Astilleros Armón ha contratado, el pasado mes de septiembre, la construcción de 14 remolcadores para el Canal de Panamá por un importe de 118,3 millones de euros (8,45 millones cada remolcador). El astillero tiene de plazo hasta el año 2015 para la entrega de la totalidad del pedido. La apuesta de CCOO y de UGT […]
Astilleros Armón ha contratado, el pasado mes de septiembre, la construcción de 14 remolcadores para el Canal de Panamá por un importe de 118,3 millones de euros (8,45 millones cada remolcador). El astillero tiene de plazo hasta el año 2015 para la entrega de la totalidad del pedido.
La apuesta de CCOO y de UGT de realizar la construcción, al menos en parte, de los remolcadores en Juliana (Ahora Armón Gijón), en el astillero cerrado hace año y medio, va más allá de las posibilidades reales de este astillero, desde el punto de vista de los costes, porque no podrán ser asumidos por este tipo de barcos.
La historia reciente de la construcción naval en Gijón es más que lamentable. Primero se liquidó Naval Gijón y, para que no hubiera vuelta atrás, se desmanteló completamente. Posteriormente Juliana, ahora propiedad de Astilleros Armón, también fue cerrado no sin antes sufrir un proceso de negociación tan poco claro como traumático para los trabajadores. Ambos cierres fueron pactados y firmados por estos dos sindicatos. Sin embargo, al día de hoy, lo más importante, la recolocación de los trabajadores despedidos sigue sin resolverse a pesar de los pactos, de las firmas y de los compromisos. En estas circunstancias, la apuesta sindical por la construcción de los remolcadores no es más que un intento de auto justificarse, al precio que sea, por parte de los dirigentes sindicales de CCOO y de UGT. Esta no es una salida real a la crisis de la construcción naval en la que estos dos sindicatos han participado.
Opinión contraria manifiesta Cándido González Carnero, de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) y ex trabajador del sector naval que primero fue despedido y posteriormente prejubilado, cuando afirma que no es el tipo de barcos que necesita Juliana, además de aportar buena parte de las consideraciones relativas al sector naval que se recogen en este artículo.
Los remolcadores en cuestión tienen 29 metros de eslora y, para su construcción, son necesarias poco más de 50.000 horas de trabajo para cada remolcador. Los medios y la tecnología necesaria tampoco va mucho más allá. Sin embargo, Juliana, es un astillero dotado para la construcción de buques de 180 metros de eslora, con más de un millón de horas de trabajo, con un nivel tecnológico muy superior, un coste también mucho más elevado y preparado para botar barcos de decenas de millones de euros.
La utilización de las instalaciones de Juliana para la construcción de pequeños barcos implica una infrautilización de las instalaciones que, inevitablemente, repercutirán en los costes de producción haciendo que esta sea ruinosa. El coste de determinadas instalaciones como pueden ser las plegadoras para grandes bloques y de gran espesor o de una grúa de más de 100 toneladas para mover paneles de reducidas dimensiones, no puede ser amortizado con este tipo de barcos. La construcción de los 14 remolcadores no supondrían mucho más de 700.000 horas de trabajo, que repartidas a lo largo de tres años, encarecen, aún más si cabe, la utilización de las instalaciones. Sirva de ejemplo recordar que en el Dique Duro Felguera (posteriormente convertido en Naval Gijón), un astillero más pequeño, menos dotado y en los años 70, hace más de treinta años, llegó a construir seis remolcadores al año.
Las condiciones del contrato firmado estipulan que el primer remolcador ha de entregarse en mayo de 2013 y el último en enero de 2015. Para que la operación fuera rentable tendrían que construirse todos en Juliana y, además, como una obra complementaria de la actividad propia del astillero que ni siquiera se prevé que vaya a tener. Por otra parte, Juliana tendría que especializar a trabajadores para esta obra cuando ya lo están en Armón Navia que, además, llevan toda la vida construyendo remolcadores y pequeños barcos pesqueros y, que en este momento, no tienen carga de trabajo.
Lo que Juliana necesita son buques de tipo medio que es lo que se adecua a las instalaciones existentes y, por otra parte, que se presente un proyecto concreto de viabilidad, algo que ni los sindicatos CCOO y UGT ni las respectivas administraciones exigieron cuando vendieron Juliana a Armón, cuando en pleno auge de la construcción naval vendieron uno los mejores astilleros de Europa, en su categoría, por ocho millones de euros estando valorado en más de 70 millones de euros.
La solución planteada ahora por los dirigentes de CCOO y UGT para la puesta en marcha de Juliana con estos remolcadores, no deja de ser una huida hacia adelante que, por otra parte, difícilmente puede ser llevada a cabo puesto que Juliana no es un astillero adecuado para la construcción de estos barcos.
La construcción de este tipo de barcos en Armón Navia sí, por supuesto y más que deseable, pero esto no resuelve la situación de los trabajadores en paro de los astilleros de Gijón a los que aseguraron la recolocación, ni tampoco a otros miles de trabajadores, directos e indirectos, que debieran tener trabajo ahora en el sector naval.
Con los mismos y con la misma política económica que llevaron a la ruina a los astilleros, y a los trabajadores, difícil, imposible, va a ser que puedan recuperar su actividad. Y no ha sido sólo un error aislado, sino que en la quiebra del sector naval participaron directamente el Gobierno central y el Gobierno asturiano (Pymar), el municipal y también CCOO y UGT (entonces miembros remunerados del Consejo de Administración de Juliana) que aceptaron y firmaron el cierre y el despido de los trabajadores sin contraprestación laboral o social efectiva alguna que no fuera el despido o la prejubilación forzosa. De los seis astilleros que paulatinamente fueron cerrando, sólo queda Juliana con instalaciones pero sin plan serio alguno de trabajo que no sea, parece ser, que la expectativa de recalificación de sus terrenos.
Y no fue por falta alguna de recursos económicos, porque la agonía de los astilleros ha costados a las arcas públicas, estatales y regionales, cientos de millones de euros de muy difícil justificación desde el punto de vista técnico-económico, desde el punto de vista político y, por supuesto, presumiblemente desde el punto de vista penal.
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