemente cansada por la tensión del día, Soledad reproduce una parte de la conversación con la alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, del Partido Popular, imputada por presunta prevaricación. «Ésta noche pásala con tus padres que esto ya lo solucionaremos», le dijo la primera edil, a lo que respondió Soledad: «No digas eso y luego me peguéis una patada en el culo…». «Me quedaré encerrada hasta que me den una solución». La familia de Soledad Ceballos vive en parecidas circunstancias que la desahuciada. Además de la precariedad económica, su padre lleva una década en tratamiento psiquiátrico y una de sus hermanas padece una parálisis cerebral.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas denunció en un comunicado el modo en que se produjo el desahucio, con un despliegue policial desproporcionado, sin comunicación con tiempo suficiente o ejerciendo amenazas sobre la afectada en caso de que se opusiera al desalojo, como la retirada de la custodia de sus hijos. Portavoces de la PAH subrayaron asimismo que la afectada ha estado abonando el pago del alquiler y de los suministros básicos (luz y agua). Una de las circunstancias más criticadas es que la expulsión se produce en una vivienda de titularidad pública, propiedad de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE). «Echan a la gente de una vivienda social, propiedad de todos, cuando han de ser las administraciones públicas quienes garanticen el derecho a techo», explica Miguel Pérez, uno de los portavoces.
La afectada, madre de un adolescente de 12 años aquejado de hiperactividad y dos hijas de 6 y 2 años, ya sufrió hace unos meses un primer intento de desahucio (el 18 de diciembre, después de un juicio rápido por la denuncia de la policía local y el EIGE). Aquel desalojo fue paralizado por la presión popular. El de hoy se ha consumado y, mientras las administraciones públicas no planteen una «solución habitacional», se mantendrá el «encierro», confirman los portavoces de la PAH. La alcaldesa de Paterna, que se ha negado a formalizar ningún compromiso por escrito, le ha comunicado a la desahuciada (verbalmente) que ha de buscar un piso de renta libre y que después se estudiara la posibilidad de ayudas.
El portavoz de EUPV-IU en el Ayuntamiento de Paterna, Javier Parra, ha señalado que la Generalitat Valenciana cuenta con 200 pisos vacíos en el barrio de la Coma, mientras en la misma barriada hay 400 personas que demandan un piso de alquiler social. «El objetivo del EIGE es especular, tal como ocurre en la Comunidad de Madrid, donde muchas veces se entregan las viviendas a fondos buitre». El edil de EUPV-IU le ha pedido a la alcaldesa que rehabilite las 200 viviendas del parque público autonómico, las «abra» y asigne a las personas que lo necesiten. «De lo contrario, el problema no se va a solucionar». Tampoco la Sociedad Urbanística Municipal de Paterna (SUMPA) podrá aportar una solución, dado que se encuentra en concurso de acreedores.
Lo que ocurre se explica en buena parte, según Javier Parra, «porque la Coma se encuentra en una zona muy golosa, en la salida natural de Valencia, rodeada de zonas residenciales para gente en buena posición económica y con proyectos de centros comerciales». «La zona se está convirtiendo en un gueto para luego poder especular», remata. Además, esta barriada multiétnica de unos 8.000 habitantes y con una tasa de paro que ronda el 80%, ha sufrido en los últimos años un recorte drástico en las inversiones públicas.
Unas 50 personas permanecieron concentradas desde las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Paterna, en apoyo al «encierro». Desde dos ventanas del edificio municipal, y junto a pancartas que recordaban el motivo de la protesta, miembros de la PAH leyeron un comunicado dirigido al presidente del gobierno y de la Generalitat Valenciana. La carta recuerda que en el barrio hay «una ingente cantidad de viviendas habitables con agua y luz, pertenecientes al EIGE, que están vacías; la Generalitat y, por extensión, la Conselleria de Infraestructuras, no han tenido la voluntad de solucionar los problemas de precariedad habitacional en el municipio». El 14 de enero la PAH convoca a una segunda concentración en la plaza, señala el comunicado, que también pide apoyo a movimientos sociales, sindicatos, partidos, vecinos y grupos antidesahucios de todo el estado.
La expulsión de su vivienda de Soledad Ceballos se produce un día después de que la PAH lograra paralizar tres desahucios promovidos por diferentes entidades financieras. Dos de los casos corresponden a Valencia capital, y el tercero al municipio de Picanya. Las corporaciones que promovían los desalojos eran Cajamar, BBVA y el Banco Santander.
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