Los gobiernos de Canarias y el Estado han sido y son responsables de los problemas de vivienda que hoy tiene el Archipiélago y que se materializan, en su expresión más dolorosa, en las 9.433 ejecuciones hipotecarias tramitadas por los juzgados de las Islas, desde que comenzó la crisis (7.212 ejecuciones hipotecarias más que en […]
Los gobiernos de Canarias y el Estado han sido y son responsables de los problemas de vivienda que hoy tiene el Archipiélago y que se materializan, en su expresión más dolorosa, en las 9.433 ejecuciones hipotecarias tramitadas por los juzgados de las Islas, desde que comenzó la crisis (7.212 ejecuciones hipotecarias más que en el quinquenio anterior).
Los datos muestran que las carencias en materia de vivienda no se derivan de la escasez de recursos, sino de la utilización inadecuada de los recursos existentes. Es decir, la acumulación de decisiones políticas desacertadas es parte fundamental del actual problema de vivienda. Por ello, o sustituimos la mala política de los gobiernos de Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español por la buena política que, en gran medida, está por construir, o tendremos que aceptar que sigan gobernando quienes, con sus decisiones, han confrontado el derecho constitucional a la vivienda.
¿Cómo podemos aceptar el desahucio de más de 9.000 hogares en un Archipiélago en el que hay más de 153.000 viviendas vacías? ¿Cómo podemos aceptar disponer de dieciséis viviendas vacías por cada familia desahuciada?
¿Cómo podemos aceptar que, entre 2008 y 2012, en plena crisis, en el Archipiélago aumentara un 18% el número de personas propietarias de más de cincuenta viviendas e inmuebles? ¿Cómo podemos aceptar que se incrementara un 39% el número de personas con más de diez propiedades inmobiliarias? ¿Cómo podemos aceptar que, en Canarias, prevalezca el derecho no escrito a especular sobre el derecho escrito a la vivienda?
Hoy las Islas cuentan con 515 viviendas por cada mil habitantes, una cifra muy superior al promedio de 438 con que cuenta la Unión Europea. Nuestra escasez de vivienda ha sido creada artificialmente por los malos gobiernos que hemos padecido. No nos faltan casas, sino mecanismos para priorizar que se destinen a satisfacer las necesidades habitacionales de la ciudadanía.
Asimismo, la ausencia de una verdadera política de vivienda también ha obligado a decenas de miles de hogares a emplear un parte desproporcionada de sus ingresos para procurarse techo. Tal gasto desmesurado ha restado recursos para otros consumos y ha endeudado en exceso a buena parte de la ciudadanía.
Y es que el derecho a la vivienda no se puede garantizar sin un parque de vivienda pública en alquiler social de dimensiones muy superiores al actual. El alquiler social garantiza un techo adecuado a quienes reciben rentas bajas y, asimismo, ejerce una presión a la baja sobre los precios de la vivienda. Si, además, penalizáramos fiscalmente la vivienda vacía pondríamos más dificultades a la actividad especulativa.
En Canarias hay 16.500 viviendas públicas destinadas al alquiler social. Es decir, dedicamos el 1.5% de nuestras viviendas al alquiler social, frente al promedio del 8.7% en la Unión Europea. Si dedicáramos el mismo porcentaje que la Unión Europea tendríamos 93.675 viviendas en alquiler social, es decir, 77.175 más que en la actualidad. Y esto no es una utopía, es lo normal en la Unión Europea.
Canarias no tiene ni ocho viviendas en alquiler social por cada mil habitantes. Sin embargo, por ejemplo, Gran Bretaña tiene 80 viviendas en alquiler social por cada mil habitantes (pese a tener 72 viviendas menos por mil habitantes que Canarias), Suecia 84, Holanda 138, Dinamarca 95 y Francia 86.5.
Si España ha subordinado el derecho constitucional a la vivienda a las exigencias de la especulación, Canarias se ha convertido en una edición aumentada y no corregida de tal despropósito. Así pues, vemos que el Archipiélago cuenta con el 4.5% de la población del Estado, pero con tan solo el 2.2% del total de viviendas de protección oficial (60.697 de 2.776.037 viviendas protegidas, en 2008). O sea, disponemos de menos de la mitad de la ratio estatal de vivienda de protección oficial por habitante, precisamente en una comunidad autónoma que destaca por sus graves carencias sociales. Sin embargo, la consejera de Vivienda del año correspondiente a los datos mencionados, Inés Rojas, mentía entonces sin anestesia y con su desparpajo habitual: «muchas comunidades se han fijado en las políticas de vivienda que hemos impulsado en las Islas, lo cual debe ser motivo de orgullo». Y concluía pontificando que el Plan de Vivienda de aquellos años era el «más potente de España».
Los tres partidos que han gobernado Canarias son corresponsables de habernos llevado a la situación actual. Sus malas políticas tienen que ser sustituidas por otras políticas que incluyan el alquiler social, incorporando al parque de vivienda pública una parte del stock inmobiliario de los bancos que han sido rescatados con dinero público. También hay que suspender los desahucios provocados por el desempleo, impulsar la dación en pago retroactiva, la penalización fiscal de la vivienda vacía y otras medidas que sólo se conseguirán cambiando la política económica.
Sin embargo, cuando confundimos la política con la política practicada por los tres grandes partidos, que han gobernado en el Archipiélago, les hacemos un gran favor. Pues dificultamos que la gente decepcionada con la política llevada a cabo apoye otras políticas y, de ese modo, se le induce a la abstención electoral y a la desmovilización política. Y eso es precisamente lo que necesitan PP-PSOE-CC, para salvar los muebles y buscar la manera de seguir haciendo más de lo mismo. En suma, hay que tener presente que, para cambiar la política, hay que hacer política.
Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria.