Han muerto 15.000 personas en los 10 años de aplicación de la ley de riesgos Crecen las muertes laborales Según información estadística totalmente fidedigna a la que ha tenido acceso el Sector Crítico de CCOO, en el año 2005 hubo en España 1031 accidentes laborales mortales en su puesto de trabajo y 386 in itínere, […]
Han muerto 15.000 personas en los 10 años de aplicación de la ley de riesgos
Crecen las muertes laborales
Según información estadística totalmente fidedigna a la que ha tenido acceso el Sector Crítico de CCOO, en el año 2005 hubo en España 1031 accidentes laborales mortales en su puesto de trabajo y 386 in itínere, lo que hace un total de 1417 muertes. El total de accidentes alcanza los 917.601 y dentro de ellos hay 10.020 graves. Si bien es cierto que el número total de los accidentes ha disminuido, los mortales han ido en aumento y han crecido un 7.3% de aumento sobre el año anterior. El nuevo modelo de parte de accidente (Programa Delta) no se ha implantado en todas las Comunidades Autónomas, lo que supone un subregistro que algunos expertos cifran en torno al 22%.
Los datos recientes de la Comunidad de Madrid, con 21 muertos en lo que llevamos de año disparan todas las alarmas y no cabe ningún tipo de ingeniería estadística para ocultar o quitar importancia a una situación tan dramática. El crecimiento del trabajo precario, el recurso sistemático a la subcontratación y la intensificación de los ritmos, confirma una estrecha relación entre la intensificación del trabajo y la producción masiva de accidentes y enfermedades.
La ley de Prevención no funciona
La lectura que cabe hacer de los 10 años desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) es muy preocupante:
· En estos 10 años se produjeron más de 9 millones de accidentes con baja, con un resultado de 135.860 lesionados graves y 14.879 mortales (incluidos 4.374 in ítínere). Para todos los efectos legales y compensatorios los accidentes in itínere son accidentes de trabajo, ocurridos en un tiempo y lugar que no le corresponde al trabajador.
· Se estima en más de 80.000 las muertes por todas las causas (accidentes más enfermedades), calculándose que la exposición a sustancias cancerígenas causan en España la muerte de 8.000 a 10.000 personas al año.
· No se persigue con rigor y dureza los delitos contra la salud y la seguridad en el trabajo, lo que facilita que el grado de cumplimientote la legislación vigente por parte de los empresarios no supere el 40%.
· La Comisión Nacional de Salud y Seguridad (administraciones central, autonómica y agentes sociales) se muestra incapaz de atajar esta sangría.
· Los recursos dedicados a la prevención han disminuido tanto en las empresas como en las administraciones públicas. Valga de ejemplo la comparación de los inspectores de trabajo con la UE: mientras en Espala hay un inspector por cada 25.000 trabajadores, la media en la UE es de un inspector por cada 7.000.
· Los grandes beneficiados de la LPRL son las Mutuas y empresas de prevención que se han constituido en estos 10 años. Las Mutuas recaudan al año 8.228,23 millones de euros por contingencias profesionales y comunes. Es decir bastante más de un billón de las antiguas pesetas. Y los trabajadores siguen muriendo y enfermando. En estos 10 años se han acreditado más de 700 (715 exactamente) Servicios de Prevención y 200 (196) empresas auditoras, con lo que cabe concluir que la enfermedad y la muerte de los trabajadores está creando un gran negocio. La salud de estos trabajadores pasa a ser tutelada totalmente por el mercado. Finalmente hay una estrecha relación entre el gran negocio de la salud laboral, la externalización de la prevención, la precariedad y temporalidad con la producción masiva de accidentes y enfermedades.
· Estos resultados guardan relación con la aceptación sindical del recorte del avanzado anteproyecto de ley de Salud Laboral, negociada y acordada íntegramente con el Gobierno del PSOE hace 11 años y que fue modificada en aspectos sustanciales para reducir la siniestralidad (delegados de prevención con crédito horario propio, prohibición de concursar de las empresas con accidentes…), tras la cruzada desatada por CEOE para que no se aprobara y evitar así el control laboral y sindical de las condiciones de trabajo.
Algunas propuestas para combatir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales:
El Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales, que abarque a toda la población laboral del país. Los planes de prevención que establece la ley deben ser «obligatorios», su inexistencia igual que cuando existe un riesgo grave y claro para la salud, debe ser motivo de paralización de la actividad por el trabajador afectado, o los representantes de los trabajadores.
El modelo de externalización de la acción preventiva a través de las Mutuas y los servicios privados de prevención debe de ser impugnado bajo la idea de que la prevención no es delegable.
Un mayor asesoramiento, información, formación a los representantes de los trabajadores, especialmente delegados de prevención.
La creación legal de la figura del delegado/da territorial de prevención con acceso a todas las empresas, prioritariamente las de menos de 10 trabajadores, y a toda la documentación y datos relacionados con la Salud y Seguridad tendría capacidad para requerir la intervención de la Inspección de Trabajo o la autoridad laboral.
Los delegados/as de prevención no deben de tener ningún límite a su función, acceso a toda la información de la empresa (producción, organización del trabajo, acceso a los puestos de trabajo e instalaciones, etc.). Cuando no haya representante legal las horas sindicales pasarán a los delegados de prevención.
Elaboración de un registro específico de los accidentes mortales. Constitución de un Observatorio de siniestralidad laboral en los ámbitos autonómicos
Modificación de la ley penal, para tipificar que cuando hay un accidente grave o mortal se produce la comisión de delito a investigar. Intervención sistemática y de oficio de la fiscalía en todos los accidentes graves y mortales. Igualmente la Inspección de trabajo hará un seguimiento sistemático del mapa de siniestralidad.
Exigir la responsabilidad de las Administraciones Públicas en materia de prevención de riesgos laborales cuando actúen como empleadoras, como promotoras y responsables de contratos a terceros y del cumplimiento de la LPRL.
Planes de actuación preferente a las empresas con mayores índices de siniestralidad y a favor de los colectivos laborales con dificultades de inserción.
Especial atención a colectivos como: los inmigrantes; las mujeres y los jóvenes que soportan con frecuencia condiciones de riesgo, muchos trabajan sin contrato, de forma precaria o en ETTs. Habitualmente desconocen sus derechos o el miedo a perder el empleo los hace poco exigentes en cuanto a sus condiciones de trabajo.
Además, habría que reducir fuertemente la precariedad en el empleo, primera causa en muchas ocasiones de los accidentes laborales. Por ello, cualquier reforma laboral que no afronte de raíz el cáncer de la precariedad no sólo mantendría a muchos millones de personas en la inseguridad laboral, sino que conservaría las condiciones para que siga deteriorándose gravemente la salud y seguridad en el trabajo en España.
Hay que tener muy claro que los dos ejes principales para luchar contra la siniestralidad laboral son la acción y organización de los trabajadores y el control a través de normas y sanciones por parte del Estado. Sin ellos el mercado y las empresas actúan sin ningún tipo de limitación, lo que provoca unos costes sociales impresionante. En unos momentos en los que tanto se habla de víctimas, conviene recordar a estas otras víctimas. Los derechos humanos y la abolición de la pena de muerte son valores fundamentales de la UE. Sin embargo, miles de trabajadores se ven privados cada año de un derecho fundamental: el derecho a la vida. La sociedad no se puede olvidar de estas víctimas del trabajo y ante este drama no cabe el silencio.