Se cumple una semana desde que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite -en una reunión de urgencia- los recursos interpuestos por el Gobierno de España a la ley y convocatoria de referéndum del primero de octubre, aprobados por el Parlament y el ejecutivo catalán. La decisión del alto tribunal implicó la suspensión cautelar de los […]
Se cumple una semana desde que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite -en una reunión de urgencia- los recursos interpuestos por el Gobierno de España a la ley y convocatoria de referéndum del primero de octubre, aprobados por el Parlament y el ejecutivo catalán. La decisión del alto tribunal implicó la suspensión cautelar de los acuerdos, lo que en la práctica suponía la prohibición del referéndum de autodeterminación. Además el Tribunal Constitucional apercibió al presidente Puigdemont, sesenta altos cargos de la Generalitat y más de 900 alcaldes de la obligación de impedir cualquier iniciativa para organizar la consulta. Y comenzó la vorágine de declaraciones, amenazas y acciones de los tribunales y la fiscalía española. Ayer la guardia civil procedió al cierre, a instancias judiciales, de la página Web oficial de la Generalitat que informaba del referéndum del 1-O; también el rey Felipe VI rompió su silencio, al afirmar -en sintonía con el gobierno de Rajoy, el PSOE y Ciudadanos- que la constitución «prevalecerá sobre cualquier quiebra de la convivencia en democracia».
«Cada día que pasa nos encontramos con un Estado, Consejo de Ministros, Fiscalía, Tribunal Constitucional, Fiscalía, ejército, monarquía y patronal que se expresan de modo incompatible con la democracia», afirmó la diputada de la CUP en el Parlament de Catalunya, Anna Gabriel, en un acto público organizado por el sindicato Acontracorrent en la Facultad de Historia de Valencia. La activista y parlamentaria apeló a las imágenes de efectivos de la guardia civil entrando en imprentas, las órdenes de la Fiscalía General del Estado para que declaren, en calidad de investigados, los 712 alcaldes (una treintena de la CUP) que han decidido colaborar en la celebración del referéndum; o la resolución del Tribunal Constitucional que advierte a medios públicos como TV3 de la prohibición de dar difusión a la consulta. «Hay en Cataluña un estado de excepción encubierto, una suspensión -de manera implícita- de los derechos políticos y sociales; cada día que pasa incrementa el voltaje represivo del Estado», concluyó la activista y parlamentaria. Además señaló ejemplos como el de Grecia, donde pudieron votarse en referéndum las medidas de austeridad impuestas por Troika, en el verano de 2015. «Y aun así, pese a la oposición de la gente, que votó en un 61% contra los planes de la Troika, después los gobernantes no atendieron al mandato popular».
Ante las incógnitas sobre lo que ocurrirá a partir del dos de octubre, «lo único que tengo claro es que la izquierda independentista continuará militando», afirmó Gabriel. Los cambios de raíz no se producen en 24 horas; así, «cuando decimos que venimos a cambiar un sistema como el capitalista, de explotación salvaje, y a hacerlo además desde una ‘alternativa’ feminista y radical, sabemos que no se trata de una gesta menor». Ésta batalla por la emancipación es el gran objetivo, «con mayor o menor participación el 1-O, y se produzca o no una victoria del ‘sí'». En un salón de actos repleto de público mayoritariamente joven, la diputada de Sallent de Llobregat subrayó una de las ideas capitales: dado que una gran mayoría de la población catalana quiere votar, «para nosotros es clave que el referéndum sea vinculante y pueda implicar una ruptura; porque episodios de movilización ya ha habido muchos, como la resistencia en Can Vies o las huelgas generales».
¿Un referéndum para romper con el PP? «El Estado no es sólo el PP, el reto es mucho mayor que echar a un partido», considera la educadora social, activista y diputada de la CUP desde 2015. «El Régimen del 78 se sustenta en unas bases mucho más sólidas, que trascienden los resultados electorales». Señala, entre otras expresiones del ‘viejo’ Régimen las siguientes: el hecho de no terminar con la impunidad del fascismo; los cambios constitucionales de urgencia con el fin de priorizar el pago de la deuda a los bancos; los privilegios de la corona; o la situación que viven hoy las clases populares, que cada vez perciben un menor salario por un número mayor de horas de trabajo. Una pregunta del público, redactada en una papeleta, se refiere a las posibilidades que abre la independencia; «la arquitectura jurídica-institucional de la UE y la pertenencia al estado español no permite políticas públicas a favor de las clases populares; éstas sólo son posibles a partir de una lectura ‘radical’ de la situación; cuando los compañeros acceden a las instituciones, se dan cuenta de que esta arquitectura no les permite margen de maniobra».
Unas horas antes del acto, Endavant (Organització Socialista d’Alliberament Nacional) denunció las pintadas de tinte fascista contra la diputada de la CUP aparecidas en la Universitat de València. En una de ellas, según informó Endavant en su cuenta de twitter, podía leerse «tiro a Ana Gabriel» además de simbología nazi. Pero no ha sido el de Anna Gabriel el único acto sobre el derecho a la autodeterminación que ha despertado fobias. El 12 de septiembre un juzgado de Madrid suspendió cautelarmente la cesión de un local por parte del ayuntamiento regido por Manuela Carmena para la celebración de un acto a favor del referéndum, según informó la Agencia Efe.
El PP madrileño había presentado un recurso contencioso-administrativo para que la justicia impidiera la reunión en el centro cultural Matadero. Según informó eldiario.es, el juez firmante del auto, José Yusty Bastarreche, estuvo entre quienes rubricó el manifiesto fundacional del Movimiento «Libres e Iguales», presentado en julio de 2014, entre cuyos objetivos figuraba «la movilización del conjunto de los ciudadanos españoles en el grave debate provocado por el secesionismo catalán». La página Web de «Libres e Iguales» atribuye al «secesionismo catalán» la pretensión de «romper la convivencia entre españoles».
En la Sala Joan Fuster de la Universitat de València, Anna Gabriel advierte que el proceso soberanista implica «una ruptura política de primer orden, en la que el Estado español no ha querido negociar el referéndum ni su resultado». Así las cosas, ¿cómo será posible mantener la disputa? «Sólo con una alta capacidad movilizadora -permanente y cotidiana-, ya que en este proceso no se transitará ‘de una ley a otra ley'». ¿Conduce la independencia al socialismo?, pregunta por escrito otro de los asistentes. «Cada vez tenemos más claro que la independencia no consiste en poner una frontera e izar la bandera», apunta la activista, que apela a una lectura «más compleja».
Así, Anna Gabriel hace mención al libro «Sobiranies. Una proposta contra el capitalisme», publicado por EspaiFàbrica, en el que 14 autores defienden una propuesta «integral» de soberanía reproductiva y la transformación de las relaciones sociales y patriarcales; el libro toma partido por la recuperación de las soberanías energética, alimentaria, residencial, cultural y sanitaria. Además, explica Gabriel, «las mejoras en las condiciones de vida de la clase obrera no vendrán con la independencia sino, como siempre, tendrá que conquistarlas por sí misma»; y concluye con una demanda de equilibrio: «que no nos pidan una propuesta rápida, completa y acabada de socialismo los defensores de un sistema que llega a ser tan criminal como el capitalista».
Un día antes se exhibieron pancartas en el Nou Camp, en el partido entre el Fútbol Club Barcelona y la Juventus de Turín, con la leyenda «Welcome to the Catalan Republic» y «SOS Democràcia». Hace tiempo que la élite del deporte ha tomado partido. Mientras el tenista Rafael Nadal apela a la unidad de España: «Juntos somos más fuertes», la estrella del Baloncesto Paul Gasol se muestra partidario del derecho a decidir. En la facultad de historia de Valencia, el coordinador de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y diputado en el parlamento catalán por Catalunya en Comú, Joan Josep Nuet, confió en que el 1-O represente «la gran derrota del PP, aunque no será la última batalla». Recordó que entre los partidarios del referéndum de autodeterminación coexisten estrategias diferentes; en unos casos se defiende la consulta para lograr la independencia; sin embargo Catalunya en Comú (coalición formada por Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Podemos y Equo) apela a una «movilización exitosa, que se exprese en el voto y, por tanto, en el derecho a decidir de la gente». Aunque hay un gran acuerdo en que el 1-O representa un «punto de ruptura con el Régimen»; «es cierto que la mitad de Cataluña no es independentista, pero no estamos hablando de independencia, sino de democracia; lo determinante no será el ‘sí’ a la independencia, sino un grado de participación alta que demuestre que hay una sociedad implicada que aspira a romper con el Régimen y echar a Rajoy».
El diputado de izquierdas considera que un proceso soberanista como el planteado en Cataluña «no ha de ser nada identitario»; así, «hay importantes barrios populares no incorporados al proceso, en los que la gente todavía escucha los ‘cantos de sirena’ de Ciudadanos o el PP». En consecuencia, Nuet insiste en la importancia de observar el 1-O como una «carrera ciclista a largo plazo, que afrontará en quince días un relevante puerto de montaña». Por último, el periodista y documentalista David Segarra destacó la relevancia de un movimiento democrático-popular -como el articulado actualmente en Cataluña- asociado a derechos como la pluralidad y la autodeterminación; y ello, «en una coyuntura de auge de la extrema derecha en Europa, cuando la UE deriva hacia posiciones cada vez más racistas y reaccionarias».
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